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Más de la mitad de países que permiten la gestación subrogada prohíben que las mujeres tengan beneficio económico

Hay pocos países en el mundo con leyes que regulan la gestación subrogada. Ciudadanos lo quiere intentar en España y ha presentado un proyecto de ley al que no se le vaticina el apoyo de ningún otro partido, según ya han avanzado PP, PSOE y Unidos Podemos. Que una mujer críe en su vientre a un bebé que luego será hijo o hija de otras personas no es una cuestión polémica solo en España.

Solo 15 países avalan por escrito la legalidad de este proceso. En la mayoría, ocho, la gestación por sustitución se autodefine como altruista, entendiendo como tal que la gestante no obtenga un beneficio económico de ello ni que el proceso se desarrolle como una actividad comercial que permita el lucro. Son Canadá, Portugal, Reino Unido, Australia, Sudáfrica, Dinamarca, Tailandia e India, además de algunos estados de Estados Unidos (Washington) y de México (Tabasco).

La propia definición de qué es altruismo en este caso ya es objeto de polémica porque en todos los casos se cubren los gastos derivados del embarazo. En países como Portugal esos gastos deben estar perfectamente justificados por medio de facturas, mientras que en otros, como Grecia, el paraguas es más amplio y difuso: la ley dice que se permite compensar a las mujeres con hasta 12.000 euros en concepto de los ingresos no percibidos: días de trabajo perdidos u otras molestias asociadas. El caso griego, por tanto, se sitúa en una frontera desdibujada, que algunos incluyen dentro de los países que permiten el beneficio y otros no.

Albert Rivera asegura que su propuesta se inspira en la regulación que tiene Canadá (excepto en Quebec), donde todo tipo de familias (parejas heterosexuales, homosexuales o personas solas) pueden ser madres y padres de intención, aunque Ciudadanos añade que solo podrán ser subrogantes las personas que hayan “agotado” sin éxito todas las técnicas posibles –incluida la reproducción asistida– para tener un bebé. Los problemas de fertilidad son un requisito que se exige en muchos países pero no en Canadá y Reino Unido, como excepciones.

Evitar que las familias de intención hagan “turismo” de gestación subrogada ha empujado a países como Tailandia a incluir en sus modificaciones legales la exigencia de que solo pueden serlo las personas nacionales o residentes, al menos un miembro de la pareja. La iniciativa de Ciudadanos también está limitada a madres y padres españoles o con residencia en España, y la misma vara de medir se utiliza con las gestantes.

La legislación de Canadá, además de abrir el proceso a extranjeros, establece un límite a la compensación a la mujer gestante de 22.000 euros en concepto de todo el desembolso que va asociado a un embarazo, incluida por ejemplo la ropa premamá. Pasa lo mismo en Sudáfrica.

Los de Rivera no han puesto techo de gasto y hablan de “compensación resarcitoria” para “cubrir todos los gastos estrictamente derivados de las molestias físicas, los de desplazamiento y los laborales, y el lucro cesante inherente a la gestación”. Este punto ha sido uno de los más polémicos.

Regulaciones amplias y detalladas, como la de Portugal, siguen discriminando a las parejas homosexuales. Y en algunos países, el caso de Reino Unido, las personas solas no pueden ser subrogantes. En este sentido, Grecia aparta a los hombres sin pareja, y las mujeres solas sí pueden ser madres mediante subrogación (llamadas madres de intención). En el país heleno las parejas homosexuales tampoco tienen opción. 

La normativa, por tanto, está atomizada y llena de matices en función del lugar. En India, por ejemplo, obligan a las parejas a estar casadas desde hace al menos cinco años y a que la madre gestante sea una familiar, mientras que en otros esa consanguinidad es excluyente o se exige a la embarazada, como propone Ciudadanos, que tenga ya al menos otro hijo (Sudáfrica, Rusia o Israel).

Salirse de los márgenes que marca la ley está penalizado y en algunos países, como Australia o Reino Unido, hacer de la gestación subrogada una actividad comercial, con ánimo de lucro, constituye un delito que está penado con cárcel.

En el polo opuesto, hay otras leyes que avalan la existencia de agencias que viven de poner en contacto a gestantes y familias de intención, de publicidad y de contraprestaciones para las mujeres que se quedarán embarazadas. Pasa en Rusia, Israel, Ucrania, Georgia y en algunas zonas de México (como Sinaloa) y Estados Unidos (California o Arkansas). Al menos otra decena de países (entre ellos Brasil, Bélgica o Irlanda) no tienen regulada la gestación subrogada, pero tampoco prohibida. Y en ese vacío legal se puede dar, con más o menos garantías según el país.