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El Gobierno y las comunidades autónomas acuerdan actualizar el mapa de fosas y coordinar exhumaciones

Trabajo arqueológico en la fosa de Puerto Real (Cádiz). / JUAN MIGUEL BAQUERO

EFE

El Ministerio de Justicia ha acordado hoy con los responsables de memoria histórica de las comunidades autónomas actualizar el mapa de fosas de víctimas de la guerra civil y del franquismo para diseñar planes cuatrienales de exhumaciones lideradas por las administraciones públicas.

En rueda de prensa tras su primera conferencia con los representantes autonómicos, el director general para la Memoria Histórica, Fernando Martínez, ha explicado que se estudiará también la creación de un banco de ADN de desaparecidos a nivel nacional, aunque ha pedido no poner “excesivas expectativas” en el proyecto por su complejidad técnica.

En la reunión, celebrada en la sede del Ministerio de Justicia, se ha apostado asimismo por un elaborar un “censo de víctimas” y un listado de las edificaciones construidas por batallones disciplinarios y prisioneros, así como “chequear” los monumentos en los que pervive simbología franquista.

Martínez ha ratificado que el objetivo del Estado -lo que incluye a todas las administraciones, desde el Gobierno central a las comunidades, las diputaciones y los ayuntamientos- es liderar las exhumaciones, aunque ha reconocido que habrá que esperar a los próximos presupuestos generales del Estado para que las políticas de memoria histórica cuenten con recursos, ya que la partida actual es “cero”.

Según Martínez, el objetivo es que “una partida significativa” de ese presupuesto de memoria histórica vaya destinado a exhumaciones, una de sus prioridades.

Pero primero, ha recalcado, hay que actualizar el mapa de fosas comunes -en las que se estima que puede haber entre 100.000 y 114.000 personas-, ya que el que tiene el Ministerio en estos momentos habla de 2.740 y se cree que la cifra es muy superior.

Los datos oficiales de Andalucía, por ejemplo, hablan de 700 fosas, cuando el mapa del Ministerio sólo les asigna 576, y en el caso de la Comunidad Valenciana apenas se recogen 80, cuando los responsables autonómicos han contabilizado ya más de 400.

Tras actualizar el mapa se diseñarán planes cuatrianuales de exhumaciones que se concretaran en planes anuales con las comunidades, diputaciones y ayuntamientos, en los que se establecerán las intervenciones prioritarias.

El paso siguiente será la identificación de las víctimas, para lo que se estudiará la creación del banco de ADN de desaparecidos.

Martínez, que ha recordado que hay comunidades que ya tienen sus propios bancos, ha insistido en la “complejidad” de un proyecto que puede crear “falsas expectativas de que se va a resolver todo”, pero ha prometido que el proyecto se va a estudiar.

Respecto a la propuesta de elaborar un “censo de víctimas”, ha afirmado que hay un consenso bastante amplio ante “la necesidad de conocer realmente el alcance de la violación de los derechos humanos durante la guerra civil y el franquismo”.

Martínez ha reconocido que hay que contemplar que hubo víctimas en los dos bandos enfrentados en la guerra civil, pero ha recordado que unas fueron reparadas y homenajeadas cada año mientras que “las víctimas de los vencidos fueron estigmatizadas, criminalizadas e invisibilizadas”.

“Se trata de reparar lo que no se ha reparado; es una cuestión de humanidad, de derechos humanos”, ha recalcado.

El director general de Memoria Histórica ha trasladado a las comunidades que cuando se consolide la estructura de su departamento se contará con una oficina de atención a las víctimas del franquismo y les ha animado a sumarse a los actos que se están organizando para recordar el año que viene a los miles de españoles que se exiliaron, en el 80 aniversario de “la retirada” de los republicanos.

Según ha explicado, la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos no ha sido analizada en la reunión, aunque sí ha habido comunidades que han pedido estudiar la posibilidad de que se puede exhumar y trasladar a víctimas allí enterradas si las familias lo solicitan.

Martínez ha destacado el consenso y la disposición mostrada por todos los responsables autonómicos en la reunión -a la que no han asistido representantes de Cataluña y Ceuta- y no ve que haya comunidades “reacias” a las medidas estudiadas, aunque es cierto que algunas están mucho mas avanzadas que otras.

“Esto no es una cuestión ni de derechas ni de izquierdas, es una cuestión de humanidad y esto es lo que nos reclaman los organismos internacionales humanitarios”, ha reiterado.

Los proyectos en marcha, en especial el del mapa de fosas y las exhumaciones, se promoverán mientras se tramita en el Parlamento la reforma de la Ley de Memoria Histórica.

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, prometió una reforma “integral” y Martínez ha garantizado que se mantiene ese compromiso, aunque finalmente no habrá un proyecto de ley específico.

La norma se reformará a través de las enmiendas que los grupos planteen al decreto sobre la exhumación de Franco, que se tramitará como proyecto de ley.

Las comunidades volverán a reunirse en cuatro meses para concretar los proyectos y Martínez ha ratificado el compromiso de Justicia de contar en todo momento con las asociaciones de víctimas.

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