Que un colegio o instituto en España tenga una enfermera escolar es casi una quimera. Hay una por cada 8.500 alumnos y alumnas, según los últimos datos recopilados por el Observatorio de Enfermería Escolar del Consejo General de Enfermería. Regular su figura para atender urgencias, pero también para dar apoyo a pacientes crónicos y hacer la siempre olvidada promoción de la salud es una demanda histórica de sociedades científicas, sindicatos docentes y asociaciones que despunta como un resorte cuando se produce alguna desgracia, infrecuente pero posible, en un centro educativo.
Acaba de ocurrir uno de esos raros casos. A principios de esta semana falleció un niño de 12 años en un instituto público de Mijas (Málaga) que no tenía personal sanitario en la plantilla y fue atendido por los docentes, formados con un curso en el uso del desfibrilador que tienen en el centro. Un curso que tuvieron que pagarse ellos, por otra parte, según explicó una docente del centro en Twitter.
“Somos un centro educativo donde cada día se reúnen 1.300 personas entre profesores, alumnos y PAS (Personal de Administración y Servicios), además de familias y otras personas de paso. Muchos pueblos tienen menos población. Y tienen servicios médicos. Y enfermeras. También tienen enfermeras escolares los colegios privados y los concertados [...], pero nosotros no podemos. Y pasa que como ayer, (que) la única ambulancia de la zona tarda 20 minutos en llegar. Y el niño muere. Y sí, a lo mejor no se podía hacer nada. Pero a lo mejor sí”, reflexionaba la profesora.
Natividad López, presidenta de la Asociación Nacional e Internacional de Enfermería Escolar (AMECE), ahonda en este punto. “El resultado probablemente habría sido el mismo y el riesgo cero no existe”, expone, “pero los padres y los profesores tendrían la tranquilidad de que se ha hecho todo lo posible. En un colegio a lo largo de un día pasan muchas cosas, pequeñas y grandes caídas. En la última que yo conozco en un colegio, la enfermera le mantuvo con vida”, cuenta. Es un caso más, no representativo quizás, pero igual del real que el otro.
“Es un claro déficit del sistema”
El caso de Mijas es extremo, pero trae a primera línea un debate recurrente y que va más allá de un episodio tan grave como este. “La falta de enfermeras en los centros es un claro déficit del sistema”, sostiene Vicent Mañes, presidente de Fedeip (Federación de Asociaciones de Centros Educativos Públicos de Educación Infantil y Primaria), “y en un futuro lo veremos como la cosa absolutamente normal que debería ser, pero hoy en día es muy residual”, explica. Y no porque no hicieran falta.
“No se trata de tener a alguien metido en la enfermería o gestionando el botiquín, también podría asumir el tema de hábitos higiénicos, nutricionales, colaborar con el menú escolar, formar al profesorado, asumir el papel de vínculo con el sistema sanitario en el colegio... Podría ser un papel muy amplio”, enumera. “Hacer el seguimiento del alumnado, de quienes se ponen malos en los centros, de los que tienen alguna alergia o administrar algún medicamento si hace falta. Hay razones de sobra para incorporar este personal”, abunda Francisco García, secretario general de Educación de CCOO, uno de los sindicatos que lleva tiempo –como todos los actores educativos– pidiendo esta figura.
La reivindicación también cogió especial fuerza en los centros educativos durante la pandemia, cuando se decidió que uno de los trabajadores –el rol le cayó casi siempre a alguien del equipo directivo– se convirtiera en coordinador COVID de la noche a la mañana y se hiciera cargo de los posibles casos, detectar positivos, aislarlos y gestionarlo todo con los centros de salud (cuando cogían el teléfono, pero eso es otra historia). “Ya lo dijimos entonces”, recuerda Mañes, “si hubiéramos tenido enfermeras habría estado claro a quién le correspondería esto”. Y habría sabido hacerlo correctamente.
Sin estadísticas
Recopilar las cifras de enfermeras escolares es un rompecabezas: no hay números oficiales, las comunidades son reacias a ofrecer sus datos y la mayoría de las profesionales –si las hay– van itinerando por horas de un centro a otro, explica el secretario general del Consejo General de Enfermería, Diego Ayuso, lo que hace complicado tener una fotografía del estado de la cuestión.
Las situaciones son muy dispares según el territorio. El Consejo General de Enfermería calcula que en toda España el número de enfermeras escolares no llega al millar para más de ocho millones de alumnos. En el abanico encontramos desde Asturias, que cuenta con solo una enfermera para 131.480 alumnos, a Madrid, que con 700 tocan a 1.711 alumnos cada una y es la comunidad donde se ha avanzado más en la implantación de esta figura. En Canarias son 10 para 326.105 escolares (32.610 menores para cada enfermera) y Castilla y León cuenta con 22 con una población escolar de 335.308 niños y niñas (una por cada 15.241 estudiantes). Estos números sitúan a España lejos de los países europeos como Finlandia, donde hay una enfermera por cada 600 escolares, siempre según el Consejo General de Enfermería. La Asociación Norteamericana de Enfermería Escolar (NASN, por sus siglas en inglés) marca una ratio de una profesional por cada 750 niños y niñas.
