La vicepresidenta segunda del Gobierno no entiende cómo un gay puede votar a la derecha. “Restringen sus derechos”, coincidía Yolanda Díaz con Jorge Javier Vázquez en el podcast del periodista. Una encuesta de la consultora 40db para la FELGTBI+ publicada hace un mes apuntaba en la misma dirección: el 56,5% de las personas LGTBI en España se decantaría por alguna opción de izquierdas (PSOE, UP o Más País), frente al 31,5% que lo hacía por el PP, Ciudadanos o Vox.
Pese a los intentos de algunos portavoces conservadores por atribuirse algunos de los avances en esta materia, el histórico de votaciones en el Congreso, declaraciones y programas electorales es tozudo. El activista y lingüista especializado en análisis del discurso Nacho Esteban lo ha recopilado en Por rojos y maricones (editorial Egales), un repaso a las posiciones de instituciones, partidos y políticos respecto a las personas LGTBI.
Pero ¿cuándo surge la alianza entre las políticas LGTBI y los partidos de izquierdas? “En realidad es bastante temprana. A principios del siglo XIX, con los inicios de lo que se puede considerar el socialismo, hay unas tímidas relaciones entre posiciones de izquierdas y anarquistas con los primeros ensayistas y juristas que se dedicaban a esta cuestión. Es cierto que a lo largo del siglo XX aún hubo mucha LGTBIfobia en todas las esferas, incluso desde la izquierda, por ejemplo en el caso del comunismo, así que no sería hasta que empieza a surgir el activismo propiamente dicho, en torno a los años 60 y 70, cuando estas organizaciones ya ven claramente la necesidad de hacer una apuesta sincera”, explica Esteban.
Por rojos y maricones se centra en la historia reciente, tras el final del franquismo. “Durante la Transición, el partido que estuvo en el poder, UCD, no supuso una gran diferencia respecto a la situación de la que veníamos. Hay mucho continuismo entre la dictadura, sobre todo a nivel legal y de las personas que estaban en las instituciones, con respecto a esos primeros años del Gobierno de Suárez. Entonces, el activismo estaba iniciándose en España y había una serie de reivindicaciones: derogar la legislación LGTBIfóbica, empezar a trabajar en derechos trans y legalizar las asociaciones LGBTI y el Orgullo”, explica el activista.
El 13 de diciembre de 1978, el Congreso votó la reforma de la ley de peligrosidad social. Con el nuevo texto, la homosexualidad dejó de estar perseguida, al menos legalmente, tres años después de la muerte del dictador. Aquella votación se saldó con 278 votos a favor. Entre ellos, figuras tan dispares políticamente como Leopoldo Calvo-Sotelo, Felipe González, Santiago Carrillo y Manuel Fraga. Pero, pese a lo abultado del resultado, fueron más reveladoras las ausencias: 63 diputados de todo signo no acudieron a la votación. Adolfo Suárez, Tierno Galván, Jordi Pujol o Dolores Ibárruri no estuvieron presentes.
A partir de ahí, los partidos fueron asumiendo u olvidando las reivindicaciones del colectivo. Esteban ha analizado los programas de PSOE, PP, IU y Unidas Podemos, Ciudadanos y Vox para las elecciones generales desde 1977 y extrayendo los compromisos implícitos o explícitos en la materia. Los resultados del estudio, que pueden verse en la siguiente tabla, muestran solamente si las medidas indicadas estaban incluidas en los programas, independientemente de que luego se pusieran en marcha, tanto esas como otras que no estuvieran en los textos.
“Idealmente, un programa electoral es un compromiso, pero, más allá de eso, es un posicionamiento. Se está hablando de la imagen que quiere proyectar un partido. El hecho de que en 1986 el recién refundado Izquierda Unida incluyera en su carta de presentación varias páginas hablando de los derechos de las personas LGTBI, incluyendo la adopción, ya está diciendo mucho de qué postura va a tomar ese partido”, indica Esteban.
IU, que hasta 2015 se presentó a las elecciones de forma independiente y a partir de ese año, con Podemos bajo la marca Unidas Podemos, es la formación que antes y más garantías para la población LGTBI reclamó de forma explícita en sus programas electorales.
En las elecciones de 1986, el socialista Felipe González revalidó el Gobierno que, pese a que no incluyó de forma explícita en sus programas de aquellos años ninguna medida para el colectivo LGTBI, acabó impulsando políticas favorables. “Durante los primeros años apenas se notó la diferencia y hubo que esperar hasta finales de la segunda legislatura e inicios de la tercera para que de verdad se pusieran en marcha políticas concretas. De hecho, muchas leyes no se pudieron aprobar porque intentaron iniciarse en el último momento, yo creo que más como un guiño estético que con una intención de que realmente salieran adelante, como es el caso de las parejas de hecho”, explica Esteban.
La llegada del Partido Popular a la Moncloa en 1996 supuso la nada para los avances en materia LGTBI a nivel estatal. “Con Aznar continuó la reivindicación de las parejas de hecho y se presentaron muchísimos proyectos, pero fue absolutamente imposible. En el año 2000, el activismo se dio cuenta de que iba a ser imposible aprobar una legislación de este tipo con la mayoría absoluta del PP y se planteó que se tendría que conseguir a través de las leyes autonómicas. En 1998, Catalunya logró la primera ley de parejas de hecho de España que no discriminaba en función del sexo”, explica el autor.
