Elena, estudiante madrileña de 17 años, tiene que desplazarse cada día dos horas en transporte público desde su casa hasta su centro formativo de FP. Cuatro horas cada día en metro y autobús porque no encontró plaza en ninguno público más cercano para hacer el Grado Medio de Técnico de Panadería, Repostería y Confitería y no se puede costear una formación privada.
La falta de oferta de plazas de Formación Profesional es uno de los principales obstáculos para que miles de jóvenes puedan seguir adelante con su etapa formativa en España. La demanda supera con creces la oferta. Se calcula que, solamente en la Comunidad de Madrid y Catalunya (las que más demanda registran en este tipo de educación), unos 40.000 aspirantes se quedaron sin plaza para el curso 2021/2022. Y se da la paradoja de que estas dos comunidades, las que mayor déficit de plazas públicas tienen, son las únicas en las que matricularse en un Grado Superior no es gratuito. La tasa de escolarización para este ciclo formativo cuesta unos 400 euros aproximadamente.
El sindicato CCOO en Madrid alerta de que más de la mitad de los jóvenes que querían estudiar un Grado Superior en 2022 se quedaron sin plaza en esta comunidad, llegando al 90% de solicitudes rechazadas en los casos de grados de alta popularidad, cada vez más demandados, como los de tipo sanitario. No es el primer año que los alumnos y centros se encuentran con esta situación.
La escasez de plazas deja en el limbo a miles de jóvenes que no pueden costearse una formación privada y que no quieren entrar al Bachillerato o a la Universidad. Jóvenes que se quedan obligados a elegir entre endeudarse o abandonar su futuro académico, por lo menos el deseado. Entre estos alumnos está Xisco, un joven de 17 años de las Islas Baleares que intentó entrar en el Grado Medio que le gustaba, Informática. Le resultó imposible encontrar una plaza en cualquier centro de su isla: “Las plazas estaban saturadas y, aunque yo tenía muy buenas calificaciones, la nota de corte era altísima…un ocho o un nueve. No tuve otra alternativa que matricularme en el Grado Medio de Administración, aunque no me gustase. Era eso o tomarme un año sabático sin saber si al año siguiente podría entrar en Informática”, cuenta el estudiante.
Fruto de esta problemática, hay datos que revelan cómo los alumnos y familias se deciden por optar por una plaza en centros de formación privados. La Comunidad de Madrid y Catalunya son las autonomías donde más se ha disparado el número de matriculaciones en la Formación Profesional privada, hasta un 105% en la última década si sumamos los Grados Medios y los Grados Superiores. Libertad de elección para quien se lo pueda permitir. Para Xisco, el joven balear, no hay alternativa para el curso que viene si no consigue una plaza pública: “En mi comunidad autónoma no existen estudios técnicos privados de Administración. Irme a otro sitio a vivir para mí es inviable según como están las cosas. Mi familia y yo no podríamos costear el alquiler de una vivienda ni aunque yo trabajase para ayudar”.
La suerte de conseguir una plaza pública en Madrid… y poder pagar la matrícula
En 2022, un total de 32.952 jóvenes madrileños iniciaron el proceso de escolarización para Grado Superior. De ellos, la solicitud de más de 18.000 aspirantes fue rechazada; solo 14.976 jóvenes fueron admitidos. El sindicato CCOO cifra en términos porcentuales un rechazo del 54% de las solicitudes en Grado Superior por falta de plazas públicas: más de la mitad de jóvenes se quedaron fuera.
Sumando los 18.000 jóvenes que quedaron sin hueco en Grado Superior a los 6.938 que se quedaron fuera de un Grado Medio, se computan unos 25.000 jóvenes sin poder cursar los estudios de FP que habían elegido. Es el caso de Isaac, un joven madrileño de 18 años al que los trámites con las administraciones le hicieron perder una plaza pública: “Yo quería entrar en un Grado Medio de Tecnología en un instituto público de mi barrio pero, por la falta de plazas y la burocracia, tardaron dos meses en decirme que no había sitio para mí. Tuve que optar por pagar la matrícula en un centro privado. Estoy cursando un grado en Audiovisuales para no perder un año de mi vida académica”.
A pesar de que quedarse sin plaza en FP parece la tónica general en los últimos años y de que a la vista está que la demanda no deja de aumentar por las grandes salidas profesionales que está demostrando cursar una FP, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso solamente creó 10.000 plazas públicas para el curso 2022/23. Es una de las causas por las que en la Comunidad de Madrid los alumnos que pueden optan por este tipo de formación en un centro de titularidad privada: en la FP Básica la oferta alcanza el 32% y en Grado Medio el 34%.
