Fue una de las primeras grandes apuestas del Gobierno de coalición al comienzo de la legislatura: sacar adelante una ley de libertad sexual que llevara el 'solo sí es sí' al Código Penal. Lo que comenzó siendo un logro político ha terminado por ser una norma que la izquierda parece querer esconder bajo la manta en campaña electoral, a pesar de que consagra un modelo de atención integral pionero. La reducción de condenas y la excarcelación de más de cien presos parece haber oscurecido los intensos avances en igualdad de la última legislatura. O, dicho de otra manera: todo lo hecho en igualdad durante los últimos cuatro años parece haberse esfumado frente al embrollo penal que supuso la ley del 'solo sí es sí' y a la gestión que hizo el Ministerio de Igualdad de la crisis.
La disputa en la izquierda no ha ayudado. Más que reivindicar lo hecho en Igualdad frente a la amenaza, el debate parece haberse centrado en diferenciar el feminismo de Irene Montero del de Yolanda Díaz o Pedro Sánchez. Las palabras 'trincheras', 'diálogo', 'hombres' o '(feminismo) integrador' han aparecido más en estas semanas de campaña que el aborto, las bajas por interrupción voluntaria del embarazo o por reglas dolorosas o las medidas para prevenir y combatir la violencia machista. Las derechas han utilizado el feminismo para confrontar, la izquierda ha buscado diferenciarse y apartarse de un legado que nadie parece reclamar ahora.
En solo una legislatura, el Gobierno de coalición ha sacado adelante una ley de salud sexual y reproductiva que ampliaba y reforzaba el derecho al aborto, la ley de libertad sexual y la ley LGBTI, ha blindado el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y ha multiplicado por cuatro su presupuesto, ha aprobado normativas sobre transparencia salarial y el paro para las empleadas de hogar, ha puesto en marcha el Plan Corresponsables para crear infraestructuras de cuidados y ha subido el salario mínimo en porcentajes desconocidos hasta ahora, una medida que ha logrado reducir la brecha salarial en nuestro país. En plena campaña y con las derechas llamando a la puerta del Gobierno, los avances en igualdad parecen, sin embargo, relegados a un segundo plano.
No todos por igual. En actos, debates y entrevistas la izquierda sí ha destacado algunos de ellos, especialmente los que tienen que ver con la gestión de Yolanda Díaz al frente del Ministerio de Trabajo, como la subida del salario mínimo y el paro de las empleadas domésticas. Han sido, en general, políticas menos controvertidas que las impulsadas por el Ministerio de Igualdad. Son también el fuerte de la candidata de Sumar, que está llevando su laborismo también al terreno feminista. “La mejor política feminista es la subida del salario mínimo”, ha repetido con frecuencia durante la campaña.
Políticas ambiciosas
Lo cierto es que en los últimos cuatro años, las políticas de igualdad han sido ambiciosas. La ley de libertad sexual ha replicado el modelo de atención a la violencia de género: todas las provincias tienen que contar con, al menos, un centro de atención integral 24 horas a víctimas de violencia sexual, la asistencia jurídica es gratuita, los delitos sexuales deberán ser vistos por juzgados especializados, prevé ayudas económicas y refuerza la cadena de custodia de pruebas biológicas para que puedan ser utilizadas en el futuro.
La otra gran apuesta del Ministerio de Igualdad fue la ley de salud sexual y reproductiva. La norma ha recuperado el derecho de las menores de 16 y 17 años a abortar sin consentimiento paterno, un punto que ya incluyó la ley de 2010 pero que el Gobierno del PP derogó durante su mandato. Feijóo ya ha explicitado su intención de volver al modelo de Rajoy si gobierna. Además, la nueva ley regulaba por primera vez la objeción de conciencia del personal médico y establecía que las interrupciones del embarazo deben hacerse en centros públicos y próximos a la residencia de las mujeres. Incluye también las bajas por reglas dolorosas y por interrupción voluntaria del embarazo, y contempla por primera vez el concepto de salud menstrual.
Las rebajas de condenas con la aplicación de la ley del 'sí es sí' y la gestión política y comunicativa de la crisis que hizo el departamento de Irene Montero marcaron un punto de inflexión. Lejos de admitir errores, el Ministerio responsabilizó siempre a la judicatura y a quienes intentaban descalificarlas. Así comenzó una huida hacia adelante que terminó con la reforma de la parte penal de la norma.
Un pulso perdido
Igualdad había echado otros pulsos a lo largo de la legislatura a su socio de Gobierno, pero este lo perdió. Pese a que hubo otros momentos de tensión, como la tramitación y aprobación de la ley trans, fue entonces cuando el presidente Pedro Sánchez marcó una distancia definitiva con su ministra de Igualdad. Ya en precampaña, Sánchez reivindicaba el feminismo de Nadia Calviño y admitía el error de la ley del 'sí es sí', mientras guardaba silencio sobre otros logros.
Casi paralelamente, la disputa entre Unidas Podemos y Yolanda Díaz se avivaba. Si el entorno de Irene Montero se ha sentido poco respaldado por Díaz durante su gestión en el Gobierno, el de la vicepresidenta lamentaba lo mismo. La batalla por el poder y el encaje de Unidas Podemos en la plataforma que preparaba Díaz y, finalmente, la elaboración de las listas para el 23J y la exclusión de Irene Montero fueron las bombas finales.
En las razones de esa exclusión unos vieron una cuestión de reparto de poder y de lealtades –su propio partido aceptó dejarla fuera de las listas en su acuerdo para adherirse a Sumar–, mientras la ministra de Igualdad contraatacaba asegurando que era su feminismo lo que la dejaba fuera del ticket electoral. Ahora, Díaz hace suyo un “feminismo del 99%” que basa en sus políticas laborales y en la mejora de las condiciones materiales de vida y Montero y su equipo apenas asoman en campaña.
Mientras, en el feminismo hay quien intenta tender puentes apresuradamente, más allá de las diferencias, para señalar lo conseguido en los últimos años, coser heridas y hacer piña frente a la amenaza de la derecha.