Un informe europeo alerta de que las privatizaciones sanitarias han lastrado la respuesta de los Estados ante la pandemia

Una nueva investigación, en parte basada en documentos obtenidos a través de solicitudes de transparencia y libertad de información muestra un estado de salud “alarmante” para la política sanitaria europea. El informe, de la entidad Corporate Europe Observatory, muestra que “la privatización del sistema sanitario europeo ha tenido efectos mortales, puestos en evidencia durante el último año” de la pandemia. Desde hospitales hasta residencias de ancianos, el nuevo informe muestra que “la subcontratación y la provisión privada de atención médica han degradado significativamente la capacidad de los Estados miembros de la UE para lidiar de manera efectiva con la COVID-19”.

De acuerdo con la investigación, estas privatizaciones y externalizaciones de los servicios públicos “están directamente relacionadas con decisiones políticas animadas por la Comisión Europea, a lo que se añade que el sector sanitario privado está abusando de la pandemia para presionar para recibir más dinero público, principalmente a través de los fondos de recuperación”.

En este sentido, el informe sostiene que “las presiones políticas llevado a la mercantilización y privatización de los sistemas de atención de la salud y de las personas mayores en la UE, lo que ha reducido la preparación de los países para hacer frente a la pandemia de la COVID-19”. En concreto, “las presiones de la UE para recortar el gasto público, incluso a través del Semestre Europeo –el mecanismo de gobernanza económica de la Comisión Europea– han contribuido a la mercantilización de los sectores de la salud y el cuidado de personas mayores, con efectos catastróficos durante la COVID-19”.

El informe documenta la influencia del lobby de los hospitales privados en la toma de decisiones de la UE, incluidos “sus intentos de utilizar la pandemia para afianzar y ampliar aún más el papel del sector privado”, argumentando que los hospitales privados con fines de lucro deberían estar al mismo nivel que los hospitales públicos en términos de recepción de fondos públicos. “Los hospitales privados están ansiosos por obtener una parte de los fondos de recuperación de la UE, como muestra el lobby de la UEHP a través de la Coalición de Salud de la UE”, afirma el estudio.

En un momento en el que aumentan las evidencias en contra de la comercialización de la asistencia sanitaria, explica la investigación, la Comisión Europea “aceptó la ayuda del gigante de la consultoría privada McKinsey, conocido por su papel en el aumento de la privatización del NHS, el sistema público sanitario británico, en su respuesta a la crisis de la COVID-19”. La Comisión Europea “ha negado al Corporate Europe Observatory, el acceso a algunos de los documentos clave sobre el papel preciso de McKinsey, manteniendo a la ciudadanía en la opacidad”, afirma el texto.

El informe recoge las prácticas de lobby de la industria de la salud privada y aporta un análisis de los efectos del impulso de privatización para los sectores de la salud y el cuidado de personas mayores en un momento en que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, está lanzando la construcción una UE de la Salud. “¿Avanzará la UE en la dirección de un sistema sanitario privatizado al estilo estadounidense o al interés público y no los beneficios privados como objetivo número uno?”, se pregunta el CEO, que, con otras ONG –la Unión Europea de Servicios Públicos y la Red Europea contra la Comercialización y Privatización de la Salud y la Protección Social– exigen que la UE “rechace a los grupos de presión del sector privado que ahora le susurran al oído, e invierta el curso sobre el tipo de gobernanza de política económica que ha acelerado la liberalización de la asistencia sanitaria, colocando la provisión pública en el centro de su estrategia. Si no es así, estarán en juego más vidas”.

La privatización madrileña

Un estudio reciente realizado en Madrid justo antes del estallido de la crisis del COVID-19 y recogido por el informe de Corporate Europe Observartory constató “que la carga de trabajo de las enfermeras sanitarias privadas era mayor que las enfermeras sanitarias públicas, atendiendo una media de cinco pacientes más al día, mientras que sus sueldos eran del 20-25% inferior. Además, el 82% de las enfermeras que trabajaban en hospitales y centros de salud privados consideraban que el personal era insuficiente para realizar un trabajo de calidad”.

Además, Amnistía Internacional ha descrito que “durante una década de políticas de austeridad (promulgadas en parte para cumplir con las normas de gasto de la UE) el gasto público en salud cayó un 11,2% entre 2009 y 2018, incluso cuando el PIB de España creció un 8,6%, lo que dejó a los servicios de atención primaria sobrecargados, con poco personal y con fondos insuficientes cuando llegó la COVID-19”.

Así mismo, según la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad, la inversión en salud pública que falta “se ha transferido a bolsillos privados, y dos de cada diez euros gastados en atención médica en España van a asociaciones público-privadas”.

