La ofensiva ideológica contra las leyes de violencia de género viene de lejos. La aprobación en España de la primera norma estatal en 2004 desató la oposición de algunos sectores que hablaban de denuncias falsas y discriminación de los hombres y que llegaron a recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional. Dieciocho años más tarde, el ascenso de Vox ha amplificado esta retórica, que niega el tratamiento específico de la violencia machista y la confunde interesadamente con la doméstica, la que se da en el ámbito intrafamiliar, un mensaje al que se ha sumado el Partido Popular.
Lo hizo Alberto Núñez Feijóo cuando negó un caso de violencia vicaria –la que cometen los agresores contra los hijos para dañar a la madre– ocurrido en Moraña (Pontevedra) asegurando que se trató de “violencia intrafamiliar”. Poco después intentó rectificar en Twitter y afirmó que ambas violencias son “dos cosas distintas que existen”. El popular Jesús Aguirre, consejero andaluz de Salud, también asumió este discurso un día antes y defendió que en lugar de “violencia de género” se use “violencia intrafamiliar”.
Es el término que prefiere la extrema derecha, que en su acuerdo para gobernar con el PP en Castilla y León ha introducido una ley con ese nombre como demanda. Preguntado por ello, el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, solo aseguró que protegerá “a todas las víctimas de violencia” sin nombrar explícitamente la de género. Este es uno de los caballos de batalla de Vox, que desde 2018 incluye en su programa la sustitución de la Ley Integral de 2004 por una de violencia intrafamiliar que “proteja a todos por igual”. Lo defiende en el Congreso cada vez que tiene ocasión, donde habla de denuncias falsas o de “criminalización de los hombres” y repite el mantra de que “la violencia no tiene género”.
Los avances de España
Sin embargo, España lleva casi dos décadas avanzando en legislación que protege específicamente a las mujeres, que es un mandato de los organismos internacionales y convenios firmados por nuestro país. La violencia de género es la que ejercen los hombres contra las mujeres en el marco de una relación de pareja, mientras que la doméstica es la que se da en el ámbito intrafamiliar, por ejemplo, de una mujer hacia su pareja o un nieto hacia su abuela. El sentido de diferenciarlas y no diluir una en la otra es que la primera se da sobre las mujeres “por el hecho mismo de serlo”, es decir, como un símbolo de la desigualdad existente entre mujeres y hombres, explica el preámbulo de la ley de 2004.
Todas las violencias terminan igual, en lesiones o en la muerte, pero la clave es de dónde surge y qué busca esa violencia. En la machista, el objetivo es el control, la dominación y la sumisión de la mujer en base a una construcción cultural y social
Es algo que dejó zanjado el Tribunal Constitucional en 2008, cuando resolvió los recursos de inconstitucional interpuestos contra la norma. En ellos se utilizaba el argumento principal que enarbola hoy Vox: que la ley vulnera la igualdad entre hombres y mujeres y el artículo 14 de la Constitución. El tribunal fue contundente entonces y avaló el tratamiento diferenciado de la violencia machista apuntando a que son conductas que reproducen la desigualdad y están alimentadas por una pauta cultural, el machismo, y un sistema que lo sostiene, el patriarcado.
No quiere decir que el resto de violencias no sean reprobables. Lo explica Miguel Lorente, médico forense y ex delegado del Gobierno contra la Violencia de Género: “No se pueden analizar las violencias por su resultado. Todas terminan igual, en lesiones o en la muerte, pero la clave es saber la motivación, de dónde surge y qué busca esa violencia”. En la machista, el objetivo del agresor “es el control, la dominación y la sumisión” de las mujeres en base a unos dictados “que son consecuencia de una construcción cultural y social machista”.
Las cifras también son significativas. Desde 2003, 1.133 hombres han asesinado a sus parejas o exparejas mujeres, en un promedio hasta 2020 de 60,1 casos al año. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aporta también datos sobre la violencia doméstica íntima, es decir, otros asesinatos en pareja: de 2009 a 2020, el promedio es de 7,6 casos año. La estadística del INE de víctimas con algún tipo de protección inscritas en el registro del Ministerio de Justicia, también deja clara la diferencia. En 2020, había 29.215 mujeres víctimas de violencia de género y 8.279 víctimas de violencia doméstica. De ellas, el 61,4% fueron mujeres, mientras que el 72,2% de los denunciados fueron hombres.
