“Pedir 74 años de cárcel es una venganza por la movilización ciudadana desde el 15M”
El fiscal pide un total de 74 años y 3 meses de cárcel para 14 de los detenidos tras la manifestación del 15 de mayo de 2011 en Madrid, acontecimiento clave para la detonación del movimiento 15M. Unos detenidos que, en su día, denunciaron un “abuso policial desproporcionado e injusto” hacia ellos.
Para Servando Rocha, abogado de dos de los encausados, estas peticiones, que van desde seis años para el que más y un año y seis meses para el que menos, son “inauditas”. Rocha tiene 14 años de experiencia laboral en juicios como este. Según Ignacio Pina, defensor de otro de los enjuiciados, “el fiscal ha hecho una interpretación muy estricta de la ley”.
Un ejemplo de los más llamativos. Según el escrito de acusación, A.D.C. se encontraba sentado junto a “unas veinte personas” en la plaza del Callao, cortando el tráfico en ambos sentidos. Los agentes les requirieron que se levantasen. “En ese momento, los integrantes del grupo comenzaron a lanzar objetos contra la fuerza actuante” dice el auto, que asegura que este acusado en concreto tomó “una silla lanzándola hacia los agentes pero sin alcanzar a ninguno de ellos”.
A este encausado, se le imputa un delito de desórdenes públicos (un año y seis meses de prisión) y otro de atentado a los Agentes de la Autoridad (cuatro años y seis meses de prisión). Total: 6 años. “El auto habla por sí mismo” explica A.D.C. a eldiario.es. “Lo que pide el fiscal es una barbaridad, se pretende un escarmiento para alejar a la gente de las calles”, opina. Además, enmarca esta instrucción en el contexto de “una escalada de detenciones, multas y represión en general”.
Su abogado, Servando Rocha, piensa que “se busca una sentencia ejemplar, un globo sonda que diga que rebelarse tiene un precio o el que la hace la paga”. El letrado Ignacio Pina, abogado conectado con el movimiento Juventud Sin Futuro, coincide con Rocha: “es un aviso a navegantes”. “Las penas que se piden son una clara venganza por la movilización y actuación ciudadana”, interpreta, considerándolas “muy políticas”.
Otro ejemplo de entre los citados en el auto. G.P.R. lanzó “patadas y puñetazos” a un agente, que sufrió “dolor, cuntusión e inflamación” que tardó un día en sanar. Se “abalanzó” también sobre otro agente causándole “dolor, contusión, herida e inflamación en mano, codo y costado” que tardaron tres días en sanar y una jornada impedido de sus ocupaciones habituales, “sin necesidad de tratamiento y sin presentar secuelas”. Para G.P.R., 6 años de prisión y 600 euros de multa.
Desproporción “intencional”
Según explican los abogados de esta causa, un fiscal suele plantear acusaciones de forma proporcional al delito y así se ha venido haciendo en España. Hasta hoy. La Fiscalía ha decidido aquí pedir siempre lo máximo de la horquilla que le permite la ley. Y eso a pesar de que dispone de una jurisprudencia mucho menos estricta. Por eso Ignacio Pina habla de “intencionalidad”, porque este fiscal podría haber seguido la senda de otros anteriores, pero ha decidido no hacerlo.
Pina va aún más allá y plantea su malestar por esta “actuación de parte” que hace el fiscal y también por el juez, quien “no ha hecho su función de instrucción sino que ha 'cortapegado' el escrito de la acusación y lo ha usado para la apertura del juicio oral”.
Las defensas recuerdan que este es uno de los primeros juicios que salen desde el inicio de manifestaciones y acciones masivas a partir del 15M. Eric Sanz de Bremord, abogado de la Comisión Legal Sol lleva años trabajando en este terreno. Él y sus compañeros de este grupo han visto mucho, pero nada como esto. “No es baladí que se trate de la manifestación que ha sido el sustrato para todo lo que vino después”, recuerda. E interpreta que se busca una sentencia que recoja “todo lo que no han conseguido hasta ahora”.
Única condena por delito
“Lo que más ha habido hasta ahora –recapitula el abogado– han sido archivos en el periodo de instrucción, muchos procedimientos de faltas para los que se ha conseguido absolución y alguna condena por faltas. De las más de 500 detenciones a las que hemos asistido o tenemos conocimiento, a día de hoy solo ha habido una condena por delito, que acarreó dos años de cárcel por agresión a un policía”, en el primer aniversario del movimiento.
“Al hablar de orden público hay diferencias de interpretación entre qué es delito y qué es falta”, explica Ignacio Pina. “Hasta ahora hemos estado acudiendo a juicios menores y de faltas donde las intepretaciones eran menos estrictas. Por ejemplo, y en el caso de la sentada en la plaza de Callao, se podría haber optado por el de resistencia activa, que tiene una pena menor, pero en cambio se apuesta por el de atentado a los agentes de la autoridad”.
La lectura de los abogados de Legal Sol es, pues, política: “Se está buscando un castigo ejemplificador en el contexto actual de reforma del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana, para que se vea qué necesaria es”.
Habrá respuesta en la calle. Se están dando los primeros pasos para articular una “asamblea de imputados” con la idea de “lanzar una campaña de apoyo fuerte”, según confirma uno de los acusados, en la línea de plataformas como la de Alfon Libertad o No Somos Delito. “Para estar unidos”, añade.