“Es preocupante”, dice el informe, “que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, haya defendido con firmeza una política de limitar el gasto público tanto como sea posible en respuesta a la crisis, para evitar grandes déficits públicos. Calviño fue hasta junio de 2018 directora general de Presupuestos de la Comisión Europea”.

La multinacional francesa de atención a personas mayores Orpea, cuyos beneficios netos en 2019 fueron de 246 millones de euros, y cuyos trabajadores llevan años luchando por mejores salarios y condiciones, no está en el registro de lobby de la UE, pero es miembro, junto con otros gigantes como el grupo DomusVi, Sanitas Mayores (parte de Bupa) y Korian, del lobby Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), explica el informe: “AESTE en 2018 impugnó licitaciones públicas que, según alegaba, violaban la libre competencia de empresas y presentó, durante siete años, más de 50 recursos judiciales de este tipo. Los proveedores con ánimo de lucro están utilizando la aplicación de las normas del mercado interior de la UE a los cuidados de larga duración para ampliar su cuota de mercado”.

Según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, “las muertes en hogares de ancianos representaron entre el 30% y el 60% de todas las muertes relacionadas con COVID-19 en el primer mes del brote”. En España, donde tres de cada cuatro residencias de ancianos son de gestión privada (y muchos residentes tienen sus costos financiados en parte con fondos públicos), se desplegó el ejército para desinfectar 1.300 hogares de ancianos en Madrid, con testimonios de residentes encontrados “muertos en sus camas”.

El semestre europeo

El procedimiento de gobernanza económica de la Comisión Europea es el Semestre Europeo. Creado en las primeras etapas de la crisis pasada, el Semestre Europeo fue diseñado como una herramienta para mantener las políticas económicas y fiscales de los estados miembros bajo una vigilancia más cercana. Cada año, la Comisión Europea redacta unas recomendaciones para cada Estado miembro, a los que sigue una discusión en el Consejo de la UE, que luego adopta las recomendaciones finales en junio o julio, en línea con las de la Comisión.

El Semestre Europeo forma parte de la gobernanza económica de la UE y está, ante todo, creado para evitar que los Estados miembros se salten las normas presupuestarias sobre déficit, deuda y los denominados desequilibrios macroeconómicos, para los que la Comisión puede proponer una multa. “Por lo general, se trata de controlar los gastos mediante recortes, aunque pueden tener que ver con reformas del mercado laboral”, afirma el informe de CEO, que añade: “La salud ha sido un asunto importante y recurrente desde el primer semestre europeo de 2011. En total, la Comisión Europea ha emitido 107 recomendaciones relacionadas con el sector de la salud, teniendo en cuenta que cada país recibe normalmente de 4 a 5 recomendaciones al año, lo que demuestra que la salud es un problema importante”.

La importancia del Semestre Europeo depende de cómo le esté yendo a un país con respecto a las reglas sobre la deuda, los déficits y otros indicadores macroeconómicos. “Pero España es un ejemplo revelador”, dice el estudio, “de lo importante que puede ser el Semestre Europeo: en el rescate de 2012 para apoyar al sector financiero, se exigió al Gobierno español que cumpliera plenamente 'las recomendaciones para abordar los desequilibrios macroeconómicos en el marco del Semestre Europeo. Esto abrió la puerta a una intervención muy directa de la Comisión Europea en la toma de decisiones sobre el presupuesto para la salud. Las recomendaciones de 2013 y 2014, por ejemplo, pidiendo 'rentabilidad' en el sector sanitario español acaban teniendo consecuencias nefastas: el Gobierno español presentó una ley para recortar costes en el sector sanitario, afirmando que la aplicación inmediata de la ley era 'necesaria, en el contexto socioeconómico actual', y sus medidas eran necesarias para responder a factores como la 'viabilidad requerida por la Unión Europea”.

Hay pocas dudas de que la mayoría de las economías de los Estados miembros se encontrarán en una situación desesperada cuando pase la pandemia, y entonces habrá que volver al Pacto de Estabilidad y Crecimiento –durante 2022–, lo cual exige reglas de déficit –máximo 3%– y deuda –60%– y “habrá condicionalidades”, dice el informe; “Si quieren la financiación de la UE, tendrán que cumplir con las recomendaciones específicas del país. Cuando Europa salga de la pandemia en una mala situación económica, las reglas de gobernanza económica de la UE volverán a activarse, lo que probablemente requiera más recortes del gasto público, incluida la atención médica. Sin embargo, la pandemia demuestra que se necesita exactamente lo contrario, sobre todo porque los científicos advierten que es probable que se produzcan más pandemias por la destrucción de la biodiversidad”.