Del consenso a la ambivalencia
La sentencia del Constitucional aplacó en cierta medida esta reacción conservadora, al menos en la esfera pública, hasta que en 2015 Ciudadanos inició su expansión nacional y se presentó a las elecciones con un programa que reclamaba acabar con el ligero aumento de pena que contempla el Código Penal para las agresiones machistas derivado de la ley de 2004. Los argumentos, de nuevo, eran los mismos que los esgrimidos por los recursos ante el TC. El partido del entonces candidato, Albert Rivera, se quedó solo en esta posición y su valoración negativa creció hasta que decidió retirar del programa la propuesta de cara a la repetición electoral de mayo de 2016.
El contexto estaba marcado entonces por un feminismo que empezaba a tomar fuerza. Solo un mes antes de que Ciudadanos presentara su programa, una marcha multitudinaria y sin precedentes exigía en Madrid el fin de las violencias machistas. Vox ya había sido constituido y, de hecho, apareció en aquella protesta. Cuando Ángela González Carreño, cuya hija fue asesinada por su exmarido en una visita sin supervisión a pesar de las múltiples denuncias de su madre, leía parte del manifiesto, un grupo de personas interrumpieron la lectura con carteles del partido y lemas como “ni machismo ni feminismo” o “la violencia no tiene género”.
Un año más tarde, en noviembre de 2016 y ya con el Partido Popular en el Gobierno, el Congreso dio el primer paso de lo que posteriormente se convertiría en el Pacto de Estado contra la Violencia Machista, que aglutinó un gran consenso en la cámara. Todos los partidos, excepto la ultraderecha, blindaron el acuerdo el pasado noviembre, y en varias ocasiones los populares se han alineado con el resto y han dejado a Vox solo en sus posiciones. Pero en la práctica, su posición ha tenido tintes de ambivalencia: de 2010 a 2015 recortó en prevención de la violencia machista un 26% y arrebató a los ayuntamientos algunas competencias, mientras que en septiembre votó en contra en Europa de convertir este problema en eurodelito. En varias ocasiones Pablo Casado ha utilizado el discurso de la extrema derecha.
Aun así el PP se había sumado al mensaje que trata la violencia machista como algo específico y había abandonado, al menos explícitamente, el negacionismo con el que también llegó a mostrar connivencia. El objetivo de Vox de impulsar una ley de violencia intrafamiliar es algo que en cierta medida ya intentaron en el pasado los populares, que en 2002, siendo presidente José María Aznar, se convirtió en el único grupo que votó en contra de la propuesta integral de Ley contra la Violencia de Género que había presentado el PSOE.
Aznar abogaba entonces por “medidas concretas” y no “leyes genéricas” y replicó la norma con una propuesta de Ley de Violencia Doméstica. Dos años más tarde, los populares, entonces encabezados por Mariano Rajoy, sí apoyaron la ley de Zapatero, que fue aprobada por unanimidad en el Congreso el 8 de octubre de 2004. Sin embargo, el PP fue el autor de casi la mitad de las enmiendas presentadas, muchas de ellas en la línea de incorporar a la norma la violencia doméstica. “No hay razón para diferenciar entre las mujeres y las demás personas víctimas de la violencia doméstica y de género”, decía en una de ellas.
Para las expertas, las razones sí están claras. “Igual que no se puede confundir la hepatitis C con la B porque estaríamos ante un problema serio de diagnóstico y tratamiento”, ejemplifica Lorente, que defiende que no solo se dan motivaciones diferentes en la violencia machista, sino que esta “vive impregnada de normalidad”. Pone sobre la mesa algunos datos que lo demuestran: a pesar de que han pasado casi dos décadas desde que se puso en marcha la ley integral, solo un 21,7% de las víctimas han denunciado a su agresor, según la Macroencuesta de 2019. “Lo resolvió sola”, “no le dio importancia”, son algunos de los motivos que citan las mujeres en esa encuesta para no haber denunciado, además del miedo al agresor o la vergüenza.
La violencia machista pertenece a un marco más amplio, explica Marta Roqueta, investigadora de Género y TIC de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC): “Es la punta del iceberg de un sistema, no son casos aislados”, defiende. Y en este sistema se engloban todas las expresiones de desigualdad y otras violencias machistas más allá de la cometidas en el seno de la pareja o expareja, desde las agresiones sexuales a los matrimonios forzosos o la trata con fines de explotación sexual. Es decir, trasciende el ámbito familiar y a todas ellas les une una misma raíz. “Está además legitimada socialmente, se justifica, se minimiza y se culpabiliza a las víctimas”, concluye la experta.