Casi tres años y dos cursos después, el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Universidades y las comunidades autónomas (algunas obligadas) para bajar y armonizar el precio de las tasas universitarias ha tenido un resultado desigual. Hoy, como con la normativa anterior a este pacto y con la anterior a aquella, el coste de estudiar un grado se puede multiplicar varias veces en función de en qué comunidad autónoma se curse.
Como se ve en el gráfico, el acuerdo sí ha logrado avances en una dirección, la de la reducción de precios –al menos de primera matrícula–, pero no ha sido tan efectivo en la armonización (gráfico inferior), según el estudio Precios públicos de matrícula, ¿ya está?, elaborado por el Observatorio del Sistema Universitario de Catalunya (OSU).
Estudiar en la universidad es tan dispar que, en toda España, la horquilla va de los 518 euros que cuesta la matrícula del grado más barato (en Asturias) hasta los 1.361 del más caro (en La Rioja). Otro ejemplo: Las carreras más baratas de Madrid y Catalunya (las dos comunidades más caras, las dos únicas con un precio mínimo superior a los mil euros anuales) cuestan más que las más caras en seis comunidades.
Estos datos son los más extremos, pero la idea se mantiene cuando se comparan los mismos estudios: el grado de Arte cuesta más del doble en Catalunya que en Asturias; una carrera sanitaria vale 1,8 veces más en La Rioja que en Andalucía.
El informe del OSU supone todo un repaso sobre la evolución tanto del precio de estudiar en la Universidad como de las políticas que han regido históricamente cómo se establecían estos precios, que son responsabilidad última de las comunidades. El texto llega en este momento, ha explicado Vera Sacristán, presidenta del OSU, porque se cierra un momento y empieza otro: este curso acaba la vigencia de los acuerdos alcanzados en 2020, que imponían objetivos de reducción de precios, y empieza una era en la que estos dejarán de estar ligados a las decisiones de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU), el órgano que reúne a Gobierno y comunidades autónomas, tal y como se venía haciendo hasta ahora. En adelante, las comunidades podrán fijar sus precios sin límites, solo bajo la idea general de que lo hagan “dentro de un marco general de reducción o contención de los precios públicos”.
El acuerdo, tal y como lo defendió el ministro Manuel Castells, tenía un triple objetivo: retrotraer los precios de los estudios a la época previa al llamado decretazo de Wert (por el exministro del PP), armonizarlos entre comunidades y acercarlos al coste que hay en los países del espacio superior europeo. Sacristán ha explicado que el primer objetivo se ha conseguido, el segundo no tanto y el tercero prácticamente nada porque en un tercio de los países adheridos los estudios de grado son gratuitos y en el 65%, aunque sí tengan coste, no este no alcanza los mil euros.
Una revisión del acuerdo de 2020
El acuerdo de 2020 que concluye ahora ha servido, con carácter general, para rebajar los precios tras la reforma que realizó el Gobierno del PP en 2012. El conocido como decreto Wert, por el ministro que lo impulsó, fijó una horquilla de precios públicos universitarios ligada, teóricamente, al precio real de los estudios, dentro de la que las comunidades podían fijar sus precios. El problema es que nunca se estableció cuál es el coste real de los estudios, de manera que cada autonomía estableció unas cantidades (siempre dentro de ese margen supuesto, de entre el 15% y el 25% del coste real). Esto disparó las desigualdades entre regiones y subió los precios de los estudios universitarios por toda España, que se elevaron un mínimo del 20%. Entre los efectos de aquella medida estaban que estudiar en Catalunya o Madrid pasó a costar tres veces más que en Galicia o Andalucía, que apenas subieron el coste de las tasas.
En 2020, el Gobierno anunció un acuerdo en el marco de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) para bajar y armonizar los precios, que tres años después ha tenido sus efectos, según recoge el estudio del OSU. El acuerdo era complejo y fijaba un objetivo de precio para cada comunidad en función de su situación de partida en ese momento. Las que tenían precios más altos los han rebajado sensiblemente: Catalunya, entre un 30% y un 53,3% (más del 43% que en teoría les correspondía); Madrid un 20,9% o la Comunitat Valenciana un 15%.
Pero estas regiones eran las que más subieron sus precios en 2012. Cuando se abre el foco y se compara el coste actual de estudiar en la universidad con el que había aquel año, se observa que en Madrid y Barcelona cuesta lo mismo hoy estudiar una carrera que hace diez años: los precios mínimos permanecen prácticamente iguales, aunque sí han bajado los máximos (un 20,3% y un 35%, respectivamente).
