Olivian tiene 10 años y una cardiopatía congénita. En octubre, tras varias operaciones siendo bebé, le trasplantaron un corazón. Desde entonces se recupera en casa con su familia, formada por sus padres y otros tres hermanos de 8, 7 y 2 años. Bajo ese techo se respira preocupación por los signos de rechazo que el cuerpo del niño manifiesta, pero también por un futuro que se difumina a partir del 21 de abril: la fecha para la que está previsto el desahucio de la casa de alquiler en la que viven desde noviembre de 2013 en el barrio madrileño de Tetuán.
Ana, la madre, ya no sabe dónde ir. Su cabeza es un constante “¿cómo hago, a quién pido ayuda, por dónde tiro?”. Pero las opciones de salida, dice, se van enterrando una a una. En servicios sociales les informan de que las posibilidades de una vivienda alternativa adaptada a su nivel de renta están paralizadas. “Estamos en lista de espera en el IVIMA desde junio de 2009. Nuestra solicitud está admitida, pero la trabajadora social nos dice que el proceso está paralizado, sin más explicaciones”, asegura Ana, que ha buscado sin éxito respuestas en los despachos.
La última esperanza estaba puesta en el fondo de 400 viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, creado por convenio con distritos y organizaciones sociales y destinado a las familias con problemas habitacionales. “Cada trabajador social de distrito propone un caso y la nuestra nos propuso a nosotros. Parecía que todo iba bien, que era casi seguro. Ahora nadie sabe nada”, explica. Hace dos semanas, el área de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid aseguraba a eldiario.es que todas las viviendas están ocupadas por familias que han sido desahuciadas o que estaban en riesgo de serlo. Otra puerta cerrada.
No hay medidas para los desahuciados por alquiler
La solución inicial, una ayuda del Ayuntamiento que se transfería directamente a la cuenta del particular propietario de la vivienda, fue rechazada por el dueño. Según Ana, su casero también se negó a negociar el alquiler. “Quería todo o nada, así que nos envió una carta de amenaza para que pagáramos los meses que debíamos. Menos de 10 días después, nos demandó”.
Hasta junio asumieron las mensualidades de 500 euros, con otros 300 euros de añadido en comunidad y suministros. Gastos imposibles para un bolsillo semivacío: en la casa entran 532 euros de ayuda familiar y otros 255 más de dependencia para Olivian, que se esfuman, entre otras necesidades, en la compra de todos los medicamentos que toma. La mayor parte de su familia vive en Rumanía. “Aquí no tenemos a nadie si nos echan de casa”.
Cada vez son más las personas que no pueden pagar un alquiler. El 51,3% de los desahucios que contabilizó el Consejo General del Poder Judicial en los nueve primeros meses de 2014 son consecuencia del impago de la cuota impuesta por un arrendador, frente al 43,4% relacionados con ejecuciones hipotecarias.
Son los grandes ignorados por las medidas del Gobierno, que amplía las que ya están en vigor desde 2013 para deudores hipotecarios (como la moratoria hasta 2017) y anuncia otras nuevas (una suerte de dación en pago con alcance limitado) olvidando a esos otros deudores que, sin propiedades, no pueden pagar un alquiler.
El miedo a resistir hasta el último día
En el colegio, situado en un barrio deprimido como La Ventilla, Ana vence la vergüenza y pide ayuda a los padres y las madres de los compañeros de sus hijos. “La mayoría están en situaciones complicadas y no pueden ayudarnos porque también necesitan ayuda, pero hablar me desahoga, es una terapia para mí”, admite. El equipo directivo ha estado muy pendiente de la evolución clínica de Olivian. Eso dice Ana, con tono agradecido. “El apoyo emocional que nos da el cole es fantástico”.
Fue el propio equipo directivo del centro el que animó a la familia a ponerse en contacto con las asambleas de vivienda del barrio, una opción que consideran por sus circunstancias como la última. “Me da miedo que Olivian viva el estrés y la tensión de un desahucio. Me asusta por nosotros, por el resto de mis hijos, y sobre todo por él”.
El corazón de Olivian no es en realidad el corazón de Olivian, y su organismo lo detecta. Por eso ha comenzado a fabricar anticuerpos que lo inflaman y comprometen su correcto funcionamiento. Desde el lunes el niño pasa por un nuevo ingreso, esta vez para practicarle una biopsia que dé a los médicos más información sobre su evolución.
Ana baja el tono cuando habla de la incertidumbre que rodea su futuro: “Estamos machacados desde que le operaron. En el tiempo de ingreso alternaba días en la UCI con otros en planta. Hubo complicaciones. Aquí no tenemos a nadie que nos ayude y los niños...”. Las palabras se atropellan, se pisan unas a otras. “Son muchas cosas”, dice finalmente. Y respira al otro lado del teléfono.
Hace cinco años su vida era otra. “Vivíamos en la sierra y los dos trabajábamos. No eran grandes trabajos, pero nos buscábamos la vida. Yo daba clases particulares. Íbamos saliendo”, recuerda. El diagnóstico de Olivian puso patas arriba esa relativa estabilidad. No solo por la preocupación intrínseca al grave problema de salud. También por una obligada mudanza al centro de Madrid para estar cerca de los centros médicos que seguían el caso de su hijo.
Mantener a los niños al margen de lo que pasa es cada vez más difícil para Ana y Nicolás. La mayor de las hermanas se convence a sí misma de que “lo más importante es la salud de Olivian”. Tiene ocho años. El pequeño, de solo dos, “por suerte no se entera mucho”. Ana también sufre por ellos. “Los veo nerviosos, revoltosos y a ratos asustados. A Olivian le ponemos por la noche la mascarilla de oxígeno, y eso enrarece”.
En una desesperada, la pareja se planteó redactar una carta dirigida al consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, pero no llegaron a escribir una palabra. “Total, ¿quién me haría caso?”.
La propietaria de la vivienda, Chusa, confirma que el Ayuntamiento ofreció asumir el importe de un mes de alquiler, pero ella se negó porque “esa no era la solución al problema”. Asegura que, acompañada de una abogada, trató de negociar un nuevo alquiler con la familia, “pero ellos no quisieron y reaccionaron de forma violenta”.
Chusa, según explica, tiene la vivienda pagada, pero tuvo que dejarla porque con sus ingresos era imposible costear los gastos de comunidad y las facturas. “Yo no puedo acarrear su deuda. Y he ido pagando todo lo que no han hecho ellos durante meses gracias a la ayuda de mis padres”, afirma.