La Moncloa pasa al ataque. Tras el giro hacia la izquierda de Pedro Sánchez en el debate sobre el estado de la nación –que la ministra de Educación niega por considerar que el Gobierno siempre ha sido progresista–, Pilar Alegría explica en esta entrevista por qué ahora ha entrado a replicar a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP); defiende la ampliación de becas que ha anunciado el Gobierno y confronta su modelo con el del PP madrileño, donde se ha decidido “ayudar a quien no lo necesita”, dice.
La ministra de Educación se toma su tiempo para responder algunas preguntas, piensa cómo quiere expresar sus pensamientos con exactitud. Explica la decisión del Ministerio de no reducir las ratios en las aulas pese a que va a modificar un Real Decreto que lo permitiría y se muestra segura de que los centros y las administraciones encontrarán qué hacer con el alumnado que no curse la Religión tras las protestas de algunos directores porque no saben cómo ocuparlos al no haber asignatura alternativa.
Anunciaron el martes que darán cien euros extra al mes entre septiembre y diciembre a todos los becarios del Ministerio de Educación. ¿Por qué han decidido ampliar el programa ahora?
Hablar de becas es hablar de igualdad de oportunidades. La apuesta no es de ahora, del debate del estado de la nación, es de toda la legislatura. Desde el primer año de este Gobierno el presupuesto de becas ha aumentado un 45% y la partida es la mayor que ha habido en la historia, son más de 2.100 millones de euros. En un momento complicado como el que estamos viviendo, el Gobierno quiere seguir haciendo una apuesta por esas becas, por mejorar la cuantía que perciben los jóvenes, y por eso hemos previsto estos 400 millones de euros. El objetivo es que ningún joven tenga que abandonar los estudios por motivos económicos. Nosotros entendemos para qué y por qué se ponen en marcha las becas y se hace para dar esas ayudas a las personas que más lo necesitan. Hay otras administraciones, como la de Isabel Díaz Ayuso, que apuestan por becas para ricos.
Lo del aumento de las partidas es cierto, ahí están los números, pero igualmente puede dar la sensación de que el anuncio es una respuesta a las becas para rentas altas de la Comunidad de Madrid.
Si fuera de esta manera no habríamos impulsado las becas estos cuatro años. Este curso, antes incluso del anuncio de las becas para ricos de [la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz] Ayuso, teníamos aprobado un presupuesto con más de 2.100 millones de euros. Por primera vez en la historia casi un millón de jóvenes van a disfrutar de este derecho. Es verdad que durante este último mes Ayuso y el PP –la cúpula del partido ha respaldado esta medida– han anunciado esta beca para ricos, aunque su consejero se refería a clases medias para hablar de gente que está ingresando entre 6.000 y 7.000 euros al mes netos. Qué alejados de la realidad viven, si tomasen aunque fuera diez minutos en escuchar a su entorno más próximo...
¿Se ha planteado el Ministerio si esto es legal y puede ser denunciable? Son becas para centros privados, sin el carácter compensatorio o de excelencia que se le supone a estas ayudas.
Dentro de las competencias que tienen las comunidades pueden invertir sus recursos donde entienden que son más útiles. Hay comunidades que invierten en sanidad pública, en educación, en estado del bienestar. La señora Ayuso en vez de invertir en educación pública –Madrid es la que menos invierte en educación pública– o mejorar las urgencias prefiere dedicar los impuestos de todos en dárselos a quien no lo necesita.
Su extensión de las becas es limitada en el tiempo. ¿Se plantean darle continuidad al programa más allá de diciembre?
La idea es incrementar las becas. Cada año hemos ido aprobando presupuestos con ese incremento y en el próximo seguiremos apostando por las becas. Pero la medida anunciada por el presidente del Gobierno la tenemos que hacer con el presupuesto vigente, de este año, por eso recoge de septiembre a diciembre.
