Fue bonito mientras duró. El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las comunidades autónomas para la reanudación del curso escolar ha acabado de romper las esperanzas (a quien le quedaran) de que se mantuvieran el año próximo un número reducido de estudiantes por aula, como ha sucedido este 2020-2021. La decepción entre la comunidad educativa es prácticamente unánime. “Es un error sanitario y educativo”, claman los sindicatos. “Preferiríamos ser cautos antes de anticiparnos a la vuelta de las ratios de antes de la pandemia”, valoran los directores de instituto de la asociación Fedadi. Las redes sociales están llenas de profesores lamentando la decisión.
“Nadie quiere un metro y medio” de distancia de seguridad, dijo el pasado miércoles en rueda de prensa la ministra de Educación, Isabel Celaá, en alusión a los consejeros autonómicos, certificando el fin de las ratios bajas y una de las pocas cosas buenas –sostienen los profesionales de la educación– que ha traído la pandemia. El nuevo curso empezará en principio con una distancia entre alumnos de 1,2 metros (ha sido metro y medio este año) y el compromiso de garantizar la mayor presencialidad posible. El acuerdo alcanzado fija negro sobre blanco que las comunidades podrán volver a los topes máximos que marca la ley. Esto es, 25 alumnos por clase en Infantil y Primaria, 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato, si les caben en el aula. Este curso aún sin finalizar, aunque no se cambió la normativa sí se pactó que los grupos tuvieran un máximo de 20 alumnos, tope que más o menos se ha respetado en la mayoría de las autonomías, que son quienes tienen la potestad real de subirlas o bajarlas (dentro de los topes legales). Por los mensajes que han ido deslizando los responsables autonómicos, la idea para septiembre es apurar esos máximos todo lo posible.
Los profesores han agradecido los grupos reducidos en su desempeño docente. Tener menos alumnos por clase es, probablemente, su principal reivindicación histórica, siempre desatendida. Obviando que este año esta reducción se ha conseguido en algunos casos a costa de dejar a la mitad del alumnado en su casa cada día, fórmula que dista de ser el ideal, sostienen los profesores, el trabajo en clase con grupos reducidos ha mejorado este curso hasta el punto de compensar, o casi, los días que el alumnado no acude al centro.
El mensaje se repite entre el profesorado. “Al bajar las ratios se ha podido manejar el desarrollo pedagógico en las clases de manera más efectiva y se ha podido atender la individualidad de cada estudiante”, valora Óscar Martín Centeno, director del colegio Santo Domingo, en Algete (Madrid) y presidente del Consejo de Directores de Madrid. “Tener menos alumnado en el aula hace que cunda mucho más, en dos clases compensas las otras dos en las que no han venido, prácticamente. Se nota mucho, aunque sea porque ya no están sentados de dos en dos y no pierdes tanto tiempo poniendo orden”, comenta otro docente.
Los sindicatos y las asociaciones de directivos están molestos y exigen a ministerio y comunidades autónomas que mantengan al menos las contrataciones extra de profesores de este curso para mantener un número bajo de alumnos por aula. “Las direcciones de los centros preferimos en estos momentos ser cautos antes de anticiparnos a la vuelta de las ratios de antes de la pandemia, sería idóneo aplicar para el próximo curso las medidas de este. Preferimos prevenir y ya en el curso 2022-2023, cuando habrá una información más concreta al respecto de la pandemia, tomar decisiones más precisas”, explica Toni González, secretario de la Federación de asociaciones de directivos de institutos públicos Fedadi y director del IES Pare Vitòria, en Alicante.
Los sindicatos se manifiestan en términos parecidos. Anpe considera que “es necesario llevar a cabo medidas de desdoble y contratación de profesorado, habilitando espacios donde sea necesario, para poder posibilitar, por un lado, una vuelta a la presencialidad en todas las enseñanzas y para todo el alumnado, evitando así las desigualdades que se han producido durante este curso, y, por otro lado, ayudar a compensar los déficits de aprendizaje acumulados desde que comenzó la pandemia con una enseñanza más individualizada”.
