Los denunciantes de bebés robados vuelven a la casilla de salida: el primer caso juzgado fue una cesión voluntaria
El anuncio de Inés Madrigal, impulsora de la causa de los bebés robados durante el franquismo, de que fue “entregada en adopción voluntariamente” devuelve a los colectivos que llevan años denunciando la sustracción ilegal de recién nacidos a la casilla de salida.
Madrigal consiguió una sentencia histórica para estas asociaciones. A pesar de que la Audiencia Provincial de Madrid absolvió al ginecólogo Eduardo Vela por prescripción, le consideraron autor de todos los delitos. La justicia determinó en octubre que el ginecólogo era responsable de las acusaciones de detención ilegal, suposición de parto y falsedad en documento oficial por la sustracción de Madrigal en 1969, pero no le condenaron al considerar que estas penas habían caducado.
Por primera vez algún miembro de colectivos que denunciaban el robo de bebés conseguía un fallo en el que se aseguraba que el ginecólogo del sanatorio San Ramón entregó a una recién nacida “fuera de los cauces legales” y “simulando la existencia de un parto que no se había producido”.
Encontró a su familia biológica por una prueba en EEUU
Este jueves este fallo se desmontaba. Esta mujer explicó que su madre la entregó de forma voluntaria, tras quedarse embarazada sin estar casada. Aún así, insistió en que Vela “traficó conmigo” como le dio la gana y mantiene que el doctor realizó una “falsificación documental” al registrarla como hija de la familia a la que dio al bebé. Gracias a una empresa de EEUU especializada en análisis de ADN encontró que “tenía un pariente cercano”, que también se había hecho las pruebas allí por “pura curiosidad”. A partir de ahí, comenzó a “tirar del hilo” hasta llegar a su hermano biológico que tenía su ADN en un banco español.
La Fiscalía verificó su versión. En un comunicado, el Ministerio Público anunció que consideraban “que debiera quedar excluido como hecho probado el robo de un bebé y con ellos el delito de detención ilegal” durante la tramitación del recurso presentado ante el Tribunal Supremo o en un “eventual recurso de revisión”. Aunque reconoce que la “madre biológica decidió voluntariamente separarse de su hija”, esta institución asegura que ante los hechos conocidos esta semana “no excluyen que la actuación del médico fuera totalmente irregular”, en alusión a Vela.
Guillermo Peña, el abogado que ha defendido a Madrigal ante los tribunales, asegura que si finalmente se toma esta decisión “se acabó la causa” de los bebés robados en nuestro país. “No tenemos demasiadas opciones de continuar. Si en el único caso que ha llegado a esta fase se está diciendo que el doctor Vela no tiene ninguna responsabilidad, no vamos a tener autoridad moral para intentar persuadir a órganos inferiores de que en este caso sí”, incide el letrado, que asegura que tiene actualmente cuatro casos judicializados vivos y ha trabajado en 147.
Por su parte, desde los colectivos de afectados tratan de no tirar la toalla. “Cuando un adoptado busca nunca sabe lo que se puede encontrar, puede ser un adoptado o no. Eso no significa que lo hecho jurídicamente sea un trabajo vano. Lo que sí se demuestra con este encuentro, es que el tráfico de bebés existía”, apunta Soledad Luque, presidenta de la asociación Todos Los Bebés Robados Son También Mis Niños. “Que este caso no sea uno de bebés robado no quiere decir que no existan”, continúa Maite Parejo, abogada especialista en justicia universal, del despacho G37, para reseñar posteriormente que este anuncio “no afecta nada en absoluto” a la causa de las sustracciones de menores durante el franquismo.
Sobre la gestión de su entrega a la familia en la que se ha criado, Madrigal defiende que no fue adoptada. “Para el Estado nunca existió [la filiación del nacimiento]”, reseña. “Vela no tramita una adopción, la inscribe directamente en el registro como si fuera hijo biológico, eso era un delito y lo es ahora”, añade el abogado Peña.
La investigación que inició Madrigal, con la que consiguió sentar al doctor Vela en el banquillo a sus 87 años, logró derribar la mayoría de los obstáculos que se encuentran los denunciantes de estos casos, entre ellos, la avanzada edad de los acusados, la prescripción de delitos y las dificultades en las investigaciones.
No hay cifras oficiales de afectados. Algunas asociaciones han estimado que hay 300.000 casos, una estimación difícil de contrastar. El director del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forense, Antonio Alonso, apunta que la Fiscalía ha recibido solo dos millares de denuncias por estas actuaciones. Según sus cálculos los laboratorios privados han recibido una cifra parecida de consultas de ADN por sustracción de recién nacidos en nuestro país.
Pruebas de ADN que descartan una “trama”
Este Instituto, dependiente del Ministerio de Justicia, elaboró en 2017 un informe sobre las conclusiones periciales de las pruebas de ADN de los denunciantes de bebés robados. Además, ha sido la administración a la que ha recurrido la Fiscalía para verificar los exámenes genéticos del caso de Madrigal. Su director asegura que el Instituto no ha podido demostrar que “exista una trama” de robo de recién nacidos. “Es más bien al contrario, porque todos estos padres que cuentan la misma historia, que cuentan el mismo modus operandi, – señala Alonso – hemos determinado que en el 91% de los casos los hijos habían fallecido y, por lo tanto, que no hubo robo”, ya que estaban los restos en el lugar del enterramiento.
De esta forma, el máximo responsable del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses alude a las conclusiones del estudio elaborado en 2017, a petición de una comisión del Parlamento Europeo y adelantado por El País. Otro de los datos concluyentes apunta a que solo en tres de las 120 exhumaciones realizadas a instancia de la Fiscalía o de juzgados de instrucción no recuperaron huesos. En dos de las tres tumbas que estaban vacías, aclaran que las “características de los hallazgos” – entre ellos “pelos fetales y fauna cadavérica, así como paños quirúrgicos y pinzas de cordón” – “eran compatibles con la existencia previa de restos óseos en los enterramientos”.
Las asociaciones reivindican la existencia de las tumbas vacías como una de las irregularidades que demostrarían la existencia de bebés robados. De hecho, Peña insiste en que hay provincias en las que sí se han encontrado fosas vacías. Estos colectivos exigen a la administración que invierta medios para investigar sus denuncias y lamentan que el caso de Madrigal se haya solucionado por su propia iniciativa recurriendo a una empresa norteamericana.
En la legislatura anterior el Congreso aprobó por unanimidad tramitar una ley de bebés robados por el franquismo, en la que se reconocía la sustracción de menores como un delito continuado “en un contexto de crímenes contra la humanidad”. Con la disolución de esta Cámara antes de las elecciones del 28 de abril esta propuesta decayó y los partidos tendrán que recuperarla cuando vuelva a haber actividad parlamentaria.
