Vicente Ramón tiene 55 años, es licenciado en Geografía e Historia y se pasó la mayor parte de su vida montando negocios de compra y venta de antigüedades y de hostelería: “Un local de comida a domicilio en Las Rozas, un par de terrazas en la Castellana...”, recuerda. Vivía en un piso en la calle Mayor de Madrid y dedicaba parte de su dinero a la Fundación Amigos del Museo del Prado. Hasta que hace casi un año acabó viviendo en la calle y sólo con lo puesto.
El perfil de Vicente (social y de formación) no es el más habitual entre los perceptores de la Renta Mínima de Inserción, el dinero que las comunidades autónomas otorgan a las personas que no tienen ningún tipo de ingreso; pero su testimonio sirve para analizar las dificultades a las que se enfrentan para escapar de la exclusión miles de españoles, cada vez más. En Madrid, donde más de 1.200.000 personas viven bajo el nivel de la pobreza y más de 600.000 sufren riesgo de exclusión extrema, 17.343 familias percibieron la RMI en 2012. Esto es, un 80,5% más que en 2009.
Vicente tardó ocho meses y decenas de trámites en conseguir que le reconocieran su derecho, aunque el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales denuncia que las esperas muchas veces se alargan hasta 12 e incluso 18 meses. Sin embargo, la Comunidad de Madrid recoge en su regulación que el plazo máximo de espera no puede superar los tres meses a partir de la entrada del expediente.
La avalancha de peticiones –han pasado de 3.159 en 2007 a 13.923 en 2012– ha acabado por atascar un servicio al que, denuncian, no se han destinado más fondos ni recursos humanos. “Me pedían una y otra vez montones de documentos. Incluso cosas absurdas como que justificara una desgravación de 25 euros por una donación de 2011. Estuve a punto de tirar la toalla pero, por suerte, me asesoraba una persona de la Asociación Realidades, con la que me contactaron en el albergue donde vivía, el San Juan de Dios”, explica este hombre que ahora, con los 375 euros que percibe, planea “empezar de nuevo”.
Esta tardanza en la resolución del trámite “vulnera el derecho de las personas a la subsistencia mínima”, destacan en la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN). E incluso apuntan que han registrado casos en los que los perceptores rechazan trabajos de corta duración por miedo a pasarse luego largos meses sin ningún ingreso para sus familias por los retrasos administrativos.
Beneficiarios más jóvenes y con hijos a cargo
El informe de la EAPN destaca que desde 2009 hay un evidente empeoramiento de la situación de quienes ya estaban en pobreza grave. Y aunque la cantidad de solicitudes presentadas ha aumentado exponencialmente, el número de aprobaciones no lo ha hecho en la misma medida: en 2012 fueron 7.531 para 13.923 peticiones.
Pero, como Vicente, muchos de los actuales beneficiarios no se encontraban en una situación extrema antes de la crisis. El perfil de los perceptores no ha cambiado demasiado, pero sí se notan tendencias llamativas: son más jóvenes (el 62,58% tiene menos de 45 años), cada vez hay más extranjeros y hay un aumento significativo de familias con menores a cargo (35,67%). Este último dato es 11 puntos porcentuales más alto que en 2008.
De los 375 euros que recibe Vicente, 180 se van a pagar la residencia Santa María de la Paz, que también forma parte de la red San Juan de Dios. Allí comparte habitación con otras personas, pero en el precio se incluye la comida y la lavandería. “Tengo mucha suerte”, concede. Lo que le queda lo destina a un abono transporte (unos 60 euros) y a algún gasto personal. “Ya puedo quedar con un amigo y pagarme mi café. Vuelvo a sentirme una persona y no un problema”, asegura. Pero el dinero no alcanza para salir de ahí. Una habitación en Madrid le costaría más de 200 euros.
Y este es uno de los aspectos que también denuncian los trabajadores sociales y la EAPN. Madrid es una de las CCAA más ricas de España –sólo por detrás en ingresos anuales medios del País Vasco y Navarra– y su coste de vida también es de los más altos. Sin embargo, el dinero que establece como RMI, 375 euros, es de los más bajos del país. Está al nivel de Castilla La Mancha o La Rioja, por debajo de Ceuta y muy lejos de los 658 de Euskadi. La cuantía máxima que se cobra por familia es de 532 euros. En este caso sólo supera a Ceuta y La Rioja. País Vasco y Navarra tienen un tope de 935 y 962 euros.
La suma que reciben los beneficiarios, analizan en el Colegio de Trabajadores Sociales, da poco margen para salir de la situación. Y los números lo corroboran. En 2009, la mitad de los perceptores eran usuarios permanentes, es decir, durante cinco o más años. Otro de los factores que influye en estos porcentajes son los proyectos de integración, que han sufrido fuertes recortes en los últimos años. En el periodo 2006-2007, la Comunidad de Madrid financió 74 iniciativas, con un presupuesto de 5,1 millones de euros, en tanto que en 2012 fueron 46, con 2,07 millones.
Vicente lo perdió todo tras un conflicto con Hacienda por la venta de un inmueble que acabó con el embargo de todos sus bienes. Dejó de pagar durante cuatro meses el alquiler y un día sus caseros le cambiaron la cerradura y se vio en la calle y con lo puesto. “Perdí hasta mis recuerdos”, se queja. Pero quiere ver el lado positivo de las cosas. Se ha implicado al máximo con la asociación que le prestó ayuda y asesora a otras personas que se encuentran en una situación extrema, “que quizás, como yo, nunca habían imaginado”, y no saben a quién acudir o cómo hacerlo. Está más tranquilo, y busca trabajo en lo que más conoce, la hostelería. Pero su experiencia no es de camarero, y su edad, 55 años, le juega en contra. Volver de la exclusión no es fácil.