El presunto trabajo forzoso uigur lleva ante la justicia en Francia a Inditex

París, 12 abr (EFE).- Inditex y otras tres multinacionales son objeto en Francia de la primera denuncia presentada en Europa contra el sector textil por beneficiarse presuntamente del trabajo forzoso de uigures y ser cómplices de esa manera de los crímenes cometidos contra esa minoría china de religión musulmana.

Al grupo español, a Uniqlo, Sketchers y SMCP, propietaria de marcas como Sandro o Maje, se les acusa de subcontratar parte de su producción o comercializar productos que utilizan algodón de la región uigur de Xinjiang, que produce en condiciones cuestionadas cerca del 20 % de esa materia prima a nivel mundial.

El Colectivo Ética en las Etiquetas, el Instituto Uigur de Europa, la asociación judicial Sherpa y una víctima uigur están detrás de esa demanda interpuesta ante la Fiscalía del Tribunal Judicial de París, que espera conseguir que esas empresas dejen de trabajar en la zona.

DENUNCIA INÉDITA

“La demanda no tiene precedentes en el sentido de considerar que esas compañías deben asumir algún tipo de responsabilidad penal en el hecho de importar productos textiles y zapatos de una región donde no pueden ignorar que lo que importan se hace al precio más alto de la comisión de crímenes contra la humanidad”, dijo este lunes el abogado William Bourdon.

El fundador de Sherpa y letrado del gabinete que interpuso la denuncia el pasado jueves basó su procedimiento en testimonios de víctimas uigures, en el informe del centro de estudios australiano ASPI, investigaciones periodísticas y otros elementos factuales que a su juicio permiten poner en el punto de mira a esas cuatro firmas.

El análisis australiano, disponible en internet, apunta que “bajo condiciones que sugieren fuertemente el trabajo forzoso, los uigures están trabajando en fábricas que participan en las cadenas de suministro de al menos 82 marcas mundialmente reconocidas”.

“La acusación contra nuestra compañía carece completamente de fundamento”, afirmó Inditex en una declaración a Efe.

El grupo español, propietario de marcas como Zara o Pull&Bear, aseguró que cumple “de forma escrupulosa con toda la legislación y recomendaciones existentes” en “defensa de los derechos de los trabajadores y dispone de un marco de cumplimiento en materia de derechos humanos basado en los más altos estándares internacionales”.

Los demandantes confían en que la Fiscalía abra una investigación “en las próximas semanas” que permita identificar a las entidades subcontratadas, establecer su implicación en la política de represión del Gobierno chino y luego confirmar que las multinacionales demandadas se benefician de esos procedimientos y conocen el “origen delictivo” de lo vendido.

Se busca, en definitiva, acabar con su “implicación directa o indirecta con la esclavitud del pueblo uigur”, destacó también este lunes el eurodiputado francés Raphaël Glucksmann, que apoya a ese colectivo.

“Hoy una empresa como Zara, que no produce nada por sí misma, puede huir de todo tipo de responsabilidad alegando que son sus subcontratantes quienes violan los derechos humanos”, añadió este político socialista.

Glucksmann es uno de los eurodiputados sancionados por China en marzo dentro del cruce de sanciones entre la UE y Pekín tras las medidas de Bruselas por lo que el bloque europeo calificó de “graves violaciones de derechos humanos” contra la minoría uigur.

CADENA DE DENUNCIAS

Las distintas ONG advierten de que esta denuncia francesa es la primera de otras que seguirán también contra más empresas en distintos países europeos, como Holanda o Alemania, en los próximos meses.

Estados Unidos ya prohibió en septiembre del año pasado las importaciones de determinados productos chinos originarios de Xinjiang alegando que están fabricados con mano de obra forzosa supuestamente en campos de internamiento y en prisiones.

Pero Europa no ha dado ese paso. “El problema europeo es su incapacidad para actuar cuando los intereses comerciales son demasiado grandes”, lamenta Glucksmann, precisando que su campaña no es “contra China”, sino “contra la opresión y tentativa de erradicación de un pueblo”.

La demanda espera que la investigación amplíe su análisis al sector textil en general, aunque vaya dirigida específicamente contra cuatro multinacionales, y no teme posibles obstáculos en la cooperación judicial por parte de las autoridades chinas, ya que dice tener pruebas suficientes para que siga adelante.

¿Qué rol desempeña al respecto el consumidor? “Su rol es central en la medida en que es una forma de presión que nos arma y apoya como sociedad civil ante los políticos y empresas trasnacionales”, destaca en declaraciones a Efe Nayla Ajaltouni, coordinadora del Colectivo Ética en las Etiquetas.

Una presión que hizo que grandes firmas internacionales de la moda y el calzado firmaran en enero un manifiesto que las comprometía a no usar algodón procedente de Xinjiang, lanzado por la ONG Better Cotton Initiative (BCI) y de la que los demandantes lamentan que el apoyo de la industria no haya sido más amplio.

Varias empresas del sector, como H&M, Nike o Adidas, han sido objeto de llamamientos al boicot en las redes sociales de China tras su rechazo al algodón de esa región.

Marta Garde