Este fin de semana se celebran las oposiciones docentes en la mayoría de España –la Comunitat Valenciana las hizo en mayo– en una de las convocatorias más numerosas de la última década, con más de 27.000 plazas firmadas. Tras un año de pausa por la pandemia, las comunidades autónomas retoman las pruebas, en teoría, destinadas a estabilizar el empleo en la Educación e incluso rebajar la temporalidad, un problema que asola al sistema y merma la calidad educativa, según aseguran los profesionales del sector. La mayoría de las plazas que salen este año corresponden al cuerpo de Secundaria. Los maestros de Primaria tendrán que esperar al próximo verano.
Este curso escolar ha sido agridulce para los profesores interinos. Por un lado, la pandemia y la necesidad de separar al alumnado en clase y por tanto formar más grupos ha llevado a las comunidades autónomas a contratar a más de 35.000 docentes de refuerzo que en circunstancias normales no habrían trabajado, o al menos no tanto. Pero, por otro, estas incorporaciones extraordinarias han disparado la temporalidad en la enseñanza y, a falta de que las comunidades autónomas acaben de confirmar sus planes para el curso que viene, apuntan a flor de un día: el acuerdo entre el Ministerio de Educación y los gobiernos autonómicos permite a las autonomías volver a las ratios prepandemia.
El sector, que arrastra un problema de precariedad desde hace años, ha pasado de tener un 22,6% de interinos el pasado septiembre a un 27,7% durante el curso, según un estudio de CCOO. Los sindicatos y el Gobierno firmaron en 2017 un acuerdo por el que se fijaba el objetivo rebajar la interinidad en los sectores esenciales, como la Educación, hasta el 8%. Europa también le ha tirado de las orejas a España por “abusar” de la temporalidad en la administración.
Y en el caso de la Educación el problema de la interinidad no es solo laboral y de los profesores. Lo cuentan los profesores y directores una y otra vez: un docente interino también supone una merma de la calidad educativa. Para el centro, porque le cuesta darle continuidad a los proyectos educativos; para el propio docente, que puede dudar en implicarse en exceso a la hora de impulsar programas porque sabe que al año siguiente no estará en el centro, o que si lo hace no podrá desarrollarlo; y para el alumnado, sobre todo los más pequeños, que ven cómo cada curso tienen un profesor distinto.
“Los colegios e institutos no pueden hacer planes a largo plazo porque no saben con qué personal van a contar”, explica Luis Tovar, profesor interino en Ceuta. “También pasa que se hacen formaciones específicas, pero luego el profesor se va a otro centro. Los proyectos educativos en los colegios empiezan desde primero y van subiendo, y así [cuando se va el maestro que lo ha puesto en marcha o no se sabe con quién se va a poder contar] todo se complica”, argumenta. Un 22% de interinidad significa que, de media, uno de cada cinco profesores de cada colegio e instituto cambiará de centro cada año.
Convocatorias masivas, pero “insuficientes”
Y en esas llegan a la mayoría de las comunidades autónomas las oposiciones docentes este fin de semana, la principal (única, en realidad) herramienta que tiene la administración para rebajar la interinidad. Tras un año, el pasado, en el que solo Catalunya realizó las pruebas debido a la pandemia, este verano vuelven las convocatorias masivas: en total, las diferentes comunidades van a ofertar 27.583 plazas este 2021. Esta cifra es la segunda más alta en la última década y sin embargo “insuficiente”, en opinión de los sindicatos, para avanzar hacia la rebaja pactada. Según cálculos de CCOO, para acercarse a ese 8% sería necesario aprobar 83.215 plazas más. Se calcula que unas 177.000 personas van a optar a esas 27.583 plazas: unos seis aspirantes por cada puesto.
La oferta de empleo público en Educación se ha movido entre extremos en los últimos años. Entre 2011 y 2017, ambos incluidos, se convocaron en total menos de 36.000 plazas. Fueron los años duros de la crisis del ladrillo y primero Zapatero y después Rajoy básicamente prohibieron las oposiciones estableciendo una tasa de reposición (el porcentaje de jubilaciones que se vuelven a cubrir) primero del 10% que fue subiendo paulatinamente hasta el 50%. Como consecuencia lógica, la temporalidad se disparó porque los alumnos no se van a ningún lado y los profesores seguían haciendo falta; como no se podían incorporar funcionarios con plaza, se tiró de los interinos. Del 18% de temporalidad en 2010 se pasó a un 26% en 2017.
El pacto por la estabilidad del empleo cambió el rumbo. Las 36.000 plazas ofrecidas en los siete años previos se convirtieron en 88.455 entre 2018 y 2021 (incluyendo el pasado año, cuando apenas se convocaron 4.892). Pero a este ritmo, dicen los sindicatos, llegar al 8% acordado va a ser difícil en muchas comunidades. “Estas cifras no solo suponen un incumplimiento flagrante del acuerdo, sino que suponen una merma de la calidad educativa”, explican desde CCOO.
