El Juzgado rechaza investigar el suicidio asistido de María José Carrasco como violencia de género
La magistrada titular del Juzgado de Violencia Sobre la Mujer nº 5 de Madrid ha rehusado en un auto que se investigue como violencia de género el caso del suicidio asistido de María José Carrasco, enferma terminal de esclerosis múltiple a quien ayudó a morir su marido Ángel Hernández el pasado 2 de abril en Madrid.
En una nota, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) explica que el juzgado entiende que “la solicitud expresada a su marido de forma seria e inequívoca por parte de la esposa de poner fin a su vida, convierte este presunto delito en una excepción respecto a las conductas recogidas en la ley integral de violencia sobre la mujer”.
La causa será devuelta al Juzgado de Instrucción nª25 de Madrid, cuya magistrada titular deberá decidir si se tramita ahí o se eleva a la Audiencia Provincial de Madrid. En el texto del TSJ añaden, en palabras de la jueza, que “desde una perspectiva criminológica este auxilio al suicidio de la persona enferma grave que lo solicita expresamente no es la manifestación de ningún tipo de violencia física, psíquica o limitación de la libertad”.
“La inclusión en el ámbito de competencia de los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer supone una interpretación literal incompatible con el objeto y la finalidad de estos Juzgados. Por ello, también desde una interpretación social y teleológica de la ley se deduce que el auxilio al suicidio previsto en el artículo 143.4 del Código Penal no puede formar parte de las competencias de los Juzgados de Violencia de Mujer”, se lee.
La Fiscalía Provincial de Madrid se había posicionado en contra de que el suicidio asistido de Carrasco fuese juzgado como violencia de género. En otra nota remitida el martes 23 de abril, razonaban que Hernández la ayudó a terminar con su vida, pero “por petición expresa” y “dada la enfermedad que padecía”. También la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer anunció el 11 de abril que recurriría la decisión del Juzgado de Instrucción de remitirlo como violencia de género.
La abogada de Hernández, Olatz Alberdi, se ha dirigido a los medios para celebrar la decisión de los juzgados. Desde el primer momento ha defendido que le investigase un juzgado ordinario y considera “razonable” que sea así, “ya que se trata de una situación excepcional que en ningún caso puede estar vinculada a la violencia de género, como así lo hemos considerado nosotros, la propia Fiscalía y el resto de la sociedad, que también entendió que era injusto tratar el caso de Ángel como un acto de violencia de género”.
Según Alberdi, ahora “toca seguir trabajando para demostrar que Ángel tan solo cumplió con la voluntad de su mujer de morir de forma digna”. Contra el auto que rechaza el caso en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer cabe la interposición de recursos, ya sea de reforma ante el propio órgano judicial o de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, en el plazo de tres y cinco días respectivamente.
“Por la gente que sufre como mi mujer”
María José Carrasco, de 61 años, y Ángel Hernández, de 69, dejaron múltiples testimonios tanto domésticos como en los medios de cómo ella, enferma de esclerosis múltiple desde 1989, deseaba poner fin a su vida y estaba esperando una ley de eutanasia. Dejaron grabado en vídeo también cómo fue él quien le facilitó la sustancia, Pentobarbital Sódico, que hizo que ella muriera el 2 de abril.
Él mismo lo transmitió a las autoridades, por lo que fue detenido ese mismo día en su domicilio. El matrimonio no ocultó el modus operandi porque, en palabras de Hernández al ser puesto en libertad tras 24 horas en el calabozo, querían que sirviera “para que la eutanasia se apruebe, por la gente que sufre como mi mujer”. Esta legislatura se habían presentado cuatro propuestas de ley para regular la eutanasia y suicidio asistido que no se llegaron a aprobar. La última, del PSOE y tramitada en octubre, tuvo el voto en contra del PP y el bloqueo en la Mesa del Congreso de populares y de Ciudadanos.
