La ministra de Igualdad Irene Montero confía en llegar a un acuerdo con el PSOE para reformar la llamada ley del 'solo sí es sí', pero reconoce que en estos momentos hay “una discrepancia fuerte” en lo que respecta al consentimiento. Así lo ha afirmado en una entrevista en Telecinco al ser preguntada por la negociación abierta en el seno del Gobierno para cambiar la norma tras las rebajas de penas a agresores sexuales que se están sucediendo en los juzgados desde su entrada en vigor. “Estoy abierta a cualquier posibilidad que permita dar una respuesta unitaria del Gobierno frente a la ofensiva de la ley pero a tocar el consentimiento no”, ha sostenido.
Montero ha afirmado que su “objetivo” es “proteger el consentimiento como centro” de la norma y que esta “es la discrepancia” que mantiene su ministerio con el de Justicia. Ambos se han mostrado dispuestos a subir las penas mínimas de las agresiones sexuales, que actualmente son las resultantes de unir los antiguos abusos y agresiones en un solo tipo penal, pero les diferencia esa cuestión: la propuesta del departamento dirigido por Pilar Llop apuesta por elevarlas en caso de que haya violencia e intimidación. Esto es algo que Igualdad rechaza al considerar que atenta contra “el corazón de la ley” actual, que no hace depender la agresión sexual de si existió violencia e intimidación, como ocurría antes, solo de si hubo consentimiento.
A juicio de la ministra de Igualdad, ese marco anterior implicaba un “calvario probatorio” para las mujeres. “Debemos dejar de preguntar a las víctimas si se resistieron o si gritaron para que solo haya una pregunta que sea si consintieron”, ha afirmado la titular de Igualdad, que dice no contemplar “otro escenario que no sea el acuerdo”. Si no hay pacto, el PSOE ya ha adelantado que presentará por su cuenta una proposición de ley en el Congreso con los cambios. Y es que en Justicia defienden que no se pueden elevar las condenas sin una justificación técnica como la de graduarlas en función de si hubo violencia o intimidación en el ataque sexual.
La ministra ha asegurado que defenderá con “firmeza” lo que a su juicio es “el núcleo” de los “avances feministas”, al igual que “he hecho con la Ley Trans, el aborto y ahora con el consentimiento” y ha reconocido que la negociación en el seno del Gobierno lleva abierta desde hace meses “con más y menos tensión”. “Hemos trabajado sin descanso, la parte socialista y nosotros, no hemos parado de pasar propuestas. Yo llevo presentadas cinco. Lo hemos hecho con total discreción porque entiendo la dimensión que tiene y la importancia de que respondamos unitariamente”, ha proseguido.
Preguntada sobre si en el Consejo de Ministros hubo posiciones críticas al respecto de la parte penal de la norma, como afirmó la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo esta semana, Montero ha defendido que “fue una cuestión que pensamos de forma muy detallada, revisamos centenares de casos y nos ocupamos de hacer un Código Penal que evitara las rebajas de penas”.
De hecho, ha recordado que la primera propuesta aprobada por el Gobierno también bajaba las penas máximas, pero “tras la alerta del Consejo General del Poder Judicial” de que podrían producirse revisiones a la baja, se volvieron a subir en segunda vuelta, lo que según Montero“ llevó a que el propio Consejo de Estado nos dijera que era una ley cercana al punitivismo, una ley dura”.
En este sentido, la ministra sigue defendiendo que “no hay un problema en la ley”, sino “en su aplicación” por parte de “una minoría de jueces” que están decidiendo revisiones a la baja de las condenas. “La mayoría de jueces están aplicando correctamente la ley”, ha dicho Montero, que ha comparado la situación con “los 187 jueces” que presentaron cuestiones de inconstitucionalidad tras la entrada en vigor de la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004 y el aumento de los sobreseimientos “en un 158%” porque “había jueces que cuando una mujer denunciaba decían que no hay indicios”.
La ministra ha puesto sobre la mesa, además, que solo un 8% de las mujeres que sufren violencia sexual denuncian, según la última Macroencuesta de Violencia sobre la Mujer, para las que “debemos preservar su protección”, pero “también para el 92% que no denuncia y está en una fase previa a ver cuánta pena se le impone a su violador porque necesitan asesoramiento, recursos, asistencia psicológica o reparación económica”, algo que “es lo que aporta esta ley”, ha defendido.