Cuando una mujer denuncia violencia de género en una comisaría de Policía o Guardia Civil, los agentes ponen en marcha las herramientas para predecir el riesgo, entre ellas, un formulario. Desde 2007, este instrumento se basa en el conocido como Protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia de género, que ha contado con varias actualizaciones y sobre el que el Ministerio del Interior ultima una nueva reformulación. Una de sus principales novedades es que obligará a los agentes a informar al juez de aquellos casos en los que haya menores de edad sobre los que la denunciante haya “manifestado una posible situación amenazante”.
Así lo confirman fuentes del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska, que no prevé que el nuevo sistema esté operativo antes de 2019. A mediados de octubre, la Secretaria de Estado de Seguridad convocó una reunión con los principales actores implicados en el proceso para poner sobre la mesa la actualización, que pretende impedir que se produzcan casos como el ocurrido en Castellón en septiembre, cuando un hombre asesinó a sus dos hijas de dos y seis años. La madre de las niñas había denunciado las amenazas que había recibido, pero la valoración policial dio resultado de riesgo bajo y el juez no tomó medidas de protección.
A partir de la entrada en vigor del nuevo protocolo, la Policía y Guardia Civil valorarán la vulnerabilidad de los hijos e hijas de las denunciantes en una doble vertiente y “en base a las manifestaciones de la madre”, algo que hasta ahora no ocurría. Según informa Marina Rodríguez, jefa del Área del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (conocido como VioGén), esto se llevará a cabo a través de “la constatación objetiva” de la situación de amenaza que pueden estar viviendo los menores percibida por la víctima o, en caso de no darse esta constatación objetiva, se evaluará en base a “la percepción subjetiva” a juicio de la denunciante.
Es decir, haya constatación objetiva o percepción subjetiva, la Policía enviará al juez una diligencia expresa en la que destacará que se trata de un caso con menores a cargo en situación de vulnerabilidad. Con ello, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado recomendarán al magistrado una valoración adicional a la víctima, como se hace habitualmente, pero también al agresor y a los hijos o hijas. Actualmente, y a raíz de la reforma de la Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia de 2015, los menores son considerados también víctimas directas de la violencia que sufren sus madres, pero el sistema aún está lastrado por la falta de aplicación de esta consideración. Desde 2013 han sido asesinados 27 niños por violencia machista, según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.
“Hasta ahora el protocolo se concentraba sobre todo en la historia de violencia hacia las denunciantes, pero se va a reformular porque en muchos casos ese maltrato también se dirige contra los hijos”, explica Antonio Andrés Pueyo, catedrático de Psicología de la Universidad de Barcelona y consultor del Ministerio del Interior para este tipo de temas. “A veces ocurre que existe esa violencia contra los menores y aún así se dan regímenes de visitas y custodias a los hombres que la han ejercido”.
10 mujeres en riesgo extremo y 170 en alto
Con la información adicional sobre los niños y niñas que va a elaborar la Policía y el atestado policial, el juez deberá tomar las decisiones pertinentes sobre qué medidas cautelares debe tomar, entre ellas, una orden de protección o la suspensión del régimen de visitas, por ejemplo. Para ello, contará también con el resultado de esa evaluación del riesgo que hacen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que puede ser no apreciado, bajo, medio, alto y extremo. Una vez que se califica con estas categorías, el caso pasa a formar parte del Sistema VioGén, que con datos a 31 de octubre de este año, mantiene a 10 mujeres en riesgo extremo, 170 alto, 5.165 medio, 25.653 en riesgo bajo y 25.709 en riesgo no apreciado.
Las novedades que introduce el protocolo, de las que informó sin entrar en detalles Grande-Marlaska en su primera comparecencia como ministro en el Congreso, también versarán sobre la introducción de un nuevo elemento para analizar el riesgo de asesinato. La versión anterior intentaba predecir el riesgo de reincidencia, de forma que concebía la muerte violenta como el último eslabón de una cadena sujeta a una especie de escalada de violencia. Sin embargo, ya son varios los estudios que señalan que muchas mujeres son asesinadas habiendo denunciado amenazas o vejaciones, no agresiones físicas graves.
Por ello, en caso de que el riesgo de asesinato sea positivo, explica Marina Rodríguez, la Policía procederá a elaborar una diligencia expresa en la que aparecerá como un caso especialmente relevante, que, al igual que en el caso de los menores, recomendará al juez hacer valoraciones adicionales. De hecho, los magistrados cuentan con varias herramientas forenses para llevarlas a cabo, entre ellas, el Protocolo Médico-Forense de Valoración Urgente del Riesgo, sin embargo, apenas lo utilizan. Por otro lado, las puesta en marcha de las Unidades de Valoración Forense Integral, formadas por médicos y psicólogos, no está generalizada en todos los juzgados ni comunidades.
Los sindicatos piden especialización
Aunque Pueyo reconoce la dificultad de predecir al 100% el riesgo de asesinato de una víctima, también asume que “se han cometido errores en casos en los que sí había denuncia, llegando a considerar como de poco riesgo situaciones que han acabado de la peor forma posible, con el asesinato”. Por eso, el protocolo se ha reformulado en base a un estudio que viene desarrollando la Secretaría de Estado de Seguridad desde hace un par de años y que pretende predecir el asesinato tras analizar minuciosamente cientos de casos producidos en España.
Con ello, las expertas llevan años solicitando que la primera evaluación que se hace a las denunciantes, es decir, la que se lleva a cabo en comisaría, cuente con equipos multidisciplinares que completen el atestado y la valoración del riesgo con las estimaciones de sanitarios o psicólogos. También lo ha solicitado en más de una ocasión el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que junto a otros sindicatos, plantearon el pasado mes de octubre la necesidad de contar con mayores efectivos para la protección de las víctimas desde las Unidades de Familia y Mujer (UFAM), además de la exigencia de una mayor especialización.
En este sentido, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha aprovechado el anuncio del nuevo protocolo para la valoración del riesgo para reclamar al Gobierno que ponga fin a la situación que viven en las unidades específicas de violencia de género. “Estas unidades, que asumen prácticamente todo el volumen de trabajo de la violencia de género, carecen de formación especializada y permanente, así como de dedicación exclusiva, de funciones concretas y de medios oportunos”, ha denunciado la asociación.