Nueve claves sobre la ley de eutanasia que ha dado su primer paso en el Congreso

El Congreso ha dado este martes el primer paso para que España se convierta en el cuarto país europeo que regule la eutanasia. La ley, propuesta por el PSOE, ha sido tomada en consideración con más de 200 votos, solo con el 'no' de PP, que siempre se ha opuesto a ella, y de Vox. Ahora tiene que pasar por la Comisión parlamentaria de Sanidad, luego de nuevo por el Pleno del Congreso y llegar de ahí al Senado. Un proceso que debería completarse a lo largo de 2020. Gobierno y asociaciones creen que “esta vez sí” saldrá adelante.

La ley que ha elaborado el Grupo Socialista es “muy garantista”, como describe la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), que lleva años peleando por que se consiga. Es la misma que también llevó el PSOE al Parlamento en diciembre de 2018.

Será una prestación pública

La norma incluye que la eutanasia esté dentro del Sistema Nacional de Salud y por tanto asegura su financiación pública. Cuando una persona la solicite, se podrá llevar a cabo en centros sanitarios públicos, privados, y en su propio domicilio.

Objeción de conciencia

Los médicos tendrán derecho a alegar objeción de conciencia para no realizarla, pero la ley garantiza que eso no podrá perjudicar el derecho a recibirla.

¿Quién la puede solicitar?

Para solicitarla, por escrito, habrá que ser mayor de edad y tener nacionalidad o residencia legal en España. También habrá que ser “capaz y consciente” en el momento de pedirlo, algo que desde DMD lamentan porque les hubiese gustado que la Ley incluyese que alguien con demencia o en coma pudiese recibir la eutanasia bajo algunos preceptos. Puede haberse suscrito un documento de “instrucciones previas”, pero esto no queda lo suficientemente blindado. También consideran que podría haberse ampliado a mayores de 16 años y no limitarlo a los de 18.

Los supuestos

Habrá dos supuestos bajo los que podrá pedirse: por enfermedad grave e incurable, y por enfermedad grave, crónica e invalidante. La asociación DMD calcula, analizando los datos de sus propios socios y de otros países, que los primeros casos, los de personas que quieran evitar llegar a una fase terminal y dolorosa de una dolencia, supondrán la mayoría, el 85%. Los segundos, las personas invalidadas por esclerosis o tetraplejías, como fueron los casos mediáticos “impactantes” para la opinión pública de María José Carrasco y Ramón Sampedro, serán alrededor del 15%. Bélgica y Holanda incluyen entre estos supuestos la salud psiquiátrica, pero no será así en España.

Los filtros

El paciente que quiera un suicidio asistido tendrá que pasar por tres filtros. El primero será el de su médico responsable, que tendrá que dar el visto bueno. Un mínimo de 15 días después, un tiempo que solo podrá reducirse si el médico responsable considera que la muerte o pérdida de conciencia es “inminente”, otro doctor efectuará el segundo filtro. Tendrá que dar una segunda opinión y corroborar que se cumplen con todos los requisitos en un máximo de 10 días.

Peligro de 'veto' en las CCAA

El tercer filtro es el más problemático para DMD. Se trata de que cada caso –con las únicas excepciones de muerte o pérdida de conciencia inminente– tendrá que pasar por una Comisión de Evaluación y Control previo, cuyos miembros se consensuarán entre los gobiernos regionales y el Ministerio de Sanidad. Esas Comisiones tendrán que emitir una resolución que dé luz verde al proceso en un tiempo ambiguo, “el plazo más breve posible”, describe el texto.

“Turismo eutanásico”

“Tememos que ocurra lo que está ocurriendo con el veto parental: un veto a la eutanasia. Que en Murcia, en Andalucía y en Madrid no se realice ninguna eutanasia. No nos fiamos”, explican desde DMD. Algunos médicos prefieren ese modelo previo, para tener más garantías, pero DMD cree que se podría producir incluso lo que llaman “turismo eutanásico”: gente que vaya a morir a otras comunidades porque en la suya es casi imposible, como ya ha ocurrido durante mucho tiempo con el aborto.

Referencias internacionales

En ninguno de los países en los que está despenalizada la eutanasia el sistema de control es previo. Lo habitual es que existan comisiones pero posteriores al fallecimiento, que analicen caso por caso e investiguen si hay dudas sobre negligencias.

DMD va a estar reuniéndose estos meses con los grupos para convencerles de que aleguen enmiendas al texto del PSOE en este sentido: “Entre Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Canadá ha habido unos 90.000 casos en total y ningún problema con médicos que practiquen homicidios encubiertos, que parece ser lo que se quiere controlar”.

“Con el sistema de control posterior, por cada paciente se presentarían informes y si hubiese dudas se investigaría. Con indicios de delito, la Comisión lo pondría en conocimiento de la Fiscalía. Creemos que ese sistema no entorpece ni alarga aún más los plazos, y sí el previo”, zanjan desde DMD.

Apoyo ciudadano

Según una encuesta de Metroscopia de 2017, el 84% de los españoles están a favor de que se reconozca el derecho a la eutanasia. Entre la profesión médica el apoyo a la eutanasia es similar al de la población general, según los sondeos internos que se han hecho en los colegios de médicos de Bizkaia, Las Palmas, Tarragona y Madrid.