También es cierto que la situación varía, mucho, entre regiones. Galicia estaba, antes de los refuerzos COVID, por debajo del objetivo fijado con un 5,2%. Es la única comunidad que cumple, aunque Andalucía, Madrid, la Comunitat Valenciana, Extremadura y las Islas Baleares están por debajo de la media. Por el contrario, en Euskadi, Catalunya, Aragón, Navarra y Canarias uno de cada tres docentes son interinos.
El problema, sostienen las organizaciones sindicales, es uno con dos caras que se retroalimentan. Por un lado la tasa de reposición sigue vigente, al 110%, lo cual significa que en el mejor de los casos se repone el 100% de las plazas de las personas que se jubilan y un 10% más. Por otro, el cuerpo docente está envejecido: el grupo más numeroso es el formado por los profesores de entre 40 y 49 años, con 176.371 personas. El siguiente más amplio lo forman quienes tienen entre 50 y 59, que son un total de 157.386 profesores.
La tercera pata que dificulta que se rebajen las cifras de la interinidad es que, aún siendo las convocatorias insuficientes, no en todas las convocatoria se cubren todas las plazas convocadas. Entre 2018 y 2019 quedaron 3.662 plazas sin cubrir porque aprobaron la prueba menos docentes que las plazas que se ofrecían.
Y luego hay etapas y etapas. “La reducción general de la temporalidad llega a costa de reducirla en algunos cuerpos, pero no en otros”, explica José María Ruiz, responsable de Educación Pública de CCOO. Ejemplos: los maestros están en cifras cercanas a lo pactado, pero en la FP o los Conservatorios la interinidad alcanza al 50% o incluso 60% de las plantillas. En algunas especialidades de la Formación Profesional hay comunidades autónomas que llevan más de una década sin convocar plazas. Es el caso, por citar algunas, de Producción de Artes Gráficas o Servicios de Reparación en Aragón: 15 años sin sacar una plaza fija. En La Rioja, de las 29 especialidades solo se han convocado plazas en cuatro de ellas en los últimos 12 años.
En cualquier caso, decenas de miles de docentes o aspirantes a serlo se presentarán este sábado a una prueba que llega con cierta polémica. Las comunidades han tenido comportamientos desiguales a la hora de planificar los exámenes, y en algunas autonomías ha habido más incertidumbres que certezas durante todo el proceso. Los sindicatos han protestado por la falta de medidas específicas preventivas ante la pandemia en muchas regiones, apoyados por el hecho de que en muchas regiones para un profesor en ejercicio es prácticamente obligatorio presentarse a la convocatoria –más allá de por la posibilidad de obtener una plaza fija– si no quiere correr el riesgo de salir de las listas o bajar posiciones y quedarse sin trabajar al año siguiente, lo que sucede en Canarias, Castilla-La Mancha, Madrid, Navarra, Ceuta y Melilla.
Las protestas se han sucedido en las diferentes comunidades. En Canarias, STEC-IC llevó el asunto a los justicia y pidió la suspensión de la convocatoria, pero el Tribunal Superior de Justicia lo acaba de rechazar. En Madrid, el Gobierno regional ha publicado las condiciones en las que se realizará la prueba pocos días antes del día marcado, para desesperación de los aspirantes. En Asturias se sucedieron las manifestaciones para que no se realizara la prueba.
Uno de los asuntos espinosos de este curso es qué va a suceder con los candidatos que no puedan presentarse finalmente a las pruebas por estar contagiados de COVID o por ser contacto estrecho y tener que aislarse. “Permitir a estas personas la posibilidad de presentarse a la prueba en un momento posterior, habiendo justificado debidamente su situación, es garantizar la igualdad ante las pruebas y desincentiva que se asista al examen o se escondan los síntomas de COVID-19 ante el miedo de perder una oportunidad”, explican desde CCOO. Un temor doblemente justificado si se tiene en cuenta que las oposiciones docentes alternan cada año: un profesor de Secundaria que no las haga este tendrá que esperar hasta 2023 para tener otra oportunidad.
Según un estudio del sindicato, solo ocho de las 17 comunidades (Canarias, Cantabria, Catalunya, Castilla y León, Galicia, Navarra, la Comunitat Valenciana y La Rioja) repetirán la prueba a los aspirantes que no la puedan realizar, sea la primera fase (examen escrito) o la segunda (parte práctica). Otras tres (Andalucía, Aragón y Extremadura) solo repetirían, en su caso, la segunda prueba.