Los rectores recurren a la autonomía universitaria para mantenerse al margen de los casos de másteres irregulares
Los rectores españoles minimizan el daño que el escándalo de los másteres irregulares en la Universidad Rey Juan Carlos puede infligir al sistema de educación superior español: se trata de un caso que no puede generalizarse y no prevén investigar o pedir explicaciones a la URJC. “No tenemos jurisdicción”, ha dicho este lunes el presidente de la Conferencia de Rectores, Roberto Fernández.
Fernández ha resumido con esta frase el sentir habitual de la conferencia: “El presidente de la CRUE no suele interferir en la autonomía de las universidades”. Un argumento que dio sustento al exrector de la Rey Juan Carlos, Fernando Suárez, cuando se desveló que plagiaba artículos –la CRUE no tomó medida alguna hasta probarse nueve casos distintos– y se extendió con el caso del máster de la expresidenta de Madrid, Cristina Cifuentes a pesar de reconocer que había indicios de “graves irregularidades”, como los calificó el propio Rodríguez.
Ahora, con los asuntos de la dimitida exministra socialista Carmen Montón y el del líder del PP, Pablo Casado –en fase de investigación judicial–, la cabeza visible de los rectores ha intentado poner sordina y ha asegurado que “el hecho de que haya algún caso no puede extrapolarse a un sistema”. Tampoco planean indagar mucho más porque esa es labor de la propia institución implicada, entienden.
Un mes acumulando plagios
A la CRUE le cuesta mostrar una posición pública cuando alguno de sus socios se ve involucrado en problemas. En 2016, se tomó un mes antes de sentarse con el entonces rector de la URJC, Fernando Suárez y acordar, según comunicaron, que Suárez debía dejar sus responsabilidades en la directiva de la conferencia por haber copiado. Nada más.
Durante ese mes, se iban acumulando textos científicos que Suárez había plagiado. A pesar de ser consultada constantemente, la CRUE ponía distancia hasta que la posición del rector se convirtió en indefendible. Con todo, el rector mantuvo su puesto hasta que convocó elecciones sin presentar candidatura.
En 2018, la URJC volvió a colocar al mundo universitario en entredicho por el título de máster de la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes. La CRUE aportó, por petición del rector Javier Ramos, dos inspectores para que supervisaran la investigación interna de la Rey Juan Carlos: José Ángel Contreras, director del servicio de Inspección de la Universidad de Burgos, y Carmen Ruiz, jefa del Área de Inspección de Servicios de la Universidad de Murcia.
Rodríguez habló en público al finalizar la inspección para decir que se intuían “graves irregularidades” y zanjar el asunto con el mismo mensaje: “En función de la autonomía universitaria, corresponde únicamente a la URJC la responsabilidad del proceso de información reservada”. Y poco más, además que pedir que se respetara la imagen de la universidad.
“Hay que lamentar y analizar por qué se puede dar un caso, pero no generalizar. El hecho de que haya un caso en ningún caso se puede extrapolar a un sistema. En absoluto puede mancillar una universidad que debería ser orgullo de todos los españoles”, ha afirmado este lunes el rector de Lleida y presidente de la CRUE tras la aparición de otro posgrado obtenido con privilegios por una política, Carmen Montón. El título de Pablo Casado queda revoloteando mientras el Supremo decide si llama al líder del PP.
Esta estrategia de calificar como aisladas las prácticas detectadas en la URJC ha coincidido con las declaraciones del ministro de Ciencia y Universidades, Pedro Duque, quien ha querido restar importancia a la situación: “En absoluto empaña la imagen de la universidad”, ha asegurado. El presidente de la Conferencia de Rectores de Madrid, Carlos Andradas, no ha contestado a eldiario.es sobre cómo puede estar deteriorando la imagen de la universidad pública el serial de títulos irregulares concedidos a estudiantes con relevancia política.
