Qué ocurrió, qué pudo fallar y cómo mejorar la respuesta. Es lo que están analizando las instituciones implicadas en la lucha contra la violencia machista ante el repunte de las últimas semanas. Aunque 2022 es uno de los años de la serie con menos víctimas mortales, la acumulación de casos ha derivado en reuniones urgentes, declaraciones y el anuncio de nuevas medidas y criterios dirigidos sobre todo a las víctimas que sí denuncian y aun así no encuentran protección. Así ocurrió con el 43% de las asesinadas por esta causa el año pasado y con la mitad de los casos registrados en diciembre.
Son múltiples los factores que confluyen en cada caso, pero muchos ojos están mirando a uno de los engranajes clave en el sistema: la predicción del riesgo que se hace de las víctimas una vez interponen la denuncia. Sobre esto se ha pronunciado la fiscal de sala de Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, que este miércoles advertía en un oficio remitido a los fiscales delegados de violencia de género de toda España de la necesidad de generalizar el uso de las valoraciones forenses del riesgo, una herramienta a disposición de los juzgados añadida a la valoración policial, pero que no está generalizada.
Hay dos tipos de evaluaciones forenses que puede pedir el juez: las urgentes o las programadas. Las primeras las realiza solo el médico forense y evalúan el riesgo que corre la víctima; las segundas incluyen a psicólogos y trabajadores sociales y se realizan en el ámbito de la investigación judicial posterior. Las voces consultadas apuntan a varios factores que derivan en su infrautilización: tanto a las escasas peticiones de las valoraciones urgentes que llevan a cabo los órganos judiciales como a la “falta de equipos” e “insuficiencia de medios”, en palabras de la Fiscalía, de las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI), que son los equipos multidisciplinares formados por tres sectores profesionales: médicos, trabajadores sociales y psicólogos.
En la práctica, lo más habitual es que cuando una mujer denuncia, solo se haga una única evaluación, la policial, que es la que hacen los agentes con un cuestionario estandarizado que responde la mujer tras denunciar en base al sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén) y que dará como resultado un riesgo bajo, medio, alto, extremo o no apreciado. Para la Fiscalía esta evaluación es “de gran valor”, pero “no siempre es suficiente” y por eso reclama valoraciones añadidas ya en sede judicial “para mayor certeza y seguridad”.
Su importancia radica en que de esos informes forenses, partes de lesiones, testimonios y otras pruebas dependerá, en definitiva, la decisión que tome el juez sobre el grado de protección de la víctima y la proporcionalidad de las medidas aplicadas al presunto agresor: es decir, si impone orden de protección, prisión provisional o suspensión de comunicación o no. “El atestado policial es importantísimo para empezar a trabajar, pero no nos podemos quedar ahí. Ese momento de la denuncia va a depender mucho de la empatía de los agentes y las víctimas están casi siempre nerviosas y ansiosas”, cree Pino de la Nuez, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis.
Otras fuentes consideran que esa valoración policial no suele ser el “criterio determinante” para que se otorgue o no una orden de protección. Y, más allá de estas valoraciones forenses urgentes, creen que lo determinante es la declaración de la denunciante. “La clave es el testimonio de la víctima —si lo puede dar— y del denunciado. Por eso es tan importante que las mujeres tengan una buena asistencia letrada y las orienten bien para que puedan contar con detalle lo que está pasando”, afirma la jueza Sonia Chirinos, que fue durante años titular de un Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Madrid.
El uso “excepcional” de las valoraciones urgentes
Las valoraciones forenses urgentes del riesgo, aquellas que pueden solicitar los magistrados en las 72 horas tras la denuncia, también evalúan a los denunciados, pero su uso es “excepcional”, dice José Amador Martínez Tejedor, director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Burgos, Ávila, Segovia y Soria. “No lo pide casi nadie”, añade Rosa Roig, que ha trabajado como médica forense en el de Valencia. Y es algo a lo que apuntan algunos datos disponibles: en 2019, año en el que se juzgaron 52.000 casos, se hicieron 2.152 estudios de este tipo en todo el territorio. En las comunidades que dependen del Ministerio de Justicia fueron 149 en 2020 y 109 hasta junio de 2021.
