Madrid, la comunidad más afectada por la pandemia y la última en tomar medidas más duras para atajar los contagios

La Comunidad de Madrid está retrasando al máximo las medidas más estrictas e impopulares para intentar atajar la expansión de la COVID-19 a pesar de que se puso a la cabeza de contagios el pasado 7 de agosto. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha dilatado la obligación de usar mascarillas, las restricciones a la hostelería o sopesar confinamientos puntuales mientras la incidencia de la pandemia en la comunidad avanzaba sin remisión.

Este miércoles ha sido un viceconsejero, el de Salud Pública y Plan COVID, Antonio Zapatero, el que ha avanzado que el Ejecutivo ya planea encierros en ciertos barrios o localidades. Sin embargo, el entorno más próximo de la presidenta Ayuso ha negado, no públicamente, que esa medida estuviera preparada. El follón interno ha hecho que se suspendiera la comparecencia del portavoz gubernamental, Ignacio Aguado, tras el último Consejo de Gobierno. La decisión se ha quedado suspendida en el aire y se ha retrasado, de nuevo. Se concretará “esta semana”, según el mensaje distribuido horas más tarde por el servicio de comunicación de Díaz Ayuso.

La mascarilla obligatoria

La estrategia de trasladar normalidad y control por parte de la Comunidad de Madrid comenzó en los primeros atisbos del repunte de la enfermedad en julio pasado. Los rebrotes en Catalunya hicieron que la Generalitat (que había ocultado que había transmisión comunitaria en Lleida desde hacía muchos días) decretó el uso obligado de mascarilla en cualquier lugar público con o sin distancia de seguridad.

El 9 de julio entró en vigor esa medida. El 10 de julio, Baleares tomaba una decisión similar. El día 11 se añadió Andalucía, donde el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla (compañero de Ayuso en el PP) dijo que era “mejor prevenir”. La incidencia de la COVID-19 en esa comunidad era de 4,66 por 100.000 habitantes en ese momento. La mitad que en Madrid. El 12 de julio se sumaron Aragón, La Rioja y Navarra. Para la mitad del mes todos los gobiernos autonómicos habían adoptado la medida excepto Canarias y Madrid.

El 15 de julio, Ayuso negaba que fuera preciso incrementar el uso de mascarilla: en ese momento la incidencia acumulada durante los últimos 14 días en Madrid se situaba en 9 casos por 100.000 habitantes, así que la presidenta no veía necesidad.

Llamaba la atención que en esta región hubiera muy pocos nuevos contagios o rebrotes mientras iban acelerándose en casi todo el resto del país: “Hemos aprendido mucho y nos cuidamos más”, argumentaba Ayuso en una entrevista en Telemadrid. Su reflexión era la siguiente: “Tenemos que aprender a convivir con estos rebrotes. Cuando surja uno, se controla, se pone en cuarentena al entorno de esta persona y se sigue con cierta normalidad porque no nos podemos permitir parar”. Solo 15 días después, la incidencia acumulada de la COVID-19 en esta comunidad se había multiplicado por cuatro y era de 37 casos por 100.000 habitantes. Entonces sí llegó el uso obligatorio de mascarillas en cualquier espacio público abierto o cerrado.  

Acotar la hostelería

Tras no pararse la transmisión de la enfermedad durante el mes de agosto, al llegar septiembre, muchas comunidades autónomas han restringido más la actividad en bares, restaurantes y terrazas. Madrid también ha ido ralentizando la decisión y ha sido más permisiva, aunque presentaba la peor incidencia de toda España con 520 contagios por 100.000 ciudadanos. No fue hasta el 7 de septiembre que el Ejecutivo de Ayuso aumentó las prevenciones en este sector: con todo, seguía permitiendo la actividad en las barras de los bares con un 50% de la ocupación en ese espacio y el aforo interior de los establecimientos se mantuvo en el 75%.

En ese mismo momento, la Junta de Castilla-La Mancha había ordenado que, en las provincias de Ciudad Real y Toledo, el aforo en los negocios de restauración se limitara al 50% en el interior. Las terrazas al aire libre rebajaron al 75%. Además, en las localidades de Santa Olalla, Malpica de Tajo, San Bartolomé de las Abiertas y El Casar de Escalona se dio un paso más el 12 de septiembre al suprimirse el servicio en interior de locales cerrados de establecimientos de hostelería y restauración. Las terrazas de bares y restaurantes se quedaron al 50% de aforo.

Ya días antes, el 1 de septiembre, el Gobierno de Castilla y León había prohibido el servicio de barra en las ciudades de Salamanca y Valladolid. En las mesas se ha limitado los grupos a seis personas. Tampoco en las terrazas pueden agruparse más de seis y el consumo siempre debe ser sentado. El vicepresidente Francisco Igea adujo que las medidas eran “duras y restrictivas”, pero que no eran “lo peor que puede ocurrir”. La Junta ha devuelto esas zonas a una fase 1 de desescalada, según analizaba el propio Gobierno autonómico. Castilla y León en general está en una incidencia de 291 casos, dos veces menos que Madrid. Las ciudades de Valladolid y Salamanca aparecen en rojo en el mapa de la Junta.

