Carmen Cortés y sus dos hijos, de 24 y 10 meses, despertaron el jueves cuando la policía llamó a su puerta para desalojarlos. El día antes, a última hora, el juez que había ordenado el desahucio se había comprometido a paralizarlo si ella presentaba un informe médico, ya que uno de los niños había estado ingresado por neumonía. Pero no le dio tiempo. El juzgado abre sus puertas a las nueve de la mañana y la policía estaba en la de Carmen en torno a las siete.
No era la primera vez que las autoridades intentaban echar a Cortés y a sus hijos de uno de los pisos vacíos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) que ocupó hace casi dos años y medio cuando “estaba en la calle”. Pero esta vez fue diferente.
En las dos ocasiones anteriores la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) consiguió parar el desahucio. En este caso, en la orden de lanzamiento del juez no constaba ni fecha ni hora. La única indicación –“durante las horas del día”– bloqueaba cualquier posibilidad de acción social.
“Lo hacen así para que la gente esté desprotegida, porque saben que con la PAH no pueden”, denuncia Cortés. Desde la plataforma señalan que esta nueva forma de proceder viene dándose en los procedimientos abreviados penales por ocupación desde enero. Antes lo habitual era que, incluso en los casos de desalojo por ocupación, constase al menos la fecha en la que se produciría.
A juicio de uno de los abogados de la PAH, Manuel San Pastor, el objetivo es utilizar cualquier “resquicio para evitar que tengan defensa legal o social”. Según explica, “se vulneran varios derechos”, como el de que “los poderes públicos actúen sin un trato degradante”, “las resoluciones de la ONU que garantizan el acceso a la vivienda” y el derecho a la “seguridad jurídica”.
No obstante, el vicepresidente del Consejo General de la Abogacía Española y presidente del Consejo de la Abogacía Catalana, Miquel Sámper, advierte que debe diferenciarse entre dos tipos de lanzamientos. Por un lado, los que se tramitan por la vía civil. Esto es, los casos de impago hipotecario o de alquiler, en los que “la ley obliga a que se ponga como mínimo la fecha”, y que es como efectivamente ocurre.
Por el otro, los que se tramitan por la vía penal, generalmente, por “ocupaciones ilícitas” de viviendas o, como lo califican desde la plataforma, “recuperaciones”. En estos casos, legalmente, el juez no tiene obligación de informar qué día ni a qué hora se efectuará el desalojo, como se venía haciendo hasta enero, según denuncia la PAH.
Indefensión y pisos vacíos
Este cambio en la forma de actuar de los poderes judiciales que denuncia la plataforma deja en una situación de indefensión a muchos inquilinos de viviendas “recuperadas”.
Carolina Salazar, de 23 años, alquiló un piso en el que vivir con sus dos hijos, de 3 y 6 años. Su casero puso como condición que no firmasen contrato y, “como estaba en una situación precaria –con una renta mínima de inserción de 532 euros al mes– y el precio era asequible, accedí”, explica. Tras dos meses pagando la renta, un perito se personó en su domicilio para informarle de que el inmueble pertenecía a la Sareb, la sociedad conocida como 'banco malo'.
Víctima de una estafa, la entidad acusa ahora a Salazar de haber ocupado ilegalmente la vivienda y ya ha recibido su orden de lanzamiento. Ni fecha, ni hora. “Puedo volver a casa y tener la puerta tapiada. No sé qué va a pasar conmigo ni con mis hijos”.
Tanto Salazar como Cortés, que con sus 21 años trabaja como vendedora ambulante y gana apenas unos 300 euros al mes, reclaman para ellas y sus hijos un alquiler social. “No digo de 20 euros, pero sí de 200 o 300. Soy joven y me echaría a la calle para sacar a mis hijos adelante”, dice la primera. “Estoy pidiendo un alquiler social, no me niego a pagar”, repite la segunda.
Sin embargo, las trabas en estos casos son importantes. Tanto el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) como la EMVS bloquean todas las solicitudes de los demandantes que estén ocupando una de sus viviendas. Y la Sareb se niega a negociar con las personas que ocupan sus casas. Mientras, la Comunidad de Madrid ha optado por vender parte del parque de viviendas sociales a fondos de inversión como Goldman Sachs y mantener muchas otras vacías. “Te echan y no te ayudan”, resume Cortés.