CCOO calcula que además de los 35.000 profesionales que han reforzado los colegios este año harían falta otros tantos, por motivos tanto sanitarios como pedagógicos. “Los colegios han sido espacios seguros, lo que ha permitido mantenerlos abiertos todo el curso, al contrario que en muchos otros países de Europa”, explican desde el sindicato. “Si las normas han funcionado, ¿por qué apostar por la inseguridad?”, se pregunta su responsable, Francisco García. A nivel educativo, una clase pequeña ayuda sobre todo a los alumnos más desfavorecidos, sostiene García, que critica que Educación no haya liderado la reducción de ratios por la vía de los hechos, en vez de dejar a los gobiernos autonómicos elegir.
La ministra Celaá pidió a las comunidades el pasado miércoles que mantenga las ratios bajas y cuenten otra vez con el profesorado de refuerzo, aunque en el acuerdo alcanzado ha quedado finalmente como una recomendación.
¿Contradicciones políticas?
Y luego están las comunidades autónomas, que lanzan mensajes que parecen contradictorios. Varias de ellas, como Madrid, Catalunya, Andalucía, Aragón o Extremadura han anunciado su intención de consolidar de alguna manera la reducción de las ratios, pero al mismo tiempo defendieron en la Interterritorial que acabó de definir el próximo curso la reducción de la distancia de seguridad para poder meter más alumnado en clase en septiembre. Un ejemplo: el consejero de La Rioja, Pedro Uruñuela, defiende al mismo tiempo que el metro y medio de distancia es “excesivo” y que reducirlo “facilitaría organizar las aulas manteniendo el mínimo riesgo de contagio” con su disposición a reducir las ratios. En Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que pretende rebajar el número de alumnos por aula, pero el pasado año apuró hasta ya entrado septiembre para contratar profesores extra que permitieran rebajarlas de facto y fue la única comunidad autónoma que despidió a parte de ellos en diciembre.
Otras, como Baleares, son más directas. El director general de Planificación, Ordenación y Centros del Gobierno balear, Antoni Morante, afirmó el pasado jueves que es “imposible” mantener las ratios bajas si se quiere aspirar a la máxima presencialidad, y confirmó lo obvio: reducir la distancia entre el alumnado implica meter más estudiantes en cada clase.
El asunto también ha trascendido lo educativo para entrar en lo puramente político. A Unidas Podemos, socio del PSOE en el Gobierno, no le ha gustado que se haya decidido dar margen a las comunidades para aumentar las ratios, y su portavoz educativo en el Congreso, Joan Mena, ha registrado varias preguntas por escrito para pedir explicaciones al Ministerio de Educación. Argumenta Mena que “bajar la ratio, y por lo tanto, reducir el número de alumnos y alumnas en clase, sería una medida efectiva para mejorar la calidad de la educación y un gran avance que podía conservarse de las medidas adoptadas como consecuencia de la pandemia. La OCDE afirma que un mayor tamaño de las clases se asocia a un porcentaje más elevado de estudiantes con problemas de comportamiento”, y pide al departamento que dirige Celaá que justifique la motivación para ampliar las ratios “teniendo en cuenta los buenos resultados pedagógicos” obtenidos este curso.
UP también le plantea a la ministra un aspecto que aparece en el pacto de gobierno alcanzado entre PSOE y el partido morado y que el ministerio ha evitado durante lo que va de legislatura. “¿Tiene previsto el Gobierno modificar la normativa actual vigente con la finalidad de establecer una rebaja generalizada de las ratios para el próximo curso?”, plantea Mena. La ministra Celaá optó por no rebajar las ratios máximas en su recientemente aprobada Lomloe y su política al respecto ha sido dejarlo en manos de las comunidades autónomas, que suelen aludir a lo costoso en términos económicos de esta medida para no llevarla a cabo. CCOO calcula que el coste de contratar a los docentes necesarios para aplicar esta reducción sería de 2.654 millones de euros, el 0,24% del PIB de 2020.
El curso está planteado, pero la situación, como recordó la ministra el pasado miércoles, es cambiante. Basta recordar qué sucedió este año, aunque es cierto que había menos información. Medio mes antes del comienzo de las clases había comunidades que aún no tenían claro si contratar más docentes, a cuántos, ni cómo organizarse. Este año próximo tendrán la ventaja de la experiencia acumulada. También saben qué quieren sus comunidades educativas: presencialidad y ratios bajas. Otra cosa es que estén dispuestas a dárselo.