Los ingresos por impuestos verdes que protegen el medio ambiente cayeron en España
Los impuestos destinados a proteger el medio ambiente han caído en España. Los ingresos que aportaron estos tributos bajaron 217 millones de euros en 2016, según el último informe de Eurostat. Es poco, un 1% respecto al año anterior, pero contradice la tendencia de la UE que creció en ese mismo porcentaje.
España recaudó por fiscalidad verde 20.640 millones de euros en 2016 por los 20.857 de 2015. El club de estados que recibieron menos dinero desde las actividades que dañan el medio ambiente en la Unión Europea además de España se redujo a Grecia, Luxemburgo y el Reino Unido.
Precisamente el retraso en la aplicación de esta herramienta de protección ha merecido el reproche de la Comisión Europea. Reproche expresado por escrito al analizar la aplicación de la normativa ambiental por parte del estado español.
La política europea favorece la potenciación de los impuestos como método de protección del entorno. “Gravar la contaminación y el uso de los recursos puede generar más ingresos y aporta importantes beneficios sociales y medioambientales”, explica la Comisión. Y añade otro punto que debería tranquilizar la habitual preocupación sobre las cifras macroeconómicas del Ejecutivo de Mariano Rajoy: “La fiscalidad relacionada con el medio ambiente es una de las pocas que, en general, no perjudica al crecimiento”, explica.
Pero, a la luz de los datos remitidos a Bruselas, la aplicación de esta política es todavía perezosa. Si los impuestos ambientales suponen una media del 6,3% de todo los ingresos fiscales para la Unión, en España superan por poco el 5%. De los 28 estados de la UE, solo nueve están por debajo de esa media: Chequia, Austria, Eslovaquia, Alemania, Francia, Bélgica, Suecia, Luxemburgo y…España.
Margen de actuación
La fundación Fòrum Ambiental, entre otras instituciones, ha detallado dónde hay margen para avanzar en fiscalidad verde. Hay cancha. Fòrum señala, en primer lugar, el impuesto sobre hidrocarburos: “Eliminar las exenciones para el carburante de aviación y navegación o aumentar progresivamente los tipos de uso general”. Precisamente, este miércoles se conoció cómo las emisiones de la aviación y el transporte marítimo no han parado de crecer desde 1990. La Agencia Europea de Medio Ambiente ha calculado que las aerolíneas se ahorran entre 20.000 y 32.000 millones de euros al año por esto. La Comisión Europea le ha dicho al Gobierno: “España no cuenta con una estrategia global para eliminar las subvenciones nocivas para el medio ambiente”, entre las que destacan las ayudas a los combustibles fósiles.
El diputado de Equo, Juan López de Uralde coincide con esta idea: “El elemento principal es el de los hidrocarburos. Es medioambiental y geopolíticamente escandaloso seguir dependiendo de los hidrocarburos. Sería prioritario aprovechar el actual bajo precio del petróleo para aplicar una fiscalidad que favorezca la transición a las fuentes de energía renovables”. La dependencia de petróleo del exterior hace que España recurra a importaciones cuyo producto se cuenta entre los más contaminantes ya que no todos los petróleos son iguales ni conllevan una huella igual de dañina.
Otros tributos con margen para actuar como disuasor de actividades poco ecológicas y que dependen de decisiones del Ejecutivo central, según recuenta Fòrum Ambiental, son el impuesto de sociedades con posibles “bonificaciones para instalaciones de renovables”, el IVA mediante un tipo bajo a las actividades ambientalmente beneficiosas o un impuesto estatal sobre el depósito de residuos, entre otros.
La cosa va bien, para el Gobierno
La ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, se escudó esta semana en las competencias municipales para explicar los expedientes sancionadores abiertos contra España por Bruselas a cuenta de la calidad del aire. Culpó a las alcaldesas de Madrid y Barcelona, Manuela Carmena y Ada Colau, de no resolver el problema. No hizo mención al reproche repetido sobre la floja fiscalidad verde del estado.
Cierto es que los impuestos no son única y exclusivamente asunto del Gobierno central. Las comunidades autónomas también tienen margen de maniobra. De hecho, el análisis de la fundación explica que “a nivel autonómico ha habido mucha más actividad en materia de fiscalidad ambiental en los últimos años”.
Sin ir muy lejos, Baleares ha aprobado una tasa por turista con la idea destinar fondos para el turismo sostenible y la conservación de espacios naturales. Pretende recaudar con esa ecotasa unos 80 millones anuales. También pueden los gobiernos autonómicos gravar actividades lesivas como los campos de golf, las pistas de esquí o el aprovechamiento del agua embalsada.
Hace dos días, el 30 de enero, Tejerina comparecía en sede parlamentaria y, al tiempo que aseguraba ir a buen ritmo para redactar el anteproyecto de ley sobre cambio climático, afirmaba rotunda que “España está un 10% por delante de nuestras obligaciones para [los objetivos climáticos] de 20-20”. Y añadía que el camino para reducir las emisiones de CO era el correcto por haberlas reducido en 2016. Acto seguido se ponía una venda: “La sequía –de 2017– está complicando la senda por el mix energético”.
