La fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, ha dirigido este miércoles un oficio a los fiscales de toda España en el que les pide ser “proactivos” a la hora de procurar la “máxima protección” a las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos ante la última escalada de asesinatos machistas. Entre otras medidas, Peramato recuerda a los fiscales que “cuando proceda” deben solicitar órdenes de protección para las víctimas aunque ellas no las soliciten.
Así consta en un escrito en el que la fiscal hace mención al elevado número de feminicidios registrado en las últimas semanas a pesar de que “en muchas ocasiones se habían producido denuncias previas por violencia de género”. En la mitad de los 12 asesinatos que han tenido lugar en diciembre existían denuncias previas. Y de ellas solamente en dos ocasiones se había acordado una orden de protección.
En consecuencia, Peramato llama a los fiscales a “extremar” la diligencia a la hora de “valorar todas las circunstancias personales” y les pide que soliciten las diligencias que se precisen para determinar ese riesgo “con mayor exactitud”. No obstante, reconoce la falta de medios a la hora de procurar a los operadores jurídicos una “valoración forense del riesgo” más completa y que vaya más allá de la valoración de riesgo policial que se lleva a cabo en el sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén) y que, a su juicio, “no siempre es suficiente”. “En muchos casos necesitaríamos, para mayor certeza y seguridad, la valoración forense del riesgo y para ello del auxilio de las unidades de valoración integral forense que no existen en todos los partidos judiciales”, afirma Peramato.
De hecho, la fiscal hace alusión a la “escasa aplicación” del Protocolo Médico Forense de Valoración del Riesgo. A este respecto, insiste en que se dé cumplimiento a la medida contenida en el Pacto de Estado contra la violencia de género relativa al establecimiento de las Unidades de Valoración Forense Integral, de las que forman parte psicólogos y trabajadores sociales, y que, entre otras funciones, asisten a los jueces en la valoración del riesgo. Y, entre tanto, afirma que la ampliación de la jurisdicción de los juzgados de violencia sobre la mujer a dos o más partidos judiciales puede ser una medida que garantice que éste y otros recursos especializados sean accesibles para todas las víctimas por igual, y que fiscales, jueces y abogados cuenten en la guardia con el “auxilio pericial” que garantice una mayor eficacia en sus actuaciones.
Por otro lado, Peramato insiste en la necesidad de “potenciar” el uso de las llamadas pulseras de control para los maltratadores e insta a los fiscales a pedir la instalación de estos brazaletes que llevan tanto el investigado como la víctima en aquellas situaciones en las que la Valoración de Riesgo Policial sea de riesgo “extremo”, “alto” o “medio de especial relevancia” salvo que entiendan que procede acordar la prisión provisional para proteger a las víctimas.
En su oficio, Peramato también pide a los fiscales que soliciten la instalación de estos dispositivos si durante la tramitación del procedimiento se agrava el riesgo. Y les recuerda que, cuando así lo soliciten, deberá constar también en sus escritos de acusación provisional o al elevar las conclusiones a definitivas durante el juicio para que se controle con estos brazaletes el cumplimiento de la pena de prohibición de aproximación en caso de que se dicte sentencia condenatoria. Estas pulseras permiten el control telemático de las órdenes de alejamiento impuestas a hombres acusados de agredir a sus parejas cuando así lo estima un juez.