Tiene tarea por delante Isabel Celaá (1949, Bizkaia) como ministra de Educación: aprobar una nueva ley. La buena noticia para ella es que tiene buena parte de los deberes ya hechos: la norma que llevará a la LOMCE de José Ignacio Wert a los libros de historia ya está preparada.
Uno de los últimos actos que realizó el Gobierno antes de convocar elecciones fue aprobar en el Consejo de Ministros su reforma educativa. Fue un acto simbólico porque se hizo exactamente el mismo día que se disolvían las Cortes, pero también una declaración de intenciones: tenemos ley y la aprobaremos si repetimos gobierno.
Celaá repetirá como responsable de Educación, aunque cediendo la portavocía del Ejecutivo a María Jesús Montero, con energía, ilusión y “muchas cosas preparadas”, según cuentan en el Ministerio. Antes de ministra, Celaá, licenciada en Filosofía, Filología Inglesa y Derecho, acumula una dilatada experiencia en la administración educativa.
Fue viceconcejera de Educación del Gobierno vasco con Fernando Buesa de titular y consejera con Patxi López de lehendakari. Originaria de la comunidad autónoma con más escuela concertada de España (Euskadi), la evolución de la escolarización de las dos redes (pública y concertada) junto con el desarrollo del inglés han sido dos cuestiones que siempre le han preocupado durante su gestión, según explicaban Aitor Guenaga y Eduardo Azumendi en este perfil. En su opinión, la culpa del desequilibrio a favor de la red concertada en Euskadi se debe a “la política nacionalista”.
Además de la nueva ley, y según recoge el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, la ministra tendrá el encargo de retirar el concierto a los colegios que segreguen por sexo, asegurarse de que las cuotas de estos centros son realmente voluntarias, mejorar las condiciones laborales del profesorado, especialmente las interinas, elevar la inversión al 5% del PIB y bajar las ratios y universalizar el tramo de educación infantil 0-3 años. No lo tendrá fácil la ministra: algunas de estas medidas dependen más de los gobiernos de las comunidades autónomas que de Madrid.
Con estos mimbres tendrá que afrontar uno de los puntos acordados entre PSOE y UP: meterle mano (un poco) a la escuela concertada. Los dos partidos se han comprometido a retirar los conciertos a los colegios que segreguen a sus alumnos por sexo, una medida introducida en la LOMCE y que el Tribunal Constitucional avaló tras una denuncia del PSOE. También incluye el pacto de Gobierno que las cuotas que se pagan en estos centros sean realmente voluntarias y no obligatorias de facto como sucede ahora (lo cual es ilegal).
Hace apenas un par de meses que la ministra tuvo un encontronazo con la escuela concertada, cuando afirmó en su propio congreso que “la Constitución no ampara la libre elección de centro”. Se armó tal revuelo ante sus afirmaciones que al día siguiente lanzó un mensaje tranquilizador a la patronal: “El sector puede estar tranquilo”, dijo. Si alguien pensaba que el nuevo Ejecutivo va a ir algo más allá contra la escuela concertada, una vieja reivindicación de Podemos ya aparcada, que se olvide.
Más real es la nueva ley educativa, que será la octava en democracia, aunque normas rupturistas con lo anterior y vertebradoras del sistema ha habido tres: la Ley General de Educación, de 1970, la LOGSE, de 1990, y la LOE, de 2006. Si el Gobierno aprueba la misma norma que presentó en el Congreso el pasado mes de febrero, restará peso a la Religión haciendo que no cuente para la media, dará más margen a las comunidades autónomas para distribuir horas lectivas, recuperará horas de Filosofía que la LOMCE laminó y dará flexibilidad al Bachillerato, entre otras medidas.
Además de estas cuestiones, el Gobierno se ha comprometido a universalizar el acceso a la educación infantil 0-3 años mediante la expansión de la red pública (competencia de las Comunidades autónomas), a subir la inversión en Educación hasta el 5% del PIB (lejos quedan las promesas de Pedro Sánchez de llegar al 7%, la considerada cifra óptima para el sector) o reducir las ratios (también competencia regional) y luchar contra el acoso escolar y el abandono.
Una de las medidas más mediáticas que tomará el Gobierno será restar peso a la Religión. Lo hará eliminando la asignatura alternativa, lo que reforzará el carácter voluntario de la materia, y sin que la nota compute para las medias como sucede ahora.
Un último asunto con el que tendrá que lidiar el sector educativo, aunque quizá de manera más residual, es con la pendiente cotización a la Seguridad Social de los becarios de Formación Profesional y Universidad. El último gobierno operativo aprobó una norma que obligaba a cotizar a todos los becarios. Ante el coste y la incertidumbre de la medida (¿quién la pagaría, los centros educativos o las empresas destinatarias?), se decidió aplazar el desarrollo normativo del decreto que lo regulaba: primero se anunció que entraría en vigor este curso 2019-20. Cuando los plazos lo hicieron imposible, se volvió a aplazar, de manera que el Ejecutivo acabó incumpliendo su propia norma.