La vida de Jayaan Cabaniog ha empeorado en el último año por el cierre del vertedero donde trabajaba, después de que una avalancha de basura matara a 300 personas.
Con su marido en la cárcel por posesión de drogas -cazado con unos gramos de shab, una metanfetamina muy barata y popular-, tiene que ocuparse sola de sus tres hijos, con los que malvive en el “slum” de Payatas, un asentamiento ilegal o barriada marginal en el nordeste de Manila.
Los efluvios tóxicos del vertedero mataron a otro de sus hijos, de cuatro meses, pero a Jayaan, a sus 37 años, no le queda otro remedio que seguir buscando en la basura y aceptar el dinero que le envía su madre.
Princess, su hija pequeña, acude al programa de alimentación que una congregación religiosa desarrolla cuatro días a la semana. Juegan, cantan, rezan, hacen manualidades y comen. Les dan raciones de pollo, pescado, carne de cerdo o verdura y les dejan llevarse comida a casa para que sus familias tengan algo que cenar.
En las barriadas de Manila que subsisten de los vertederos, los residentes a menudo engañan al hambre a base de “pagpag”, un guiso ensopado de restos de pollo robados de la basura.
En Payatas, 10.000 personas viven en estas condiciones. Sus niños y los de otros barrios de chabolas son el grueso del 20 % de los menores filipinos que, según la ONU, sufre malnutrición.
LA GRAN EXTENSIÓN METROPOLINA DE CHABOLAS
El área metropolitana de Manila alberga la mayor extensión de slums del mundo. No hay datos oficiales, sólo estimaciones que cifran en cuatro millones los habitantes de las chabolas, un tercio de la población de la urbe.
Este modelo de desarrollo urbano se repite en otras grandes capitales del Sudeste Asiático, pero Filipinas es el país más desigual de la zona. El 1% de su población acapara la mitad de la riqueza nacional, mientras que una quinta parte, unos 22 millones de filipinos, vive con menos de dos dólares al día.
La clase media, los que disponen de más de 15 dólares para gastar al día, solo llega al 9,2%, un indicador bajo en comparación con otros países de la región como Malasia (65%), Tailandia (35%) o China (20%), según datos del Banco Mundial.
El crecimiento de la economía filipina ha sido robusto en los últimos años, por encima del 5% anual desde 2012, pero apenas ha tenido repercusión en la reducción de la pobreza ni en la vida de personas como Jayaan o su vecina Elena Valeña.
“Buscamos en la basura, en cualquier lugar. No hay otro trabajo para nosotros”, comenta con resignación Elena. Separada de su marido, lucha a diario para alimentar a los cinco de sus siete hijos que viven con ella en una choza donde apenas caben un cochambroso colchón y un hornillo de gas entre los sacos de basura.
Con lo recolectado en su peregrinaje por vertederos, todavía no ha reunido el dinero necesario para el arroz de la semana. Su hijo Szedric de 22 años, dedicado ya a tiempo completo al “negocio familiar”, tendrá que seguir hurgando en la basura por la tarde. Por suerte Sheena, de 5 años, ha comido bien con las monjas.
El vertedero fue trasladado en 2017 a diez kilómetros de distancia, pero los camiones de basura todavía cruzan el barrio. A su paso, los vecinos se afanan llenando bolsas que procesan en sus casas, donde separan y limpian lo reciclable. Si consiguen llenar dos sacos con plásticos y latas, les pagan 1,5 euros. La podredumbre está ahora dentro de casa.
“Sin vertedero la vida es más difícil para nosotros”, reconoce Jayaan. El basurero no sólo le permitía ganar dinero, sino que le proveía de enseres. El sofá incómodo, la sábana descolorida de Hello Kitty que lo cubre, la mesa coja o la nevera estropeada que sirve de armario.
También una amalgama extraña de objetos decorativos: elefantes de porcelana, una maceta de plástico, un cristo, un reloj que no da la hora o un montón de peluches, demacrados o amputados.
CIUDAD MISERIA
La pobreza urbana es la cara más hostil de un problema que afecta al 21 % de los 106 millones de habitantes de Filipinas, según datos de 2018 de la Autoridad Nacional de Estadísticas. Son los más pobres entre los pobres.
