Denuncias que nunca llegan a juicio, niños y niñas que deben contar lo que han vivido una y otra vez, procesos que se alargan varios años, menores que deben compartir sala con sus agresores, adultos que ponen en entredicho su testimonio. En España se presenta una denuncia por abuso y agresión sexual hacia la infancia cada tres horas. Esa es la violencia que se detecta, la que activa la maquinaria policial y judicial en busca del fin de la impunidad. Pero ¿qué ocurre después? ¿qué suele pasar durante el proceso penal? ¿cómo lo viven los niños y niñas?
La conclusión a la que suelen llegar las investigaciones disponibles es que la justicia no está lo suficientemente adaptada a la infancia y el sistema arrastra debilidades que, en última instancia, impactan en el menor, que para llegar ahí ha logrado romper con el férreo pacto de silencio que impone la violencia sexual.
El primer obstáculo es que la mayoría de procedimientos abiertos en los tribunales nunca acaban en sentencia. Es algo en lo que coinciden los expertos y a lo que permiten acercarnos los datos disponibles: según la memoria de la Fiscalía, en 2017 se dictaron 2.208 diligencias previas sobre casos de abuso y agresión sexual contra menores frente a 497 sentencias. Aunque no se puede establecer una correlación entre ambos datos, sí posibilitan evaluar la diferencia de volumen entre unas y otras, una tendencia que se repite cada año.
La emisión de una sentencia por parte del juez, ya sea absolutoria o condenatoria, es algo que ocurre cuando hay pruebas contundentes para dictar apertura de juicio oral, pero en muchos de los casos que entran en el sistema, no se estima este requisito. “La mayor parte de las denuncias no llegan a sentencia porque pasan la fase de instrucción, pero no se enjuician porque el juez decide no tirar hacia adelante”, explica Josep María Tamarit, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Oberta de Catalunya (UOC).
El penalista recuerda que se trata de un delito de difícil prueba, puesto que se suele producir en la intimidad y no deja rastro físico –la mayor parte se da sin violencia o fuerza extrema–. “Aún así, se pueden hacer más esfuerzos desde el ámbito de justicia para protejer a los menores durante el proceso e investigar con más garantías”.
Revivir el trauma una y otra vez
La larga duración de los procedimientos –tres años de media, según el estudio Ojos que no quieren ver de Save the Children, que ha analizado 200 sentencias dictadas entre 2012 y 2016– y el hecho de que la mayoría de niños y niñas deban declarar al menos cuatro veces y revivir el trauma, en ocasiones mucho tiempo después y cuando normalmente ya han comenzado sus procesos de recuperación, perjudica a los menores. “Las debilidades y fallos del sistema legal repercuten en una revictimización del niño o niña, incrementando el posible trauma causado al tratarse de un proceso extremadamente largo, en el que tiene que testificar en reiteradas ocasiones y en el que su declaración se pone en entredicho”, explica el informe.
Para evitar que los menores deban declarar tanto ante la Policía y Guardia Civil, como ante el juez instructor, el psicólogo forense y en el juicio oral, la Fiscalía y los expertos recomiendan preconstituir la prueba, es decir, que el testimonio sea grabado de antemano y utilizado con posterioridad. Sin embargo, solo en un 14% de las sentencias estudiadas por Save the Children se aceptó. Tamarit lamenta que aunque la prueba preconstituida se ha erigido como “uno de los elementos que ayudan a no revictimizar” al niño y como forma de preservar la calidad del testimonio, “sigue habiendo reticencias en los juzgados”.
“Hemos detectado que nuestro sistema no es un sistema protector del niño, entre otras cosas porque hay una creencia instalada que sigue funcionando y es que pensamos que los menores mienten”, explica Carmela del Moral, analista jurídico de Save the Children. “El niño ha tenido que contar lo vivido varias veces, en muchos casos han pasado años... No es raro que pueda variar su versión, pero eso no significa que mienta”. De hecho, el Tribunal Supremo recordó en una sentencia de 2016 que existe “consenso científico en que la proporción de falsos relatos de abuso sexual infantil es muy reducida, pues la posición de dependencia del menor respecto del agresor, máxime cuando la agresión se produce en el ámbito familiar, le hace poco propicio para formular una acusación falsa”.
En este sentido, la Comisión Europea mantiene abierta una investigación sobre si la práctica judicial en España garantiza los derechos de los menores que denuncian haber sido víctimas de abuso por parte de familiares. Tras una denuncia interpuesta por varios colectivos, entre ellos la Asociación Galega contra o Maltrato a Menores (Agamme), el organismo dio crédito a algunas de sus quejas, entre ellas, la vulneración de derechos que supone la falta de credibilidad que algunos tribunales otorgan a los niños.
Aunque en última instancia corresponde a los magistrados decidir si el niño o la niña mienten o dicen la verdad, cobran especial relevancia en los procedimientos los psicólogos forenses adscritos a los juzgados, que valoran la credibilidad del testimonio. Tanto la queja ante la Comisión Europea como el informe Ojos que no quieren ver pone en la diana a estos profesionales para solicitar una formación específica en violencia contra la infancia y homogénea, ya que actualmente el acceso, la acreditación previa y los procesos selectivos varían enormemente entre comunidades autónomas, a lo que hay que añadir la saturación de la Administración de justicia y, en muchas ocasiones, la falta de medios humanos y materiales.
El derecho a ser escuchado
Ante este escenario, las expertas revindican el derecho del menor a ser escuchado y la puesta en valor del interés superior del menor. “Son derechos que se están interpretando conforme a criterios de adultos. Se les está pidiendo que relaten lo que les ha pasado, pero sin adaptar las preguntas y la comunicación a su edad y sus capacidades”, explica la jurista especializada en infancia y Derechos Humanos Violeta Assiego. “No es tanto que no se les escuche lo suficiente, sino que no les escucha bien. Las salas de vistas y las preguntas deben estar pensadas para ellos y también los profesionales formados en este sentido”.
Mención aparte merecen aquellos casos de abusos en el seno de las familias en los que el perpetrador es el padre del niño y la madre la denunciante en el contexto de un divorcio. Save the Children reserva un capítulo de su informe para esta casuística y la queja ante la Comisión Europea la remarca especialmente. A pesar de que la ONG reconoce la posibilidad de las denuncias falsas, como en cualquier otro delito, concluye que sobreseen denuncias de este tipo “en mayor porcentaje del que se debiera” porque “algunos juzgados otorgan poca credibilidad subjetiva a las madres”. En este contexto, condena la aplicación en algunos juzgados del Síndrome de Alienación Parental (SAP), una teoría desacreditada por el Consejo General del Poder Judicial, para privar a las madres de las custodias de sus hijos tras denunciar abusos y lo califica de “espacio para la impunidad”.
Por último, todas las expertas consultadas coinciden en asegurar que los plazos de prescripción de los delitos son demasiado cortos, puesto que con el Código Penal actual en la mano, muchas víctimas, una vez que rompen el silencio, ya no pueden denunciar. Así, piden una reforma en este sentido –algo que ya anunció el Gobierno que haría– sin perder la vista del resto de reivindicaciones de gran calado que darían lugar a una justicia más amigable y adaptada a la infancia.
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