España debe hacer frente a un reguero de infracciones europeas por los fallos prolongados en la gestión del agua
La mala gestión del agua en España durante años está aflorando en forma de reguero de infracciones abiertas en la Unión Europea. El último episodio llegó el pasado 9 de noviembre con un expediente por la contaminación por nitratos provenientes de las explotaciones ganaderas que llegan a los cursos de agua. Así, Bruselas mantiene cinco procesos sancionadores contra España a lo que hay que añadir una multa por depuración deficiente que acumula 11 millones de euros cada semestre desde julio pasado (hasta que se solucione el problema).
Los casos abarcan un amplio espectro de fallos: el tratamiento de aguas residuales urbanas en diferentes poblaciones, los planes de riesgo de inundaciones en las Islas Canarias, el control adecuado de la calidad del agua destinada al consumo humano o la ausencia de planes de cuenca de Canarias que ya ha llegado al Tribunal Europeo de Justicia.
“Estamos pagando la desidia de años anteriores. Se sanciona por cosas mal hechas hace años y se generarán más sanciones en el futuro si no se actúa ahora”, explica el economista especializado en gestión del agua, Gonzalo de la Cámara. Y añade un problema: “Las inversiones necesarias para solventar el problema tienen efectos a largo plazo”.
Según su criterio, la depuración es “sin duda una de las prioridades que hay que abordar” no solo para ajustarse a la legislación sino porque “solo el 30% de los municipios aplican un tratamiento avanzado a sus aguas residuales que da la oportunidad de usar líquido regenerado”, una fuente nada desdeñable en el contexto de escasez creciente de recursos vinculada al cambio climático.
Multa sin escapatoria
En este sentido, el Gobierno ha diseñado un plan de choque, “con lo mas urgente”, para intentar detener la hemorragia de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que en julio pasado condenó a España por la deficiente depuración del agua en nueve poblaciones. Los jueces ya habían condenado a España por esto en 2011 y dieron un nuevo plazo para solventar la situación que no se cumplió. Ahora, cada día se acumulan 60.000 euros de sanción. Los 11 millones que se certificarán al acabar este año no hay manera de eludirlos, admiten en Transición Ecológica, por los plazos de adjudicación y ejecución de obras, explican.
La “desidia” de la que hablaba De la Cámara, se materializa en el retraso en el cumplimiento de las medidas recogidas en los planes hidrológicos. De las 4.376 actuaciones calificadas como básicas en materia de aguas, se ha ejecutado el 41% (1.794), según contabiliza el Ministerio en su borrador de Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización recién redactado. El plan trata, básicamente, de decidir qué hacer antes y cómo pagarlo. “La voluntad política parece que está, pero ¿los recursos?” Se pregunta el economista De la Cámara con cierto tono pesimista ante la situación fiscal que no permite alharacas presupuestarias.
Otro de los aspectos sobre los que ha puesto la lupa la Comisión Europea es el de la propia planificación hidrológica. El 19 de octubre se inició el largo proceso para redactar los terceros planes de cuenca. Sin embargo, en marzo pasado, Bruselas elevó al Tribunal de Justicia la tardanza en la adopción de la anterior versión de los planes en las siete demarcaciones canarias.
Además, 19 de julio, también inició la segunda fase del procedimiento de infracción contra España por no informar sobre los planes de evaluación de riesgos de inundación de las islas. El archipiélago canario presenta 225 puntos de riesgo (el 16% de toda España). España es especialmente vulnerable a este tipo de fenómeno que se prevé todavía más dañino por la influencia del cambio climático. Se trata del tipo de accidente natural que más muertes ha causado en España desde que existen registros por la mezcla de orografía, precipitaciones torrenciales y urbanismo que invade áreas potencialmente peligrosas como barrancos o cursos fluviales.
Ganadería intensiva
Y por si fuera poco el paquete sancionador con el que tiene que lidiar España, la semana pasada saltó el asunto de los desechos ganaderos. Bruselas abrió expediente por la contaminación por nitratos. La principal fuente de este producto es la cabaña ganadera, en especial, la porcina. Un sector que ya está detrás de gran parte de la contaminación por amoniaco en España por encima de los niveles legales.
La cuestión es que los excrementos de las granjas se acumulan mezclados con agua en balsas de lo que se denomina purín. Se le atribuye gran potencial como fertilizante por lo que la normativa permite que se aplique –con cierta regulación– a los campos. “En realidad se da un descontrol increíble”, asegura la coordinadora de Amigos de la Tierra, Blanca Ruibal. Ruibal afirma que “se utiliza varias veces en las mismas hectáreas permitidas, pero también se filtra desde de las balsas y acaba en corrientes de agua”. España tiene dos meses para solventar el problema detectado por Bruselas.
“Medidas de control a secas no pueden funcionar. El volumen es ingestionable”, abunda Ruibal sobre cómo parar la sanción europea. Se refiere a una cabaña de cerdos de casi 40 millones de animales, “20 de ellos concentrados en Catalunya”. Según su criterio, el sector del porcino a base de granjas intensivas hace casi imposible cumplir con la normativa y aboga por la reducción. “Y más con naves con 1.000 cerdos cada una”. España es el tercer exportador mundial de porcino. En enero vence el primer aviso europeo.
