El complejo de caza mayor que el matrimonio del naviero Alejandro Aznar y la ex presidenta del Círculo de Empresarios Mónica Oriol ha montado en el Parque Nacional de Cabañeros se hizo, parcialmente, sin la debida autorización. Según una sentencia a la que ha accedido eldiario.es, la Audiencia Nacional ha condenado a la empresa que controla la finca, Inmobiliaria del Bullaque, a pagar más de 200.000 euros por construir un aparcamiento y una explanada donde eviscerar los trofeos de las monterías: venados y jabalíes.
Los dueños de la finca acometieron hace años una serie de actuaciones dentro del coto de caza, tanto para acondicionar las zonas donde se realizan las partidas como el área de vivienda. Abrieron y ampliaron cortafuegos eliminando la vegetación, convirtieron un camino en casi una carretera de acceso a la mansión y, aprovechando una licencia de reforma, construyeron la explanada –de 1.122 m– y el aparcamiento para 16 vehículos dentro del Parque Nacional.
Los jueces han ido acreditando que las obras son, al fin y al cabo, infracciones de diverso calado. En esta última sentencia de la Audiencia Nacional se explica que las obras anexas a la vivienda principal no estaban “autorizadas y no [estaban] contempladas en el proyecto de reforma”.
El fallo, todavía recurrible, explica que los propietarios obtuvieron permiso en 2010 para mejorar las impermeabilizaciones, saneamientos, calefacción y realizar albañilería auxiliar. Nada de un párking ni una campa donde despiezar los animales. Cuando una denuncia provocó la visita de la inspección en 2014 ya se habían construido ambos. Ante la apertura de un expediente sancionador adujeron que sus “autorizaciones están en tramitación”. Es decir, construyeron y, a posteriori, pidieron los permisos. Entre la batería de obras añadidas (aunque no han entrado en este proceso) se incluyó una piscina con su pradera de césped incluida.
Los magistrados contemplan que si la Comisión Mixta de Gestión de Parques considerara desfavorables estas obras para el entorno se podría ordenar la demolición y “la regeneración del espacio afectado”. No parece muy probable. La dirección del parque ya dijo que le parecían “mejoras” a pesar de no tener licencia lo que sirvió para atenuar el expediente de Medio Ambiente.
Con todo, Asunción Ruiz, directora de una de las denunciantes, SEO/Birdlife (que representaba en el proceso a WWF y Ecologistas en Acción), considera que se “se trata de una sentencia ejemplar, ni soñábamos con algo así, y no es la primera vez que ganamos en este asunto”. Ruiz recuerda que la demolición está condicionada al informe de la comisión “que vamos a pedir con la mayor brevedad para que se cumpla la sentencia”. Las tres organizaciones han recordado que la propietaria ha recurrido el Plan de Ordenación de Cabañeros “para luego aducir que la ausencia del plan priva de efectos legales a la protección del parque”.
Más allá del cortijo
Además de la zona del cortijo, el acondicionamiento del coto para las monterías conllevó la apertura de cortados en el monte que se justificaron por parte de la propiedad como defensas contra incendios forestales pero que la Audiencia Nacional determinó que respondían a fines cinegéticos. “Ha quedado acreditado que los citados cortafuegos y las obras de ampliación del cortafuegos fueron realizados sin la debida autorización administrativa”, escribieron.
“Su uso primario y el que motiva en gran medida su diseño viene vinculado a esta actividad, a fin de mejorar la comodidad, eficacia y seguridad en las monterías”, detalla un técnico superior del Parque Nacional de Cabañeros en un informe.
Ambas actuaciones fueron calificadas como infracciones muy graves. Pero todavía hay más. Para facilitar el acceso en vehículo privado al complejo, la propietaria pidió permiso para acondicionar un camino y obtuvo un visto bueno del parque con una serie de condiciones: dar información previa, respetar las dimensiones de la pista y la vegetación. Se saltaron los límites y construyeron una carretera que respondía a sus necesidades. Una infracción más leve que conllevó una multa administrativa de 10.000 euros. Pero, tampoco satisfechos, recurrieron la sanción, que terminó por confirmar un juez.
Aunque la caza está prohibida de manera genérica en los parques nacionales, Cabañeros es diferente. Las monterías estarán permitidas, al menos, hasta 2020. Una buena parte de las hectáreas que componen el parque son cotos privados de caza. La ley de 2007 previó el fin de estas actividades en 2017 pero, según se acercó la fecha límite, se abrió de nuevo el artículado. El Partido Popular en el Senado previó introducir una enmienda para prorrogar el permiso extraordinario sin límite hasta que los propietarios llegaran a un acuerdo con la Administración u obtuvieran una compensación. Finalmente, el trámite quedó en seis años de tiempo extra. El próximo horizonte está en 2020. Mientras, seguirán dándose batidas en Cabañeros.