La Justicia europea avala la prohibición de los símbolos religiosos a los empleados públicos

La Justicia europea avala la prohibición de los símbolos religiosos a los empleados públicos. Así se desprende de un fallo del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) emitido este martes en relación a la queja de una trabajadora de un ayuntamiento belga a la que se le impidió llevar su velo. Los jueces de Luxemburgo consideran que la exigencia de “neutralidad” por parte de las administraciones públicas puede “considerarse que está objetivamente justificada por una finalidad legítima”.

El caso responde a un decisión del Ayuntamiento de Ans (Bélgica), que prohibió a una empleada (jefa de oficina y que no estaba de cara al público) llevar su pañuelo islámico y modificó el reglamento para impedir a los trabajadores públicos que llevaran “signos ostensibles” que pudieran revelar “sus convicciones ideológicas o religiosas”. La mujer afectada recurrió la justicia belga, que elevó el caso a Luxemburgo.

El TJUE considera que las administraciones públicas nacionales están legitimadas para tomar medidas que permitan “instaurar en su seno un entorno administrativo completamente neutro” y que ello suponga la autorización o prohibición del uso de signos visibles que tengan connotaciones filosóficas o religiosas.

“Cada Estado miembro, y cualquier entidad infraestatal en el ámbito de sus competencias, dispone de un margen de apreciación en cuanto al concepto de neutralidad del servicio público que pretende promover en el lugar de trabajo, en función del contexto que le es propio. No obstante, este objetivo debe perseguirse de forma congruente y sistemática, y las medidas adoptadas para alcanzarlo deben limitarse a lo estrictamente necesario”, señala el tribunal en un comunicado.

La polémica por el uso del velo no es nueva en el seno de la UE. Francia es el país que más batalla ha dado contra el uso del velo, que prohibió en las escuelas e incluso a las deportistas de alto nivel. La sentencia de Luxemburgo sienta un precedente respecto al uso de los símbolos religiosos en los puestos de trabajo de la administración pública.