El gasto de la industria española para paliar su impacto ambiental aún está por debajo del nivel de hace una década

El sector industrial español gastó en 2017 un total de 2.519 millones de euros en evitar o reducir la contaminación que produce. Es un 1,2% más que el año anterior y un 6,15% más que en 2015, pero los datos se sitúan aún muy lejos de los que registraron una década antes. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2008 las empresas gastaron o invirtieron un 19,5% más que hace un par de años, el último periodo del que hay datos, en protección ambiental.

La estadística del INE, que analiza los establecimientos industriales (talleres, minas, fábricas, etc.) con más de 10 trabajadores, diferencia entre gasto corriente e inversión. El primer parámetro se refiere a aquellos gastos de explotación cuyo objetivo es la prevención, reducción, tratamiento o eliminación de contaminación. El segundo, a los recursos de capital adquiridos para mejorar el proceso productivo durante más de un año.

Precisamente, ha sido el gasto corriente el que ha mantenido la tendencia ascendente del total. Esta partida ha aumentado un 20,3% desde 2008, mientras la inversión se desplomó un 60,9%. Fuentes de la CEOE indican a esta redacción que las compañías españolas son “pioneras” en sensibilización ambiental y “cada vez invierten más”. En 2017 está partida cayó un 6% respecto a 2016. Con todo, fuentes empresariales señalan que la industria es la principal fuente de protección ambiental, ya que es responsable del 53% de la inversión en esta materia.

“En general, el dinero que aportan las empresas a temas medioambientales es mucho menor al impacto que generan”, denuncia el coordinador de Ecologistas en Acción, Luis Rico. A su juicio, “el gran triunfo de las empresas ha sido imponer un modelo basado en la responsabilidad social corporativa (RSC) y no en la legislación. Al estar basado en la voluntariedad, no sirve para corregir o que realmente se ponga freno al impacto que tienen las industrias”. Para él, estas gastan o invierten en evitar o reducir la contaminación que producen como un lavado de cara, para buscar alternativas “ante el agotamiento de ciertos materiales que son vitales para la economía” o para buscar nuevos nichos de mercado.

Durante la década de los 2000 comenzó a legislarse específicamente en materia medioambiental. En 2005 se aprobó la ley que regula la emisión de gases de efecto invernadero; en 2007, las leyes de Responsabilidad Medioambiental y de calidad del aire y protección de la atmósfera; y en 2008 comenzó el periodo por el que debían reducirse las emisiones de gases de efecto invernadero. “El dato de 2008 puede deberse a esa adecuación inicial al cumplimiento de la legislación, que supone una alta inversión inicial que se ha ido amortizando, por lo que no se han tenido que incorporar nuevos capitales”, indica la profesora del máster en gestión ambiental de la empresa del ISM y socia directora de la consultora Cavala, Rut Ballesteros. También a la crisis.

Pese a ese notable bajón, desde 2010 el gasto y la inversión se ha mantenido más o menos estable, con leves subidas y bajadas interanuales. Desde ese año, el gasto ha subido un 5,6%. “Cada vez mejoramos más el control de gastos y hay una tendencia al alza a la obtención de certificados medioambientales, que llevan asociados una serie de costes, personal e infraestructuras que antes no teníamos”, indica la experta, que apunta también a cierto viraje hacia una economía circular.

Por sectores, el descenso en el gasto total en la última década experimenta diferencias notables. Mientras la industria manufacturera gastó un 10,6% menos en 2017 que en 2008, las industrias extractivas disminuyeron el total en un 48,6% y las de suministro de energía destinaron el 61,3% menos que nueve años antes.

El informe del INE desglosa el gasto total de las diferentes industrias manufactureras. Precisamente, las únicas que superan los niveles de 2008 son la industria de alimentación, bebidas y tabaco y la de coquería y refino de petróleo. Para Rico, en el caso de la alimentación este aumento está relacionado con el aumento del mercado ecológico y un consumo consciente y directo por parte de los ciudadanos, “que ha llevado a que cada vez haya más empresas que han dado el cambio a eco porque les va mejor económicamente”. En el caso del carbón y el petróleo, “la industria fósil ha sido muy señalada, por lo que ha sido la que más ha tirado de marketing verde para promulgar a los cuatro vientos sus supuestos enormes cambios en sostenibilidad, aunque estos sigan muy lejos de lo necesario”, considera.

Ballesteros explica que estas dos son industrias que están hiperreguladas. “No tienes una empresa en el mercado alimentario que no cumpla con la legislación básica y, también, con certificaciones como la ISO22000, la IFF o la BRC, que llevan asociados gastos medioambientales”. Las coquerías y refinerías están también “súperreguladas en cuanto a emisiones” y el Estado español “está obligado a reportar datos. También, los estándares de seguridad son muy altos y alguna de estas partidas puede estar registrada como medioambiental”, añade la experta.

No obstante, no son estas las subindustrias de la industria manufacturera (la única que se desglosa) que más invierten si tenemos en cuenta su cifra de negocio. El apartado 'papel, artes gráficas y reproducciones de soportes grabados' gasta en protección medioambiental un 0,8% sobre su cifra de negocio. Es la que está a la cabeza. Las naves para maquinaria y equipo tan solo destinaron en 2017 a esta partido un 0,12%.

“Las artes gráficas están muy reguladas. Las tintas son residuos peligrosos y, aunque cada vez se trabaja más con base de agua y no con tinta solvente, en el pasado les obligaron a registrar todos los focos atmosféricos. Además de gastar mucho en tratar las tintas, tienen que gestionar también los residuos no peligrosos de papel y plástico”, explica Ballesteros. En el otro lado de la lista están las empresas con menos impacto en el medio ambiente que “están menos reguladas y, al final, el empresario se relaja”. “Las que más gastan son las que más impacto tienen y las que están mas reguladas”, resume.

Las industrias han destinado la mayor parte de su gasto a la protección del aire y del clima. En 2017 fueron 371,3 millones de euros que supusieron un 62% del total. Muy lejos del 15,6% destinado a la gestión de aguas residuales (93,6 millones) o del 5,7% que se destinó a la gestión de residuos (34,3 millones). “A nivel planetario la lucha contra el cambio climático es uno de los principales problemas medioambientales. Tiene prioridad máxima en la agenda de todos los estados y debería estar también en la agenda de todos los ciudadanos”, desarrolla Ballesteros. En ese sentido, que se utilicen parámetros como la huella de carbono o las emisiones de gases recogidas en los protocolos internacionales hace que las industrias se hayan esforzado más en ese aspecto que en reducir otro tipo de agresores al medio ambiente.