¿Cómo se decide qué centros sí y qué centros no? La maestra del IES Sierra de Mijas lamentaba que mientras en su centro, público, no hay enfermera, los privados de alrededor (con o sin concierto) sí tienen. No existe ninguna comunidad autónoma donde se haya regulado la incorporación de una figura sanitaria de manera obligatoria en todos los colegios e institutos, lo que sugiere que al final depende de los recursos propios y la voluntad de tenerla. Lo que más se aproxima a esto es una orden de la Comunidad de Madrid de 2014, que indicaba la contratación de una enfermera si en el colegio había alumnado con diabetes o sonda gástrica de alimentación. El objetivo de aquella orden, según se redactó, era permitir “el acceso a la educación en condiciones de igualdad” a los chicos y chicas con necesidad de atención sanitaria.
El criterio de las comunidades para acceder a contratar o no a una enfermera escolar son aleatorios. En los centros de educación especial, por ejemplo, está más normalizado por el tipo de alumnado, pero aun así no es extensible a todas las comunidades. “Muchas veces depende de la presión que sean capaces de hacer las familias o de si ha pasado algo”, subraya López, de AMECE y enfermera recién jubilada tras trabajar 42 años en un centro de educación especial en Madrid.
Los datos del Consejo General de Enfermería incluyen a centros públicos, privados y concertados. El reparto entre ellos, coinciden Ayuso y López, es muy desigual. En las comunidades autónomas con pocas profesionales sanitarias en colegios e institutos, estas suelen estar concentradas en centros privados. “¿Qué colegio privado no tiene enfermera o incluso una médica? ¿Entonces en unos se necesita y en otros no?”, se pregunta la presidenta de AMECE. En Madrid, por ejemplo, la distribución es de 500 sanitarias en centros públicos y 200 en privados, una relación favorable a lo público (por una vez), que atiende al 54% del alumnado pero tiene el 71% de las enfermeras.
Las organizaciones que llevan años empujando para conseguir una enfermera en cada centro escolar están convencidas de que se trata de una cuestión económica. Una medida que “políticamente se percibe como un gasto no productivo”, apunta López. El sindicato SATSE calcula, mirando a los países del entorno, que tendría un coste de entre 16 y 20 euros al año por habitante. El director Mañes tiene claro que si no forman parte del sistema es por una cuestión “puramente económica”, y aunque está convencido de que “nadie puede dudar de que una figura así sería conveniente”, no se reconoce esta necesidad desde la administración “porque entonces hay que dotar el servicio”.
“Ahorraríamos dinero”
“Si hablamos de dinero, estamos ahorrando costes al sistema sanitario”, sostiene López. “Si un niño entra con una crisis de asma y le tratas en el cole, en un cuarto de hora puede estar en clase. De la otra manera, llamas a urgencias, la familia tiene que venir y hay que ir al hospital. Pero parece que hasta que no afecta, no hay sensibilidad. Y las urgencias graves no es algo que pasa solo en las películas”, afirma López.
Hablando de dinero, Mañes especifica que ni siquiera haría falta una profesional por centro. “Se estudia el perfil profesional necesario, vemos qué le pedimos a esa profesional, cuánto tiempo necesita en cada centro y, si es el caso, los pequeños pueden compartir una”, propone. A modo de ejemplo personal, pero probablemente representativo, Mañes explica que a su colegio, en la Comunitat Valenciana, no va una enfermera de manera regular; solo acuden a dar algún mini curso o una charla porque el centro así lo ha pedido, y siempre dependiendo de la coordinación con el centro de salud y de la buena voluntad de este para enviar a alguien.
En verano de 2020, la Organización Colegial de Enfermería envió cartas a las consejerías de Sanidad y Educación de las 17 comunidades autónomas y a los dos ministerios. Solo dos administraciones les contestaron, indica Ayuso: Aragón y Baleares. En estos territorios se da otro modelo. Las enfermeras escolares son profesionales que trabajan a tiempo completo en centros de Atención Primaria y se liberan algunas horas a la semana para pasar por varios colegios.
“La pandemia ha puesto de manifiesto que donde fallamos no es en el tratamiento de la patología aguda sino en la salud pública y la prevención. Y las enfermeras escolares forzarían ese cambio en el modelo. Tendríamos una sociedad adulta mucho más sana si en el colegio se habla de hábitos de vida saludable, por ejemplo”, cierra Ayuso.