Los países de la UE no logran un acuerdo sobre la futura directiva de prácticas laborales

Bruselas, 2 dic (EFE).- Los Estados de la Unión Europea no lograron este lunes un acuerdo sobre la futura directiva para regular las prácticas laborales, ya que casi una decena de países, incluida España, rechazaron la propuesta de la presidencia húngara por considerar que debilita la protección que se quería dar con ella a los becarios.

“Está claro que el Consejo está dividido y no podemos aprobar el enfoque general, aunque todos estamos de acuerdo en que es importante tener reglas para prácticas de calidad y proteger a los becarios”, dijo el ministro de Economía húngaro, Márton Nagy, tras el debate sobre la cuestión en el consejo de ministros de Empleo de la UE.

España, Portugal y Eslovenia rechazaron de plano la propuesta de compromiso planteada por Hungría, que preside este semestre el Consejo de la UE; mientras que Alemania, Austria, Rumanía, Bélgica, Bulgaria y Chipre se abstuvieron y pidieron seguir negociando.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo española, Yolanda Díaz, ya había anticipado a su llegada a la reunión que España votaría “radicalmente en contra” del planteamiento del Gobierno de Víktor Orbán por considerar que propicia un “recorte de derechos”, contradice las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo y apuesta por un modelo “low cost” (de bajo coste) que precariza las condiciones laborales.

También la Comisión Europea, que presentó en marzo pasado esta propuesta de directiva, subrayó durante el debate su “preocupación” porque el texto de compromiso planteado por Budapest “distorsione el objetivo” de la propuesta inicial y mostró su desacuerdo en varios aspectos “clave”.

La nueva vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Empleo, Roxana Minzatu, destacó que la propuesta limita el número de personas en prácticas que pueden acogerse a la directiva, de tal modo que “se estima que solo un 24 % de los becarios serían pagados”.

Destacó además que el texto “debilita” el capítulo destinado a combatir las prácticas “ficticias” - aquellas que se utilizan para desempeñar un puesto de trabajo regular camuflado- y “restringe las cláusulas anti-discriminación” de la norma, en particular la necesidad de aplicar un trato igualitario en términos de retribución.

“El debilitamiento de estos capítulos no es coherente con la intención política original que es combatir las prácticas ficticias”, dijo Minzatu, que instó a seguir trabajando sobre el texto para lograr un acuerdo cuando Polonia dé el relevo a Hungría como presidencia del Consejo, a partir del próximo 1 de enero.

Oposición “radical” de España

Las preocupaciones de la Comisión Europea son compartidas por España, según explicó Díaz, quien señaló que en los últimos días ha trabajado con otros socios comunitarios para lograr el bloqueo de esta propuesta.

“Ir al modelo que se está desarrollando hoy por la presidencia Orbán es justamente el modelo de las relaciones laborales degradadas, es decir, 'low cost' y con empresas insanas. Por lo tanto, no se puede competir a la baja. El mandato que hoy da esta directiva es muy malo para el conjunto de los trabajadores en formación y las trabajadoras del conjunto de Europa”, dijo.

La vicepresidenta española explicó que la propuesta húngara incluye una lista de exclusiones, de manera que “el aprendizaje y todas las prácticas formativas derivadas de las políticas activas de empleo y muchas otras quedan excluidas” de la protección que proporcionaría la directiva.

Consideró asimismo que va a “propiciar un efecto de sustitución” que haga que empeoren las condiciones que ciertos trabajadores tienen a día de hoy al permitir acogerse a fórmulas “degradadas”.

En la misma línea, los representantes de Alemania o Chipre expresaron sus reticencias a la propuesta por considerar que se desvía considerablemente del planteamiento inicial de la Comisión.

Por el contrario, otros Estados se mostraron claramente a favor de la propuesta húngara, incluidas Francia e Italia y, en particular, los países nórdicos y bálticos, quienes alabaron que el texto de compromiso respetase las diferencias nacionales en la materia y sus modelos de negociación colectiva.