Un acuerdo limitado para los másteres
El estudio del OSU también evalúa la situación de los másteres, que tuvieron su propio acuerdo poco después del de los grados. Ya lo venía advirtiendo el instituto en anteriores informes: los cambios para estos estudios de posgrado apenas afectaban a un puñado de títulos (a 299 másteres de un total de 3.708 activos en aquel momento) porque se había limitado a los habilitantes y los vinculados (la diferencia entre ambos es que los primeros permiten ejercer una profesión por sí mismos, los segundos son condición necesaria pero no única). Apenas unas cuantas formaciones ligadas a la docencia y las ingenierías se incluyeron en la reducción de precios, que consistía en equiparar el coste de estos estudios (obligatorios para ejercer ciertas profesiones) al de grado.
Esto, unido a un sistema que no acabó de fijar negro sobre blanco los precios, ha provocado que “el acuerdo no se ha cumplido totalmente”, según el OSU. Dice el Observatorio que Navarra y la UNED no han alcanzado el coste de la tasa pactado. Navarra debería estar en 17,95 euros (1.077 euros por curso), pero tiene un precio de 21,38 euros; la universidad a distancia debería fijarlo en 14,7 euros por créditos (882 por curso) pero está en 16,22 (973 por año académico).
En otras ocho comunidades (Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia y La Rioja) se ha interpretado el acuerdo libremente (con la aquiescencia del ministerio, aclara el OSU) y lo que han hecho es reducir el precio medio hasta igualarlo al de los grados, como estaba pactado, pero respetando el acuerdo como bloque: los másteres tienen precios diferentes, no están unificados.
El acuerdo, aunque limitado a los posgrados obligatorios, sí ha servido para reducir los precios en los últimos dos cursos, explica el OSU: en magnitudes que van desde el 52% de la UNED, el 47,5% de Castilla y León o alrededor del 33% de Catalunya y Madrid hasta el 5,6% de Navarra o el 7,7% de Andalucía. Canarias, Castilla y León y Galicia son las tres comunidades que no han tenido que bajar el coste de estos estudios porque ya estaban en las condiciones que se les pedía.
El efecto de esta pata de los pactos para reducir el precio de estudiar en la Universidad sí es mayor cuando se compara la situación actual con la que dejó el exministro Wert: el coste de estudiar un máster habilitante o vinculado hoy es entre un 18,1% y un 62% más barato. Así, los precios de estos posgrados oscilan entre los 591 euros del más barato de Galicia hasta los 1.283 del más caro en Navarra, una diferencia similar a la que existe en los grados.
Diferente situación tiene el restante 90% de los másteres, que si bien no son obligatorios para ejercer cada vez son más necesarios en un mercado muy especializado. Y aquí, explica el OSU, fuera del amparo de un pacto, “si se comparan los precios del curso actual con los del curso 2011-12 (justo anterior al decreto Wert), se constata una tendencia general (aunque no unánime) al incremento de precios”: ocho comunidades autónomas han incrementado el precio mínimo de sus másteres no habilitantes ni vinculados, y algunas lo han hecho de forma significativa: la Comunidad Valenciana los ha más que duplicado, Aragón los ha incrementado más de un 70 %, Madrid más de un 47 %. Otras diez comunidades, sin embargo, los han reducido, en algunos casos bajándolos a menos de la mitad, como en el caso de Andalucía (un 62,7% menos), Galicia (-59,6%), Canarias (-55,1%) y Castilla y León (-52,7%).
Pero, como se ven el gráfico superior, en estos estudios el diferente coste de estudiar un máster según la comunidad autónoma se agranda: la horquilla va desde los 591 euros del más barato en Galicia hasta los 2.818 del más caro en Murcia. Son hasta 4,5 veces más entre una y otra. Las diferencias en este caso son notables, explica el OSU: mientras en regiones como Andalucía, Galicia o Murcia el coste máximo de un posgrado no habilitante no llega a los mil euros, en otras como Murcia, Madrid o Aragón, el más barato no baja de 2.000 euros. También varían las propias políticas al respecto de cada Gobierno regional: desde los que tienen fijado un precio único para todos los posgrados (y los hay en la franja barata, como Andalucía, o en la cara como Madrid) hasta los que varían (en Extremadura y Murcia la diferencia entre un máster u otro puede ser del doble).
Esto, explica Sacristán, es una anomalía española: “En la inmensa mayoría del espacio superior europeo la mayoría de los másteres cuesta lo mismo que los grados y son unos mil euros”, ilustra la presidenta del OSU.