Hemos conseguido que las familias que van a recibir ayudas lo conozcan antes. La siguiente mejora que queremos hacer es adelantar el pago, pero es una cuestión más administrativa
Uno de los problemas habituales con las ayudas es que los beneficiarios tienen que adelantar el dinero. ¿Van a intentar pagar antes?
Lo que hemos conseguido en estos momentos es que las familias que van a recibirlas lo conozcan antes. La siguiente mejora que queremos hacer es adelantar el pago, pero es una cuestión más administrativa.
Hablemos de ratios, que vuelven a estar de actualidad. Están en el proceso de modificar el Real Decreto de requisitos mínimos de los centros, pero no han modificado las ratios, que sabe que es la principal reivindicación de al menos una buena parte del profesorado. ¿Por qué se ha decidido no tocarlas?
La modificación de las ratios ha sido un debate que ha ganado intensidad durante la pandemia, pero hay que negociarlo con las comunidades, que tienen las competencias educativas. Nosotros teníamos que hacer las modificaciones ahora en este Real Decreto pensando en el Bachillerato general y el primer ciclo de la Educación Infantil. La norma apunta un poco hacia dónde avanzamos con las ratios: la intención de seguir aumentando el profesorado, pero sobre todo hacerlo pensando en aquellos centros que tienen mayores dificultades, bien por su ubicación o por el alumnado que acogen, que pueda ser más vulnerable o tener mayores necesidades educativas especiales. Las comunidades autónomas también son sensibles a esta cuestión, lo hemos hablado en las conferencias sectoriales, pero conllevaría una importante inversión pública presupuestaria. Estamos dispuestos a hablarlo.
¿Pero entiende la frustración del profesorado con este tema? Porque la realidad es que llevan tres años en el Gobierno y las ratios siguen igual.
En el Real Decreto hay una nueva disposición adicional, la decimoprimera, que invita claramente a las comunidades a una reducción de las ratios...
“Invita”...
Creo que es un mensaje claro. Como administración central tenemos que respetar la autonomía de quien gestiona las competencias, pero se ve la línea en la que trabaja el Ministerio. Dejamos claro el mensaje a las comunidades para que empiecen por esos centros más complicados.
Currículos. Hemos hablado de contenidos en otras ocasiones, quería preguntarle por el retraso que lleva todo. Hay inquietud en los centros porque todavía no están los de las comunidades. También el Ministerio tiene su parte: tardó año y pico en sacar los currículos desde que aprobó la ley. ¿Por qué tanta tardanza?
[Se toma unos segundos para pensar la respuesta] El último decreto [de desarrollo curricular] lo aprobamos en abril. Desde que empezamos a tener los primeros borradores trabajamos con lealtad y discreción con las comunidades autónomas y los libreros, aunque es verdad que los decretos se aprueban cuando se aprueban. Pero desde el primer día todos conocían la dirección de los currículos para que las administraciones autonómicas pudieran ir elaborando la parte que les corresponde.
La intención es seguir aumentando el profesorado. Las comunidades autónomas también son sensibles, pero conllevaría una importante inversión pública presupuestaria
Respecto a los calendarios, a todos nos habría gustado tener más tiempo pero aprobamos la ley los primeros días de enero y a partir de ahí hemos trabajado lo más rápido posible para dar respuesta al calendario que marca la Lomloe. Quiero recordar, y puedo entender algunas críticas por el calendario, que nuestros decretos se aprobaron antes que los de la Lomce [la ley Wert del PP]. Prácticamente todas las comunidades tienen ya los decretos en exposición pública o aprobados. Entre esta semana que acaba y la que viene habrá un avance importante en la aprobación de los decretos.
¿Cómo va el programa de creación de plazas de Educación Infantil públicas y gratuitas? Algunas comunidades les pidieron que se pudieran utilizar los fondos para financiar plazas privadas.
