Inversiones fallidas, obras millonarias en el Seminario o en el 'ala privada' del Palacio Episcopal, venta de terrenos a un precio excesivamente por debajo del mercado... Las “circunstancias peculiares” (así se define, expresamente, en el decreto del Papa Francisco) han llevado a la Santa Sede a intervenir en la diócesis de Almería, y a defenestrar a su obispo diocesano, Adolfo González Montes, que llevaba siendo investigado por el Vaticano desde 2019 ante el preocupante estado de las cuentas de la diócesis, en bancarrota técnica, y la presunta mala gestión del prelado.
La situación, agravada por el cierre de templos y el desplome de los donativos durante la pandemia, es tan preocupante que la deuda total de Almería (que podría afectar a la gestión de otras diócesis vecinas, como Murcia y Orihuela-Alicante) no ha podido ser asumida por la Conferencia Episcopal a través del Fondo Común Interdiocesano, que gestiona la coordinación económica de las diócesis españolas, en buena medida gracias al dinero de la 'X' de la Renta. Algo que se ha hecho en otras ocasiones: la más reciente, una ayuda millonaria para evitar la quiebra de la diócesis de Orense.
Ya en enero pasado, el Papa nombraba al entonces obispo de Teruel, Antonio Gómez Cantero, como obispo coadjutor (con derecho a sucesión), otorgándole en exclusiva las facultades económicas. Sin embargo, ni González Montes ni su equipo económico se lo pusieron fácil al recién llegado, quien paralelamente –y con el apoyo de expertos en economía eclesiástica, tanto en España como en el Vaticano– encargó una auditoría externa cuyos resultados fueron llevados a Roma, junto con la queja de estar siendo torpedeado por las trabas de la vieja guardia almeriense. Hubo un momento, incluso, en el que los empleados de la diócesis vieron comprometido su sueldo, al no tener acceso el coadjutor a las cuentas, y no teniendo el diocesano permiso para firmar cheque alguno.
El escándalo llegó hasta tal punto que esta misma semana, el embajador del papa en España, Bernardito Aúza, llamaba a consultas en la sede de la Nunciatura en Madrid a ambos prelados, y les hacía entrega de un decreto, firmado por el Papa Francisco y escrito por la Congregación para los obispos, en el que Roma “atribuye exclusivamente al Excmo. Padre D. Antonio Gómez Cantero, Obispo Coadjutor de Almería, los derechos, oficios y facultades que competen conforme a la norma legal al Obispo Diocesano según el canon 381”.
Esto es: que el todavía obispo –cumplirá 75 años, edad de jubilación, en noviembre próximo, y se ha negado a presentar su renuncia al cargo–, Adolfo González Montes, sigue siendo, formalmente, obispo diocesano, pero únicamente tendrá funciones sacramentales (confirmaciones, bautismos, bodas, misas...) y de predicación. El resto de responsabilidades pasan a Gómez Cantero, en una situación inédita en España, y un toque de atención del Papa al todavía obispo almeriense, y a otros prelados que se han visto tentados de aprovechar la crisis vocacional para hacer negocio con la venta de inmuebles.
Las “circunstancias peculiares” se refieren a la venta, por un precio sensiblemente inferior al del mercado, y sin la necesaria transparencia o concurso previo, varios inmuebles para mantener a flote la maltrecha economía episcopal. Una situación que se está dando en otras diócesis, como San Sebastián, donde el obispo Munilla ha llegado a vender la sede de la diócesis y varias parroquias para pisos de lujo sin que Roma, hasta la fecha, haya tomado cartas en el asunto.
¿Por qué sí en Almería? En la diócesis se comenta que la situación se ha vuelto “insostenible”, porque junto al agujero en las arcas diocesanas –que superaría, según algunas estimaciones, los 20 millones de euros– se une la cerrazón del obispo a aceptar la ayuda que se le ofreció, primero de otras diócesis, posteriormente de la propia Conferencia Episcopal y finalmente del Vaticano. “Se rumorean cosas que no son ciertas”, afirmaba hace unas semanas González Montes, tratando de deslindar la decisión de Roma de nombrarle un coadjutor de los problemas económicos de la diócesis. Lo cierto es que el escándalo persigue al todavía prelado de Almería, quien en 2002 salió de Ávila en dirección a Andalucía después de que se apuntaran posibles gastos millonarios para la creación de la Universidad Católica de Ávila.
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