Desde UGT Madrid denuncian que ese aumento de plazas sigue siendo insuficiente y achacan esta problemática a que el aumento de solicitudes para FP en los últimos años “se ha convertido en un nicho de negocio para las empresas privadas, que se financian gracias a los cheques escolares, algo que no garantiza la igualdad de oportunidades”. CCOO Madrid relaciona este éxodo a la formación privada directamente con “una falta de inversión y una infrautilización de espacios donde se podrían impartir ciclos de FP”.
Aquellos alumnos que, con suerte, consigan plaza en un grado de la línea en la que han estructurado su futuro, deben pagar 400 euros de matrícula en cualquier centro público de Madrid y Catalunya. Esta tasa de escolarización se paga únicamente en estas dos comunidades, en el resto la FP es gratuita. Jóvenes como Laura (19 años), que estudia por la mañana un Grado Medio de Técnico Atención a Personas en Situación de Dependencia en un instituto público de Alcalá de Henares (Madrid) y trabaja hasta las 21:30h para ayudar a su familia, piensan que este precio de matrícula es excluyente: “El año que viene, si puedo acceder al Grado Superior con plaza en la pública, tendré que seguir trabajando a media jornada para poder pagar la matrícula aunque sean 400 euros. Si de verdad es público debería ser gratuito. La formación privada ni siquiera la puedo contemplar con ayuda de mis padres”.
En Madrid no se puede hablar de FP sin mencionar las ayudas (mal llamadas becas) a los estudios en centros privados que el gobierno regional decidió comenzar a financiar hace un año. Si el Gobierno central destinó 23 millones de euros a la Comunidad de Madrid con el fin de fomentar la FP y aumentar la oferta pública, Ayuso anunció una partida de 18,5 millones de euros para financiar becas de estudio de FP, pero para centros privados. Desde CCOO piensan que esta es una clara muestra de que existe “una estrategia de Isabel Díaz Ayuso para desmantelar una red pública” y que su problema para solucionar el problema de la demanda “no es que no sepan solucionarlo, es que no quieren”.
“Poner tasas es segregador, para muchas familias catalanas 400€ supone mucho esfuerzo”
En Catalunya la situación es semejante a la de Madrid. En el curso 2022/2023, unas 15.000 personas desistieron de obtener una plaza pública de formación profesional por falta de oferta y la imposibilidad de desplazarse por la comunidad hasta donde sí las hay. El director general de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, Ángel L. Miguel, del Departamento de Educación de la Generalitat, admitió desconocer dónde habían ido esos jóvenes: si optaron por un centro privado, si están en Bachillerato, en la Universidad o si decidieron abandonar o trabajar. “Cruzaremos datos y lo analizaremos en los próximos meses”, se comprometió el director general.
A pesar de que la Generalitat intentó subsanar el problema, los sindicatos aseguran que se ha creado un “informe mínimo” que no aborda la cuestión. Denuncian que la oferta sigue siendo “desequilibrada en comparación con la concentración de alumnado que acude a Catalunya” y es que solamente poseen un 56,34% de oferta pública, 30 puntos menos que la media nacional.
En cuanto a los precios, desde CCOO Educaciò de Catalunya señalan que hay muchos jóvenes que tienen problemas incluso para pagar la tasa de 400 euros para entrar en un Grado Superior, por lo que después de haber cursado la FP Básica y Grado Medio, tienen que abandonar sus estudios. Xavier Pérez, portavoz de CCOO Educaciò, señala que el hecho de que se cobre esta tasa únicamente en Madrid y Catalunya “es segregador” y que “debería eliminarse” porque “hay miles de familias catalanas que cobran el sueldo mínimo y no podrían pagar los 400 euros ni con beca. Les supone mucho esfuerzo”. Pérez hace hincapié en el abandono escolar que provocan estos pagos obligatorios junto a la falta de oferta: “Pagar matrículas en una escuela pública puede hacer que estudiantes con pocos recursos tengan que abandonar los estudios a los 17 años o tengan que compaginar la formación con trabajo”.
Los sindicatos piensan que es necesario un pacto de compromiso de las administraciones educativas con el sistema de Formación Profesional en Catalunya “para que se destinen los fondos suficientes, propios y estatales, para erradicar las desigualdades estructurales que afectan y segregan al alumnado más vulnerable” y para que “no se olvide a aquellos que se han visto forzados a abandonar” porque “estropean sus estadísticas”.