Uno de cada tres pediatras de los centros de salud en España tiene asignadas más de un millar de tarjetas sanitarias, el límite definido en el Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria del Ministerio de Sanidad, aprobado en 2019. El documento marcaba 2022 como fecha límite para conseguir rebajar esos cupos, con un margen máximo del 10%, pero dos años después, y con importantes reivindicaciones en la mayoría de comunidades autónomas de por medio, más del 30% del personal de pediatría lo supera.
Según los datos presentados este jueves en el 20º Congreso de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), la situación es heterogénea en las comunidades autónomas, con las competencias transferidas. Comunitat Valenciana, Asturias, Canarias y Euskadi cumplen con el objetivo del marco estratégico.
En ellas, menos del 10% de los pediatras atienden a más de 1.000 pequeños. Como puede verse en el siguiente gráfico, la peor situación se encuentra en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, los únicos territorios que dependen directamente del Ministerio. Solo un pediatra tiene un cupo asignado de entre 751 y 1.000 pacientes. Los otros 23 superan ese número de tarjetas.
Por comunidades autónomas, las que más saturación sufren en las consultas de pediatría de Primaria son Baleares, con el 58% del personal médico con el cupo de tres cifras, Catalunya (51%) y Madrid (50,7%). Son estas dos las que tienen la mayor parte del centenar de pediatras con cupos de más de 1.500 tarjetas. “Con estos números, hay menos tiempo con los niños, las consultas se sobrecargan y no puedes atender como se debería”, explica el vicepresidente de la AEPap, Pedro Gorrotxategi, en conversación con elDiario.es.
Los datos, recabados por la asociación médica, ponen cifras a una situación que es conocida, como ha recordado su presidenta, Concepción Sánchez Pina, durante su intervención este jueves en las jornadas en las que se renovará la junta directiva. De hecho, tras las protestas y huelgas que se replicaron por varias comunidades autónomas entre 2022 y 2023, antes del periodo electoral de aquel año, ya venían reclamando mejoras en Atención Primaria. Pero, pese a los acuerdos entre consejerías y sindicatos en hasta 11 territorios, “en la práctica, ni ha disminuido la presión asistencial ni han mejorado otros aspectos de la asistencia sanitaria”, señala sobre unos compromisos que se han saldado de forma “parcial”.
Una de las reivindicaciones generales y más repetidas ha sido la limitación de las agendas, que está estrechamente relacionada con los cupos. Lo pedían profesionales de Madrid, Andalucía, Euskadi, Aragón, Balears, Canarias, Extremadura y Castilla y León, según la asociación, que estima que tras las huelgas han pasado de tener entre 30 y 35 pacientes citados a entre 25 y 28 al día. Pero la cuestión va más allá. “Por mucho que organices y pongas una agenda de 15 niños con 15 minutos para cada uno, en la práctica, si el niño está enfermo, los padres lo van a llevar al centro de salud. Así que al que no entra en la agenda reducida se le ve en la forzada”, desarrolla Gorrotxategi.
Niños “infraatendidos” en la sanidad pública
La saturación provoca un efecto dominó. “Nuestra función no es exclusivamente asistencial. También tenemos una labor docente e investigadora, que con el exceso de demanda se ve interrumpida”, indica el pediatra. Y sigue. Porque esto, a su vez, “dificulta que los residentes que están haciendo su especialidad vean Atención Primaria como una oferta atractiva para desarrollar su carrera profesional”. En algunas comunidades, como Euskadi, la situación ha intentado atajarse ofreciendo contratos preferentes en centros de salud a los profesionales que terminan su especialidad. “Es una de las cosas que hacen que estemos un poco mejor”, indica el doctor, “porque aunque en pediatría hospitalaria el relevo generacional está cubierto, en Primaria aún queda”. El año pasado, por ejemplo, cuando Madrid ofertó en mayo 82 plazas de esta especialidad para los médicos que terminaban su MIR y solo cubrió una. Otra de las reivindicaciones, la remuneración activa de la actividad docente, solo ha sido mejorada en Aragón, indican desde la AEPap.
A los cupos por encima de lo acordado entre Sanidad y las comunidades autónomas en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se suma otra casuística que la AEPap lleva tiempo denunciando. Más de medio millón de niños, la mitad de ellos en Madrid, no tienen pediatra asignado. “Por ejemplo, si hay permisos por maternidad o reducciones de jornada que no se cubren, para la organización sanitaria figura que esas tarjetas están asignadas, pero si los niños se ponen enfermos, sobrecargan a otros pediatras. Son niños infraatendidos por la sanidad pública”.