Lo que plantean es la posibilidad de utilizar estos fondos, que tienen que ir destinados a la creación de plazas públicas, no solo para plazas nuevas sino también para las ya creadas por las administraciones autonómicas. Convertir plazas concertadas en plazas públicas con esos fondos. Nosotros dijimos que el compromiso es crear nuevas plazas públicas, pero nos comprometimos a preguntar a la Comisión Europea. No nos ha llegado la respuesta aún. En todas las etapas educativas el reparto entre pública, concertada y privada está más o menos en el 70-27-3, pero en el primer ciclo de Educación Infantil estamos casi en el 50-50. Hay mucho margen para que las administraciones públicas podamos seguir generando plazas públicas y gratuitas.
¿Están satisfechos con cómo ha quedado la alternativa a la Religión? Hay directores quejándose de que no pueden hacer nada en esa hora.
Qué pueden hacer los estudiantes durante esas horas está marcado en la ley y seguro que los centros y las administraciones encuentran la solución.
¿Pero no es una disfunción que para que se forme un grupo en algunas asignaturas optativas haga falta un mínimo de alumnado pero para que haya una clase de Religión basta con que lo pida un solo alumno?
[Se queda pensando] La asignatura de Religión es de oferta obligatoria en todos los centros, según la Ley Orgánica de Educación, y por lo tanto es indiferente el número de alumnos que la elijan. Las optativas son numerosísimas y se condiciona su impartición a la existencia de un mínimo de alumnos para facilitar la organización de los centros.
Desde hace unas semanas parece que han cambiado su manera de comunicar o relacionarse con ciertas administraciones. Antes no entraban en guerras dialécticas, pero con las becas de Ayuso han dado réplica. ¿A qué se debe el giro?
La posición que hemos mantenido en este Ministerio con todas las administraciones educativas ha sido de diálogo, sentarnos a trabajar y cooperar al máximo. El grado y número de acuerdos que hemos alcanzado en las conferencias sectoriales ha sido muy alto. Lógicamente, por ejemplo con los currículos ha habido debate porque otras administraciones lo veían de otra manera. Pero como ministra, cuando observo que por parte de alguna administración, en este caso Madrid, se rompe el significado fundamental de las becas, mi obligación es al menos dar mi opinión y explicar la realidad. Lo que yo he podido escuchar de las becas de la señora Ayuso, como todos los ciudadanos, creo que merece una respuesta, otra versión. Creo que la propuesta de la señora Ayuso de las becas no es espontánea. Está muy estudiada y esconde esquilmar o reducir o directamente eliminar los servicios públicos que son de todos: la educación pública, la sanidad pública... Y frente a ese ataque mi obligación es ponerme enfrente.
Casi unánimemente se ha considerado que el Gobierno ha girado a la izquierda en este debate sobre el estado de la nación. ¿A qué se debe? ¿Está el PSOE ya en modo preelectoral?
Creo que hay que revisar lo que este Gobierno viene haciendo desde el primer día. Este es un Gobierno progresista y adopta soluciones progresistas...
Uno diría que a veces más y a veces menos.
Depende de los ojos con que se mire. Respecto a esta cuestión, siempre digo que este Gobierno lo conformamos dos partidos políticos y somos un Gobierno progresista. Es importante echar la vista atrás y repasar las leyes que hemos ido aprobando. Todas tienen un perfil claramente progresista: subida del Salario Mínimo Interprofesional, la puesta en marcha de los ERTE en el momento más complicado del país, la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital o la reforma laboral.
Parece bastante satisfecha...
Si uno hace balance de esta legislatura, lo que nos correspondía en estos momentos es poner sobre la mesa un número importante de recursos para generar un escudo social que proteja a las clases trabajadoras de este país de una inflación muy alta y de las dificultades de personas para llegar a fin de mes. Se trata de defender a las familias y que no sean ellas quienes sufran en sus espaldas las consecuencias más difíciles que están viviendo ahora. Por eso hemos considerado oportuno poner estos impuestos a las eléctricas, gasísticas y entidades financieras. Es el momento de arrimar el hombro y que quien está recibiendo ahora un número importante de beneficios sea generoso también.