Olvidados por los políticos e invisibles para la opinión pública, levantan sus chabolas de madera, aluminio o cartón donde pueden, bajo puentes o autopistas, junto a las vías del tren, en la ribera de un río o entre la basura. Viven más expuestos que nadie a los embates de frecuentes tifones, inundaciones o terremotos, y a menudo tienen que empezar de cero desde los centros de evacuación.
El Gobierno de Rodrigo Duterte, que no ha atendido las peticiones de información y entrevistas de EFE, pretende reducir la tasa de pobreza al 14 % para el fin de su mandato, en 2022, lo que equivale a sacar a seis millones de filipinos de la pobreza. Los esfuerzos de la Comisión Nacional contra la Pobreza se concentran en las áreas rurales, donde viven tres cuartas partes de los pobres. Sin embargo, en su plan de trabajo para el periodo 2019-23, reconoce que “la pobreza urbana ofrece las estampas más crudas de la desigualdad”.
“La persistencia de la pobreza en los slums se debe principalmente a la corrupción rampante y al mal manejo de los recursos por parte de la clase política”, cuenta el representante de Human Rights Watch en Filipinas, Carlos Conde.
Se trata de “un problema urgente” de derechos humanos y de “doble victimización”: No sólo viven, y a menudo nacen, sin sus necesidades básicas cubiertas, sino que “la sociedad los margina” por ser pobres, no tener trabajo, no acceder a la educación o vivir en barrios gobernados por bandas criminales.
200.000 PERSONAS EN UNA MILLA
En el noroeste de Manila, al otro lado del río Pasig, que hace de frontera invisible entre ricos y pobres, se ubica el distrito de Tondo, con unos 700.000 habitantes. Es el área más densamente poblada del mundo con una media de 80.000 personas por milla cuadrada, aunque en algunas zonas se aglomeran hasta 200.000.
En Tondo, sobre una colina que servía de vertedero, brotó en los años cincuenta el “Smokey Mountain” (Montaña Humeante), el slum más conocido de Manila e icono de la miseria urbana. Hogar durante décadas de miles de filipinos que dejaban el mundo rural, se cerró en 1995. Jennet Katipunan, de 40 años, se trasladó en 1990 con su familia a uno de los 27 edificios conocidos como Tenemen en este distrito, modestas viviendas sociales que el Gobierno construyó en los 80 para reubicar a los residentes de Smokey Mountain.
“Cuando vinimos aquí no había agua corriente ni electricidad, luego poco a poco lo fuimos consiguiendo. Fue un lugar agradable. Pero hoy el edificio necesita una renovación completa, cuando llueve se filtra el agua y está sucio”, detalla.
Con fachadas desconchadas, goteras, escalones rotos, barandillas oxidadas y los sumideros desbordados, estos bloques han mutado en un nuevo slum que alberga unas 600 familias por edificio, el triple de su capacidad. Sobre las azoteas han construido chozas, y a partir de los apartamentos originales han cimentado frágiles “extensiones” que flotan sobre el patio central.
Jannet vive en uno de estos pequeños apartamentos. Antes estaban ella, sus tres hermanos y sus padres, pero hoy habitan 18 personas. Su hermana mayor, de 41 años, tiene diez hijos y está embarazada otra vez. Ella, su marido y toda su prole ocupan la vivienda original. Sus padres y sus hermanos ocupan una extensión construida en la azotea.
Jennet y su hermana trabajan como limpiadoras, sus esposos son camioneros y sus hermanos se dedican a la compra-venta de aceite. Entre todos reúnen el dinero suficiente para comer y para que los más pequeños estudien. Son afortunados, ya que según el Banco Mundial, en los hogares más pobres de Filipinas, solo el 31 % ha completado la educación secundaria y el 2 % tiene estudios superiores.
Axellow Aligado, sobrina de Jennet de 18 años, es una de estas afortunadas y el orgullo de la familia. Es la primera que ha conseguido ir a la universidad, aunque de momento solo ha cursado un semestre de Económicas porque no puede pagar los 12.000 pesos (200 euros) que cuesta la matrícula del siguiente. “Me gustaría comprar una casa más grande para toda la familia”, cuenta Axellow, que sueña con ser contable y dejar atrás el slum.