Otra comunidad que tiene unos datos preocupantes como es Navarra (que ha superado holgadamente la incidencia de 300 contagios por 100.000 habitantes), ha limitado también los grupos de personas en locales de restauración a seis individuos. En la barra se cierra el servicio a mediodía. La Xunta de Galicia ha prohibido la barra en 15 municipios donde, además, los negocios deben tener limitado su aforo al 50% del habitual.

Los focos del ocio nocturno

El ocio nocturno ha sido un caballo de batalla durante la reactivación de la pandemia. El 20 de julio, la jefa de área del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, María José Sierra, advertía de que los brotes que se iniciaban en las discotecas eran “difíciles de trazar”, ya que resulta complicada la búsqueda de contactos y pueden generar otros muchos casos. Ese día, la Región de Murcia prohibió el ocio nocturno en locales cerrados.

Catalunya, una vez que admitió que los contagios se le habían descontrolado, y con una incidencia de 111 casos por 100.000 habitantes, metió mano en el ocio nocturno: el 25 de julio suspendió la actividad en las salas de fiesta, discotecas y locales donde hubiera actividades musicales y también aquellos establecimientos en los que se pudiera bailar, al menos durante 15 días.

Madrid, por su lado, se ha mostrado más reacia a impedir la actividad de estos locales que se han revelado como foco de infección. Al comenzar agosto estableció la 1.30 de la madrugada como hora tope de funcionamiento. Los empresarios protestaron con un cierre el fin de semana del 7 de agosto. Avanzó el mes hasta que, finalmente y dentro del acuerdo interterritorial de las comunidades con el Ministerio de Sanidad del 14 de agosto, llegaría la orden de cerrar el ocio nocturno. La pandemia en Madrid estaba en 162 nuevos contagios por 100.000 ciudadanos. Siempre hacia arriba.

Confinamientos localizados

La cuestión es que el confinamiento ha sido en muchas ocasiones más una recomendación que la obligación legal que impuso el estado de alarma decretado en marzo. Este lunes, la Generalitat de Catalunya ha pedido a los vecinos de Girona y Salt que no salgan de casa salvo para trabajar y otras necesidades imprescindibles tras duplicarse los contagios los últimos 15 días.

Con todo, distintas comunidades autónomas han ido confinando zonas localizadas a medida que veían que la pandemia aceleraba. En julio se hizo un cierre perimetral en las localidades gallegas de A Mariña y algún municipio en Euskadi. También se acordonó la comarca del Segrià en Lleida donde se detectó transmisión comunitaria del virus. Al igual que en Girona ahora, se pidió a los vecinos que no salieran más que para actividades imprescindibles en el Área Metropolitana de Barcelona.

Castilla y León ha utilizado bastante el confinamiento quirúrgico en localidades concretas para frenar transmisiones aceleradas de la COVID-19: el 7 de agosto se confinó la localidad burgalesa de Aranda de Duero que salió de esa situación el 21 de agosto. Este miércoles se ha tomado esta medida en Pesquera de Duero (Valladolid) y Sotillo de la Ribera (Burgos). De igual manera, la Generalitat valenciana ha confinado el municipio de Benigánim (Valencia) durante 14 días desde el 31 de agosto por haberse disparado los casos de COVID-19.  

Estos confinamientos muy localizados han sido aplicados por Cantabria, donde su Gobierno impuso el viernes pasado un cordón sanitario a cinco calles del barrio de La Inmobiliaria en Torrelavega, con 6.500 afectados por un brote descontrolado que se está intentando contener realizando pruebas masivas para frenar la transmisión. Se repetía la experiencia de Santoña, donde un confinamiento de estas características ha conseguido frenar la curva ascendente de contagios.

El Gobierno de las Baleares puso en marcha el 11 de septiembre el confinamiento de las barriadas de Son Gotleu, Son Canals, Can Capes y la Soledat Nord de Palam para intentar contener la enfermedad.

Nada de esto ha ocurrido en Madrid, a pesar de que se ha saltado de una incidencia general de 9 casos por 100.000 habitantes el 15 de julio a una de 651 el 15 de septiembre. Díaz Ayuso se ha esforzado en casi todo momento por mostrar una apariencia de normalidad en Madrid. En la primera semana de septiembre repetía en una intervención en Antena 3 que “Madrid tiene una densidad de población diferente y tiene dificultades añadidas por eso, pero también le está pasando esto mismo a cualquier capital europea”. Solo diez días después, el viceconsejero que ella misma aupó tras pasar por el hospital de campaña de IFEMA, Antonio Zapatero, ha venido a contradecir esta imagen emitida por su presidenta al anunciar “confinamientos selectivos” de los que no se sabe, de momento, nada más.