Pero hay otra lectura complementaria por la que hay partidos, desde Unidas Podemos como socio de coalición a los socios externos del Gobierno, que venían pidiendo estas medidas y el Ejecutivo estaba un poco reticente hasta ahora, pero las anuncia y mejora sus relaciones con todos estos partidos, básicos para el PSOE. ¿Cuánto tienen estas medidas de respuesta a estas presiones?
Yo creo que más allá de quedarnos con cuestiones menores hay que ir a lo importante. Y lo importante es que este es el primer Gobierno de coalición en la historia del país, que lo conforman dos partidos diferentes, con historias distintas. Cuando unes a dos personas, o dos partidos políticos, pueden y deben existir diferentes ópticas y opiniones. Lo importante es que siempre hemos llegado a acuerdos o, todavía más importante, gracias a este Gobierno progresista hemos aprobado más de 140 propuestas normativas dirigidas sobre todo a personas por las que estamos aquí y para las que gobernamos, que es esa mayoría social trabajadora. Por eso, independientemente de que haya habido diferentes opiniones, lo mollar es que hemos alcanzado importantes acuerdos en beneficio de la gente.
¿El PSOE había perdido un poco el pulso de la calle y lo está intentando recuperar?
Somos muy conscientes de la realidad actual, de lo que está sucediendo en nuestro país. El presidente lo explicó muy bien en el debate del estado de la nación. Llevamos unos años difíciles de legislatura entre pandemias, filomenas, el volcán, ahora la guerra... Todo esto ha provocado una situación complicada que se ve reflejada en la alta inflación que estamos viviendo nosotros y toda Europa y EEUU. Nos hacemos cargo de la situación que están viviendo las personas, somos conscientes de los problemas del ciudadano medio, y frente a eso queremos plantear soluciones para salir de esta, igual que hicimos para salir de la pandemia.
Durante el debate nos hemos encontrado un PP ausente de propuestas y ausente de presencia. De propuestas, porque la única que hizo fue volver a sacar el terrorismo y el segundo día la bancada del PP estaba prácticamente ausente
¿Les habría gustado tener el apoyo del PP en estas medidas?
Durante el debate nos hemos encontrado un PP ausente de propuestas y ausente de presencia. De propuestas, porque la única que hizo en el debate fue volver a sacar el terrorismo, además intentando hacer una utilización de una parte muy importante de las víctimas y olvidándose de lo más importante, que hace diez años la democracia de este país consiguió acabar con ETA. Y falta de presencia. El principal partido de la oposición, si es verdad que quiere gobernar mañana, lo primero que tiene que hacer es mostrar respeto al Congreso y a la pluralidad y diversidad de este país. El segundo día del debate la bancada del PP estaba prácticamente ausente. El PP se limitó a ir el martes, hacer su discurso, volver a intentar dividir a los ciudadanos con la política antiterrorista y al día siguiente volvió a mostrar la falta de sensibilidad que tiene.
¿Por qué rechazaron la petición de Yolanda Díaz de reunir la mesa de seguimiento de la coalición?
No ha habido ningún rechazo. Se han mantenido reuniones con la vicepresidenta y el resto de miembros del Gobierno para hablar de las propuestas del debate. Las conversaciones y el diálogo entre los partidos que formamos este Gobierno progresista son continuas y fluidas. Faltará concretar una fecha, pero hay un diálogo continuo.
¿Hay alguna opción de que los nuevos impuestos a empresas energéticas y financieras se queden como permanentes?
Como explicó el presidente en un principio están planteados como algo extraordinario. Lo que pasará el día de mañana está por escribir.
Con las negociaciones con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rotas, ¿cree que deberían dimitir sus miembros para forzar una solución?
Lo que creo es que el PP está permitiendo que el Consejo General del Poder Judicial lleve 1.300 días sin renovarse. El PP lo que tiene que hacer es ni más ni menos que lo que dice la Constitución y permitir que órganos tan importantes como el Consejo General o el Tribunal Constitucional sean renovados como corresponde, pero una vez más vemos que el PP plantea cuestiones de insumisión constitucional.