Pero en un barrio así, apenas existen las oportunidades. Según estadísticas oficiales, unos 3,8 millones de niños no cursan enseñanza alguna. El matrimonio temprano y asuntos familiares son culpables del abandono escolar en el 42 % de los casos (el 60 % entre las chicas); mientras que la falta de recursos para financiar la educación está detrás del 20 %.
Y la población no para de crecer. El peso del catolicismo, la nula educación sexual, el tabú de los anticonceptivos o la prohibición del aborto hacen de Filipinas uno de los países de Asia con mayor tasa de fecundidad. Según la ONU, la media es de tres hijos por mujer, pero la realidad dice que tener diez hijos o más es algo habitual en los slums.
El Gobierno filipino prevé que en los próximos tres años, unos 2,5 millones de filipinos se mudarán a la capital en busca de salidas laborales. Ante la falta de vivienda digna y asequible, la mayoría acabará en los slums. Algunos de ellos ya se están instalando en la misma colina que alojó el “Smokey Mountain”, hoy despojado de basura pero todavía tóxico.
Michael Kucipac, de 36 años, es uno de ellos. Ocupa, con su mujer y tres hijos, una humilde chabola de madera, sin agua y conectada a la red eléctrica de manera ilegal. “Vine a Manila en busca de un mejor trabajo, un mejor futuro”, recuerda.
VIOLENCIA E IMPUNIDAD
La violencia aguarda en cada esquina de los slums, especialmente cuando cae la noche. Entre 2016 y 2018, los dos primeros años de mandato de Duterte, los delitos menores descendieron, pero los asesinatos aumentaron un 80%, según cifras de la Policía Nacional. Muchos culpan al clima de impunidad que ha generado su polémica acción contra las drogas.
En la linde entre Tondo y Binondo, emergió hace medio siglo Delpan, un enjambre de casas que parece a punto de desmoronarse. En el inicio de la guerra antinarcóticos, sus calles sirvieron de escenario para las ejecuciones extrajudiciales, a menudo de inocentes, según han documentado grupos de derechos humanos y abogados de las víctimas. Desde que arrancó esta letal campaña, más de 27.000 personas han muerto asesinadas, según la ONU, aunque la Policía solo reconoce unas 5.000 víctimas.
Ahí reside desde hace 35 años Benvenido Razon, un jubilado padre de siete hijos y abuelo de veinte nietos. Sus hijos varones encadenan trabajos precarios y su esposa vende comida casera en los bajos de su vivienda. “Yo me ocupo de ir al mercado”, remarca, mientras dos de sus hijas se bañan en barreños, recatadas y con ropa, en plena calle. Según defiende, Delpan es un “lugar seguro” para su familia, aunque el barrio solo aparece en la prensa vinculado a episodios de crimen y drogas.
A otros vecinos como Amelyn Rolojo, que cada noche teme que sus hijos anden solos por la calle, también les sale a cuenta vivir en este lugar, porque permite a su marido trabajar como camionero. Gana 400 pesos al día (unos 7 euros), una fortuna para la mayoría en los slums. “En Manila es más fácil hacer dinero. Aquí mi familia está bien, no pasamos hambre. (...) Hacemos tres comidas diarias”, cuenta.
DESAHUCIADOS POR LAS LLAMAS
Encajado entre modernos rascacielos en Quezon, una de las dieciséis ciudades que integran el área metropolitana de Manila, se halla San Roque, un asentamiento ilegal donde quedan unas 5.000 familias, frente a las 20.000 del pasado.
Ayala Land, una de las mayores constructoras de Filipinas -que pertenece a una de las familias más ricas del país-, reclama la propiedad de esa tierra para levantar un moderno distrito financiero y quiere desahuciar a sus vecinos. En 2010, comenzaron las demoliciones masivas. Al igual que el Gobierno, esta empresa tampoco ha querido comentar con EFE las acusaciones que pesan sobre ella.
