Los montes españoles están en manos del cielo. Tras la mejor campaña invernal de la década en la que ardieron sólo 7.221 hectáreas, el verano lleva carbonizadas en junio, julio y agosto 30.609 hectáreas más. En cuanto las precipitaciones desaparecieron del mapa meteorológico, las llamas han tenido campo abonado para expandirse.
El 14 de julio la superficie destruida llegaba a 12.339 hectáreas. En ese mes se produjeron unos 2.200 siniestros. En el mes y medio siguiente se quemaron otras 15.509 hectáreas. En los 15 primeros días de septiembre –los datos más actualizados del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente (MAGRAMA)- ardieron 8.846 hectáreas más. 2.690 en la primera semana y otras 6.156 en la siguiente. Los meses de invierno y primavera han sido especialmente frescos y húmedos. Los medios de prevención y extinción, según la Fiscalía General del Estado, “limitados” por los presupuestos. Con todo, el año, de momento, está en el 40% de la media en cuanto a daños.
Cuando llegó la época de máximo riesgo de fuego, los montes españoles habían vivido un invierno y una primavera muy tranquilos. Estos meses coincidieron con un periodo meteorológicamente más que favorable. Según el análisis de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el trimestre invernal arrancó “muy seco” en diciembre. Pero enero y febrero ya supusieron más de un “25% por encima de la media” de precipitaciones. El trimestre dejó 205 mm de agua de media. La primavera, según los informes de la AEMET, fue “ligeramente más fría de lo normal con una temperatura media de 12,7 grados (0,3 por debajo de la media). Es la segunda más fría del siglo tras la de 2004”. A ese frescor se le unió un carácter “muy húmedo”. En ese sentido, las precipitaciones medias se colocaron en 270 mm. “La estación ha sido muy húmeda”, concluye la agencia. En ese contexto, los incendios forestales quedaron muy reducidos en todo el territorio ya que el mapa del Carácter de Precipitaciones muestra que el 90% del territorio vivió un trimestre “muy húmedo o extremadamente húmedo”. De hecho, marzo acumuló un 300% más de pluviosidad que la media histórica.
El fuego no tenía pasto pero el terreno forestal se estaba llenando de combustible para cuando el tiempo variara a seco. “El suelo y la vegetación acumulan agua, lo que retrasa el momento en que la inflamabilidad se incrementa por el calor. Es normal que tras un periodo lluvioso el riesgo se retrase. Se ha generado, sin duda, una mayor cantidad de herbáceas en nuestros montes que en condiciones adversas pueden ser detonantes de grandes incendios”, contaba el portavoz del Colegio Oficial de Ingenieros Forestales, Ricardo Vélez. Era el momento de que los medios de prevención actuaran para impedir una oleada de incendios. “Optimizar el equipo humano y material para evitar el inicio de incendios o limitar al máximo posible las consecuencias del mismo si éste es inevitable”, en palabras de los ingenieros. En ese sentido, la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2012, constata un fenómeno “nuevo”: la “limitación de las posibilidades preventivas en materia de incendios que suponen las restricciones presupuestarias a nivel de la Administración, lo que ha disminuido investigaciones y medios de combate y extinción del fuego”. En Alicante, los fiscales señalan que interesaría aumentar los controles administrativos. Los valencianos hablan de una situación “catastrófica”.
Porque si junio fue el más frío desde 1997, también fue “ligeramente más seco de lo normal (30mm)”. Julio ya merece el calificativo de “muy cálido” (1,6 ºC por encima de la media). Se trató de un mes “extremadamente cálido en la franja entre Galicia y Navarra”. Las precipitaciones estuvieron en el valor histórico: 21mm. En ese mes, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente registró más de 2.000 siniestros. Agosto repitió ese esquema meteorológico: lluvias normales y más calor de lo habitual (1 ºC más que el valor medio histórico). Mientras se aceleraba la secuencia de fuegos en los bosques, el 3 de agosto, el ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, justificaba que su nueva Ley de Montes estudie permitir levantar construcciones en terrenos quemados antes de pasados 30 años: “hospitales, prisiones o cualquier obra de interés social”.
Con el punto de partida más favorable, al menos, de la década, la temporada veraniega de 2013 no ha corrido la misma suerte con más de 38.000 hectáreas carbonizadas. Dejando a un lado el año 2012 que destrozó todas las marcas de devastación forestal, la comparación expone que si 2010 comenzó el verano con 20.119 hectáreas arrasadas, terminó el año con 34.000 hectáreas más. 2008 llegó a junio con 32.258 hectáreas ardidas y culminó diciembre con 18.064 más -sólo el verano de este curso duplica esa superficie devastada por el fuego-. De hecho, la anterior mejor campaña invernal, la de 2007, había registrado 8.665 hectáreas quemadas a 31 de mayo y cerró el año en 86.122. Aquella primavera, según la AEMET, había sido “húmeda en general y extremadamente húmeda” en más de la mitad del territorio.
El ministro Arias Cañete, en el Congreso de los Diputados, ha calificado la campaña contra incendios de “muy eficaz” y “francamente eficaz” en el caso de Galicia. El presidente del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha justificado esta semana que la limpieza de los montes es asunto de sus dueños: “En Galicia, el 98% de los montes son privados. Las mancomunidades tienen la obligación de dedicar el 40% de sus ingresos a la limpieza. Y muchas veces reciben ingresos extraordinarios por expropiaciones”, ha aducido.