La advertencia de la ONU sobre la necesidad de cambiar el modelo de producción de alimentos para atajar la crisis climática apela directamente a España. Los avisos globales para consumir carne con métodos más sostenibles y reducir las emisiones de gases ligadas al sistema intensivo de la industria agrícola y ganadera inciden en la manera en que España gestiona su territorio para obtener comida. Un 23% del efecto invernadero es achacable a estos procesos. Un tercio de la comida termina desperdiciada, según el IPCC.
Los expertos científicos de la ONU han lanzado el mensaje: la humanidad necesita otra forma de alimentarse y producir su comida para frenar el cambio climático. España también. Solo las actividades agrícolas suponen el 12% de las emisiones españolas y crecieron en 2017 un 3,1% (el último año cerrado). Calca el nivel atribuido a nivel planetario a este sector.
Dos tercios los emite la ganadería que también registra incrementos “debido principalmente al aumento de la cabaña de vacuno para carne y cerdo blanco”, explica el Inventario Nacional de Emisiones. La digestión de la cabaña y la gestión de estiércol son dos focos cruciales de gas. Además, los campos de arroz y la aplicación de fertilizantes aparecen en lugar destacado en el listado español.
Expansión de grandes granjas ganaderas
Un gran consumo de carne conduce a una gran producción para satisfacer esa demanda. Las advertencias sobre el modelo de producción de carne del IPCC encaja con la situación en España: el modelo intensivo de ganadería que multiplica la producción de carne se extiende cada vez más. Los expertos han indicado que los productos de origen animal que se consuman provengan de sistemas “más sostenibles con bajas emisiones de gases de efecto invernadero” que distan del modelo altamente industrializado.
El número de cabezas de cerdos y vacas en España crece, la mayoría en explotaciones intensivas. A 1 de enero de 2019 el censo bovino estaba en 6,6 millones ejemplares. El de cerdos superaba los 31 millones –se sacrificaron 50 en 2018–. Los pollos rebasaban los 331 millones y las gallinas para huevos los 50. Todos superan sus registros de 2016, según los informes del Ministerio de Agricultura. España es el segundo productor de la Unión Europea de porcino “acercándose paulatinamente al primero”, recuenta el Ministerio.
El informe de la ONU explica la huella ambiental que implica el creciente consumo de carne a gran escala: mayores emisiones de metano (CH). “Más de la mitad del total mundial proviene del ganado rumiante que ha crecido un 70% desde 1961”, relatan. Además, España incumple repetidamente los límites de emisiones a la atmósfera de amoniaco (NH3) provocadas, especialmente, por los desechos orgánicos de la cabaña de cerdos. Desde que entró en vigor en 2010, nunca se ha respetado el techo comprometido con la Unión Europea.
Consumo y contaminación del agua
Los cálculos de los científicos ilustran que el mundo consume el doble de agua para riego de cosechas que en 1961. La transformación de las tierras a cultivos de regadío –más rentables– también ha alcanzado a España. Entre 2012 y 2018, se han añadido 419.016 hectáreas de regadío, según la Encuesta sobre Superficies del Ministerio de Agricultura. Han pasado de 3,3 a 3,7 millones de hectáreas (es un 12,5%). Hay que añadirle las hectáreas de cultivo en invernadero que pasaron de 58.231 a 70.545.
La demanda de agua en un escenario donde el propio cambio climático reduce la cantidad de recurso disponible –hasta un 30% menos según ya ha admitido el Gobierno–, no es el único efecto descrito en la revisión científica del IPCC. Sus científicos señalan la deforestación y las emisiones de óxido nitroso (N0) provenientes del uso de fertilizantes a base de nitrógeno. Sus estimaciones explican que la aplicación masiva de estos productos químicos ha crecido un 800%.
En lo últimos cinco años, España muestra una tendencia al alza en el consumo de estos fertilizantes, siempre por encima del millón de toneladas anuales, según los datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes, Anffe. El Ministerio de Transición Ecológica acaba de redactar el borrador de una orden para identificar las masas de agua continentales (superficiales y subterráneas) afectadas por la contaminación derivada de este uso a gran escala de fertilizantes nitrogenados y los desechos ganaderos. El 40% de los acuíferos españoles están amenazados.
La degradación del suelo en España es desertificación
La pérdida de calidad de los suelos los convierte en menos fértiles. Amenaza el suministro de alimento al deteriorar “la producción biológica o la integridad ecológica”, explican en la ONU. El uso insostenible del suelo en general y la agricultura en particular son los principales agentes de degradación, explican.
En España, la degradación por erosión del terreno hace que se pierdan 500 millones de toneladas de suelo al año, según los cálculos del Inventario Nacional de Erosión. La agricultura, por su extensión y modelos productivos, es la causa más importante, según analizaba el investigador del Instituto Pirenaico de Ecología del Csic, José María García Ruiz. Además, los propios efectos del cambio climático en cuanto a precipitaciones torrenciales, inundaciones e incendios forestales exacerban esa erosión.
El problema es que la degradación en tierras áridas deriva en desertificación. Y el 70% del territorio español está dentro de esta categoría. La erosión y la desertificación van unidos y son síntoma de “un mal funcionamiento, de una ruptura del equilibrio entre el sistema de recursos naturales y el sistema socioeconómico que los explota”, como explicaban los investigadores de la Universidad de Murcia Asunción Romero Díaz y Francisco López Bermúdez.
Los humedales españoles
El IPCC parece haber hecho “un guiño a España”, como lo ha llamado la ministra en Funciones de Transición Ecológica, Teresa Ribera, al mencionar los humedales: “La restauración de humedales costeros puede proporcionar altos niveles de mitigación del cambio climático” han descrito.
“Necesitamos un plan de humedales”, asegura Ribera. “Necesitamos proteger esos ecosistemas tan ricos que desempeñan un papel clave de frontera, de barrera frente al cambio climático y la pérdida de calidad de nuestros suelos”. A mediados de julio, la Fiscalía de Valencia tomó acciones ante la “alarmante” bajada del nivel del agua en l'Albufera. Un nivel que regula una junta de regantes de los campos de arroz que no observó las directrices ambientales de la Generalitat, según los fiscales.
El 28 de julio, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir clausuró (escoltados por 100 guardia civiles) una batería de pozos ilegales en el entorno del Parque Nacional de Doñana perforados para regar campos de fresas. La justicia había sentenciado contra estos sondeos en 2017. Ambos son dos ejemplos recentísimos de cómo los humedales padecen la expansión de la industria agrícola.
España lleva 15 años de retraso para completar el diagnóstico del estado de salud de los humedales al que obliga la ley. Una herramienta para aplicar luego medidas de conservación o recuperación. El último informe de Patrimonio Natural del Ejecutivo apuntaba a la “escasas cooperación” de las comunidades autónomas para terminar este diagnóstico global. Solo siete han remitido sus listados.