“Los muertos no tienen carnet político, nosotros rezamos por el difunto. No hay un tribunal en este sentido”. El portavoz de la Conferencia Episcopal (CEE), José María Gil Tamayo, trataba de zanjar así el debate sobre la posibilidad de que los restos de Franco sean enterrados en la cripta de La Almudena una vez sacados del Valle de los Caídos. “La CEE no tiene competencias, ni un departamento de defunciones”.
“La Iglesia no puede negarle ese derecho a un cristiano, si la familia tiene un derecho adquirido”, recalca Gil Tamayo, quien abogó por la “despolitización” de la exhumación del dictador, y subrayando que la cuestión “es competencia del Arzobispado de Madrid”. “Si la familia decide enterrarlo ahí, no puede oponerse”, añadió.
Respecto a otro de los temas polémicos, las inmatriculaciones de bienes por parte de la Iglesia, el portavoz señaló que los obispos “tenemos el deber de defenderlos, y la responsabilidad de transmitirlos, para beneficio y disfrute del pueblo español, por un deber constitucional”. Para Gil Tamayo, los bienes de la Iglesia “están puestos a disposición de toda la población española”, por lo que “exigimos que el Estado ayude en la conservación” de los mismos.
Sobre la posibilidad de recurrir a la Justicia para evitar la nacionalización de los bienes, el portavoz aseguró que “si pasamos a la usurpación, a la nacionalización, a la desamortización, sí defenderemos nuestros derechos”. “Estamos muy seguros al amparo de la ley”, añadió Gil Tamayo, quien denunció las “querencia ideológicas decimonónicas” que, en su opinión, se esconden detrás de los intentos de cuestionar la titularidad de la Iglesia. “Ya está bien, son cuestiones muy añejas. En el campo político de la izquierda, es necesario que estos temas tengan una adecuación democrática y no añoranzas decimonónicas”.