“No sólo tememos demoliciones, también nos preocupan los incendios. Hasta nueve veces han tratado de quemar nuestras casas”, denuncia Estrelieta Bagasbas, líder vecinal de San Roque, que lucha por salvar el barrio que le ha dado cobijo durante más de treinta años.
Llegó a Manila con 16 años para ejercer como empleada del hogar, aunque su único salario fue un plato de comida al día. Luego se mudó a San Roque y se casó. Mientras trabajaba duro plantando verduras que vendía en mercados, soportó los golpes de su primer marido, que murió en una reyerta callejera. Al quedar viuda en 1988, se buscó la vida en el extranjero, destino habitual para la gente de los slums.
Cuando regresó se dedicó a vender comida casera. Los pasteles de arroz eran su especialidad. “Ganaba hasta 500 pesos al día (8 euros), fue una época feliz, pero con las demoliciones volvió la vida dura”. Estrelieta comenzó a perder clientes a medida que la comunidad de San Roque menguaba. Ahora ha dejado de cocinar por culpa de la artrosis.
Su vecino Federico Indicio, de 50 años, contempló impotente en febrero como su casa era engullida por el fuego. “Fue la experiencia más dolorosa de mi vida, ver a mi familia en esa situación”, narra. “Absolutamente nada se salvó de las llamas, sólo lo que llevaba puesto”, rememora.
Ahora vive a la intemperie con su mujer, cuatro hijos y cuatro nietos sobre las cenizas de lo que fue su hogar. Se niega a ser realojado porque los vecinos que cedieron a la presión han sido reubicados fuera de la ciudad, “en otra provincia donde no hay trabajo” y de la muchos ya han vuelto.
Los fuegos no son exclusivos de San Roque. Solo en 2018, la capital sufrió unos 4.700, según la Oficina contra Incendios. Muchos ocurrieron en slums amenazados por la expansión urbanística.
NACER Y VIVIR ENTRE MUERTOS
En la superpoblada y masificada capital filipina, la lucha por un espacio donde vivir es feroz, hasta el punto de que miles de familias han encontrado un hogar entre tumbas y mausoleos en las necrópolis de la capital.
Desde hace 15 años, Michaela Sipalay vive en el cementerio de Pasay, en el sur de la ciudad. Su trabajo es cuidar y limpiar cinco nichos que le sirven de vivienda. Gana 50 pesos al mes por cada uno (0,85 euros).
Sobre la tumba más grande ha construido una choza de madera, donde vive con su hija de cinco años. Sus únicos lujos son un ventilador y un antiguo televisor. Su otra hija de 12, con discapacidad intelectual, y su madre, de 70 años, duermen sobre sepulcros transformados en camastros con lonas de plástico.
“La vida aquí es difícil. Por la noche es peligroso. Últimamente hay extraños entrando y saliendo, implicados en drogas”, describe Michaela, que sobrevive gracias a las limosnas que su madre recoge en la carretera que bordea los muros del cementerio. “Hoy conseguí 200 pesos (3,5 euros), otros días es menos o a veces solo me dan pan o refrescos”, relata la madre, Asuncion, que camina con la ayuda de dos muletas.
Años atrás ambas vivían en un “bonito apartamento de alquiler” no muy lejos de ahí, pero con la muerte repentina de su padre -el sustento de la familia-, ella tuvo que interrumpir sus estudios con 24 años y se mudaron al cementerio.
El camposanto amanece revuelto. Se ha expandido la noticia de que un vecino ha sido asesinado de madrugada. Todos asumen que fue un ajuste de cuentas por drogas. Decenas de vecinos contemplan la escena del crimen y observan curiosos las diligencias de la Policía para levantar el cuerpo. La novia de la víctima se recupera de los disparos en el hospital, revela uno de los agentes.
“Son Carla y Mac-Mac. Son mis amigos”, relata Joan Cagustan, que nació hace 26 años en este cementerio. Todos sus familiares y conocidos viven ahí. Cuida de cuatro tumbas que sirven de hogar para ella y sus tres hijos, de 9, 6 y 2 años. Su novio y su padre están en prisión desde hace tres meses por posesión de drogas. “Los pillaron con shabu, son consumidores pero no traficantes”, cuenta mientras se peina el cabello, recién teñido de verde.
Sara Gómez Armas