El juego sucio de la huelga de futbolistas

Hay parte del vocabulario laboral que resulta difícil de encajar en todos los trabajos. Una de esas palabras es huelga, que casa con dificultad con el colectivo de futbolistas. Unos peculiares trabajadores cuya cúpula profesional forman unas 1.000 personas en toda España con una bolsa salarial de aproximadamente 600 millones. Sin embargo, la Audiencia Nacional decidirá si es legal o no el procedimiento por el cual la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha mandado parar los partidos de fútbol profesional del próximo fin de semana. Detrás del desajuste léxico hay una mezcla de dirigentes turbios, una guerra por el control del dinero que genera el fútbol y enemistades personales.

El Gobierno hizo caso a las demandas de la última década de la inmensa mayoría del fútbol profesional (todo el mundo, salvo el Real Madrid y el FC Barcelona) y decidió el pasado 30 de abril aprobar un decreto para regular la venta de los derechos de televisión de la Liga española y así conseguir mejorar la financiación de un negocio que debe 3.000 millones en impuestos.

Atendiendo a los que reclamaban mejor reparto del dinero, más atención a la Segunda División y recursos para el fútbol pobre (el femenino y las categorías inferiores) el Real Decreto-ley 5/2015, que ayer pasó el trámite del Congreso de los Diputados, establece que desde la temporada 2016/2017 los derechos de la Liga se vendan en un paquete único, como hacen el resto de las ligas profesionales europeas.

Este acuerdo tranquiliza el caótico mercado televisivo que hasta ahora disparaba las pujas entre dos plataformas (Prisa y Mediapro en la famosa guerra del fútbol) que compraban y vendían los derechos club a club. Solo con la posibilidad de vender en un solo paquete todos los derechos, el decreto prevé aumentar de 700 a 1.000 millones anuales los ingresos.

Entonces, si todo el mundo del fútbol demandaba la regulación, ¿por qué los futbolistas han tomado una medida tan drástica y tan difícil de explicar a los aficionados? Parte de la explicación está en la puesta en escena de la AFE el 6 de mayo, cuando convocó la huelga en una conferencia de prensa con la presencia en primera fila de Iker Casillas, Xavi Hernández, Gerard Piqué, Andrés Iniesta… Explicaron que no habían sido consultados (¿existe algún colectivo laboral que redacte las reformas del Gobierno?) y que el decreto no garantizaba ingresos suficientes para las verdaderas víctimas del loco mundo del fútbol: los futbolistas de los equipos quebrados que no consiguen cobrar.

Los argumentos parecieron pobres y las explicaciones así lo mostraron, por lo que cobra relevancia la acusación que les hace el presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), Javier Tebas: “Los futbolistas desean una rebaja fiscal de los derechos de imagen y esto nada tiene que ver con el decreto, que se centra en vender la Liga como un paquete”.

1,5% para futbolistas impagados

Preguntado por esta acusación, el presidente de la AFE, Luis Rubiales, negó que el motivo de la huelga sea el pago de impuestos por derechos de imagen que ha llevado a los tribunales a Messi. El Gobierno, a través del Consejo Superior de Deportes (CSD), también apunta a esa acusación. Y habla con buena información, puesto que los futbolistas y el Ministerio de Hacienda admiten estar negociando ese asunto. Desde luego, eso justificaría que futbolistas multimillonarios como los que acudieron a apoyar la huelga dieran la cara por arañar algún punto porcentual de un fondo de compensación para cubrir impagos y cursos de formación para exfutbolistas. El decreto prevé destinar a ese fin el 1,5% de los 1.000 millones anuales de ingresos estimados (15 millones).

Explicada la decisión de los futbolistas, resulta más difícil de entender el apoyo a la huelga de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El mismo día de la convocatoria del paro, la Federación lanzó un duro comunicado en el que prácticamente convocaba también la huelga; y de ahí que el conflicto haya acabado en la Audiencia Nacional, porque una huelga solo puede ser llevada a cabo por trabajadores. Por tanto, la Federación se delató en su comunicado, en el que también expresó disconformidades con el decreto difíciles de entender para el aficionado que se quede sin fútbol o incluso sin final de Liga y de Copa.

La Federación se queja porque el Gobierno les deja sin el 4% de ingresos de las quinielas que tenían hasta ahora y porque el decreto permite a la Agencia Tributaria investigar las cuentas del fútbol aficionado. Por último, y aquí aparece la clave, lamentan que el Gobierno quiera auditar las subvenciones públicas para la promoción del fútbol aficionado. El CSD reclama, a través de un informe de la auditoria BDO, ocho millones de euros públicos para estructuras y subvenciones sin justificar.

El presidente del CSD, Miguel Cardenal, ha declarado la guerra a la autonomía de las federaciones que las hace casi intocables al escrutinio de la Administración. “El resto de motivos aducidos hoy por la RFEF son una suma de excusas para justificar un enfrentamiento continuo, que tiene como única base el interés de la RFEF en no devolver dinero público no justificado y no someterse a las auditorías a los que obliga la ley”, reaccionó el CSD en un comunicado.

Palabras duras, nada diplomáticas. Propias de quien se ha propuesto echar a un equipo directivo que lleva ganando unas elecciones de federaciones regionales desde 1988. El presidente de la RFEF, Ángel María Villar, ni siquiera acude a las reuniones con el Gobierno. Y no solo a las que tratan cuestiones económicas. En mitad de la conmoción por el asesinato de un hincha en el Vicente Calderón, tampoco acudió a la convocatoria de Interior. Su reacción al Gobierno ha sido enviar un comunicado de la FIFA (de la que es vicepresidente) que amenaza con sanciones si el Gobierno comete injerencias en la independencia de la Federación. En similar situación se encuentra el presidente de la Real Federación Española de Tenis, José Luis Escañuela, en constante tira y afloja con el Gobierno por la claridad de las cuentas.

Enemistad de Tebas y Villar

Aclarados los bandos (Federación y futbolistas contra Gobierno y clubes), es pertinente explicar el origen de la enemistad manifiesta entre el presidente de la Liga, Javier Tebas, y el de la Federación, Ángel Villar. Tebas llegó al mundo del fútbol hace más de 10 años como abogado del G-30, el grupo de 30 clubes que reclamaban la venta conjunta de los derechos de televisión. Como dirigente de ese grupo tuvo que enfrentarse en 2003 a la Federación cuando Villar protegió al presidente del Murcia, Jesús Samper, que había roto unilateralmente su unión al G-30 al negociar los derechos del Real Murcia con Sogecable. Samper era el dueño de Santa Mónica Sports, la empresa que gestionó hasta 2013 los derechos televisivos de la Federación. Ahí comenzó un conflicto que sigue sin apagarse.

Por último, lo más inquietante de esta negociación a varias bandas es que nadie tiene un currículum de fiar. Javier Tebas militó en Fuerza Nueva y asegura que es un firme defensor “de los valores de España y la familia”. Rubiales, portavoz de los futbolistas, era el capitán del Levante cuando algunos jugadores de este equipo amañaron una derrota a cambio de dinero, y al final de la temporada pasada aseguró estar a favor de las primas a terceros. Villar es vicepresidente de la directiva de la FIFA más discutida en años después de haber concedido los próximos mundiales a países como Rusia y Qatar, y es el artífice de que el alcalde de Las Rozas fuera juzgado por ceder de manera gratuita (para sorpresa de todos los vecinos y grupos políticos) los terrenos públicos donde se encuentra la Federación.