Para evitar el matrimonio igualitario, al que las encuestas le daban una aprobación muy alta, el PP amagó incluyendo en su programa de 2004 una referencia a una especie de ley de parejas de hecho, muy simbólica y que no reconocía ningún derecho real
Si se consulta en la tabla el apartado de 'parejas de hecho', hay una casilla que choca con el relato de los párrafos anteriores. Tras ocho años de gobierno y negativas, el PP incluyó en su programa de 2004 una mención implícita a esta medida para parejas LGTB. “Una de las promesas electorales de Zapatero fue aprobar el matrimonio igualitario. Para evitarlo, y viendo que el activismo lo había trabajado muy bien a nivel social y las encuestas le daban una aprobación muy alta, el PP amagó incluyendo en su programa una referencia a una especie de ley de parejas de hecho, muy simbólica y que no reconocía ningún derecho real”, señala Esteban.
La aprobación del matrimonio igualitario supuso una batalla con una derecha aliada con la Iglesia. A la manifestación contra este derecho celebrada en Madrid en 2005 asistieron representantes de uno y otro sector, como el cardenal Rouco Varela y los exministros conservadores Jaime Mayor Oreja, Federico Trillo y Ana Pastor. Pero la ley también causó ciertas tensiones dentro del PSOE no tanto por el matrimonio en sí, sino por la adopción. “Los activistas te cuentan que en aquella época el propio Zapatero comentaba en ámbitos privados que iba a costar mucho aprobar esa legislación, pero aun así se mantuvo firme y consiguió sacarla adelante”, explica Esteban. De hecho, el propio expresidente socialista apareció en 2002 en la portada de la revista Zero con el titular: “Matrimonio, sí. Adopción, ya veremos”.
Las menciones explícitas del Partido Popular a medidas en favor del colectivo LGTBI en sus programas se cuentan con los dedos de una mano: sobre el VIH en 1996 y 2004 y contra el acoso escolar en 2015 y 2016. “El PP jamás ha aprobado una legislación nacional favorable a la población LGTBI. Sí lo ha hecho muchas veces a nivel autonómico o local, pero se ha opuesto de manera sistemática a absolutamente cualquier ley que pudiera beneficiarla específicamente. Durante muchas décadas ha sido el partido 'atrápalo todo' de la derecha y tenía que atender a muchos perfiles distintos, por ejemplo el electorado católico o uno muy alineado con posiciones filofranquistas. Hay una parte de convicción, pero por supuesto hay mucho de estrategia, a la hora de jugar a cierta equidistancia, porque nadie quiere que le llamen LGTBIfóbico, así que siempre vas a encontrar una excusa técnica para oponerte”, explica Esteban.
En el caso del matrimonio igualitario, la excusa pública para llevarlo al Constitucional fue el ya famoso “que no lo llamen matrimonio”. La que constaba en el recurso era que “desnaturalizaba” el heterosexual. Cuando el Tribunal dio la razón al legislador y la sociedad ya había abrazado la norma, los conservadores hicieron piruetas argumentales para sumarse al avance. Hace apenas tres meses, el senador del PP Jaime de los Santos llegó a afirmar en el Senado que las parejas del mismo sexo se podían casar en 2015 porque “el 20 de noviembre de 2011, con una mayoría absoluta de 182 diputados, el señor Mariano Rajoy Brey no cambió en cuatro años ni una coma de la ley”. La Cámara Alta debatía la ley trans, a la que el PP también se opuso.
Esa ley salió adelante con tensiones internas en el propio Gobierno de coalición. “Durante el matrimonio igualitario sí había dos bandos bastante diferenciados y en 2007 la ley de identidad de género se aprobó sin grandes problemas. Ahora mismo tenemos un sistema multipartidista y ya no basta con tener dos bandos que defienden posturas irreconciliables. Cada uno se tiene que definir en posiciones mucho más específicas. Evidentemente, el PSOE es un partido más conservador y quiere avanzar de forma más lenta, asentando todos esos derechos, que formaciones como Unidas Podemos, con reivindicaciones mucho más ambiciosas en sus programas electorales”, desarrolla el autor de 'Por rojos y maricones'.
Izquierda Unida lo dijo primero
Sobre las tensiones entre Unidas Podemos y una parte del feminismo con representantes del socialismo en torno a la autodeterminación de género, Esteban considera que el PSOE ha sido de alguna forma “rentista en materia de derechos LGTBI”. “Es cierto que toda la legislación nacional la han aprobado gobiernos socialistas pero, ¿cómo iba a ser de otra forma? Después de Suárez solo hemos tenido gobiernos socialistas y populares y cada uno se ha definido en oposición al otro. El PSOE aprobaba legislación, en general, progresista, y el PP se oponía”, continúa.
En la inmensa mayoría de propuestas, Izquierda Unida fue la primera formación en incluirlas en sus programas. Desde la despatologización de las personas trans (en 2008), la adopción (1986), la protección de menores trans (2011), la ley estatal (2008) o la defensa internacional de los derechos LGTBI (1993). “El PSOE oculta parte de su historial de oposición y que la iniciativa de algunos derechos que finalmente se aprobaron generalmente ha salido de partidos como IU y, ahora mismo, de Unidas Podemos”, incide Esteban.
En la tabla, con información recababa por el autor del libro, no se incluye a Vox: “No puede aparecer, no solo porque no haya propuesto reconocer o reforzar ningún derecho LGTBI, sino porque ha hecho exactamente lo contrario. En sus programas no solo encontramos el veto parental, también la exclusión de cirugías para personas trans de la sanidad pública y temas tan delirantes como que se estaba discriminando a la hora de dictar sentencias en función de la orientación sexual”. A juicio de Esteban, la irrupción de la extrema derecha en las instituciones ha supuesto la ruptura de “cierto consenso que se estaba fraguando”.