¿Un nuevo paraíso para los fumadores o un cultivo comercial excesivamente controlado por el Gobierno? Es el debate que hierve en estos días en Uruguay tras la aprobación de una ley que legaliza la plantación, la venta y el consumo de marihuana. Los detalles de la norma siguen gestándose, aunque, por el momento, el Gobierno presidido por el progresista José Mújica limita en su legislación de “laboratorio social”, como él mismo denomina, las dosis de consumo mensual a 40 gramos y el número de plantas para el cultivo, que no podrán ser más de seis.
La oposición no ve la nueva legislación con buenos ojos, aunque tampoco lo hacen muchos de los consumidores habituales. “No corresponde al Estado registrar a las personas ni regular su consumo”, dice Alicia, la última encarcelada por cultivar marihuana. Para algunos, además, animar a que las personas se alisten en un registro, tal y como propone la ley, es una forma de señalarlos. En la actualidad, un 8% de la población uruguaya se reconoce consumidora de cannabis.