Estas valoraciones urgentes, que suponen una reacción más o menos inmediata tras la denuncia, pueden ser solicitadas por todas las partes, aunque será el magistrado quien las autorizará. Principalmente, para determinar si cabe imponer alguna medida de protección, que puede ir desde la prisión provisional del presunto agresor a una orden de alejamiento o la prohibición de comunicarse con la víctima o ir a su domicilio. “Las realizamos los forenses que en ese momento estamos de guardia. Implican reconocer a la víctima, al denunciado y valorar elementos de prueba, historias clínicas o antecedentes. Aportan mucha información”, explica Martínez Tejedor.
Los forenses utilizan para ello el Protocolo Médico-Forense de Valoración Urgente del Riesgo, puesto en marcha en 2011, y deben realizar un informe con conclusiones que pasarán al órgano judicial. Para intentar impulsar su uso, el protocolo fue actualizado en 2021 por el Ministerio de Justicia, y entre sus novedades incorporó un instrumento para que cuando VioGén detecta vulnerabilidad o riesgo –en el caso de que la víctima tenga hijos o hijas menores– las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado propongan esta valoración forense.
Para la Fiscalía, la infrautilización del protocolo tiene que ver con “la dificultad” de obtener los informes antes de la comparecencia de la orden de protección, como especifica en su última memoria. La audiencia sobre esas medidas debe celebrarse en un “plazo máximo” de 72 horas desde la denuncia. “La tónica dominante es la imposibilidad de elaborarlo en ese corto lapso temporal habida cuenta de la insuficiencia de medios personales en los Institutos de Medicina Legal” y la carga de trabajo que “soportan” los médicos forenses, según informan las fiscalías de varios territorios.
Martínez Tejedor explica que el informe “no puede tenerse en media hora o una hora”, sino que “las partes deben esperar unas tres horas” y eso “quizá en una jornada en la que hay varios asuntos de violencia de género puede llegar a ser un plazo, que aunque es mínimo y razonable, dificulte el trabajo en los juzgados”. El experto no piensa que su escaso uso se deba a la falta de medios porque todos los juzgados tienen médicos forenses de guardia, aunque sí apunta a que hay territorios en los que no solo están disponibles para asuntos de violencia de género y “pueden tardar más”.
No está en todos los territorios
El problema también es que ese asesoramiento técnico especializado a jueces y tribunales ni siquiera está disponible en todos los territorios. En su oficio de este miércoles, la fiscal Peramato recuerda que la implantación de las unidades de valoración integral forense en todas las comunidades autónomas es uno de los compromisos del Pacto de Estado contra la violencia de género que sigue pendiente de cumplimiento. Y solicita que, en ausencia de esta medida, se amplíe la jurisdicción de los juzgados de violencia sobre la mujer a dos o más partidos judiciales para garantizar que estos “recursos especializados” son accesibles “para todas las víctimas por igual” y que fiscales, jueces y abogados pueden disponer de ellos.
Por eso la Fiscalía reclama una generalización de las Unidades de Valoración Forense Integral, que son equipos especializados que la ley de 2004 instó a crear, pero que aún no existen en territorios como Madrid, Tarragona, León o Islas Baleares, detalla la memoria del Ministerio Público, que pide disponer de más equipos debido a la dilación existente en la emisión de los informes integrales, que son los programados a lo largo del proceso y ya no dirigidos únicamente a valorar el riesgo en el momento de la denuncia.
Según lamenta la Fiscalía, los plazos son muy variables y oscilan entre los 15 días de Teruel, los dos meses de Zaragoza o Ávila, los tres o cuatro de Zamora o Almería, un año de Córdoba o A Coruña hasta el máximo de dos años y seis meses en Las Palmas de Gran Canaria.
La jueza Begoña López Anguita, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Madrid, considera que estos informes son especialmente relevantes en los procedimientos en los que la víctima renuncia a declarar, algo relativamente habitual en este tipo de delitos y a lo que contribuye el escaso asesoramiento sobre las herramientas a su alcance que tienen las víctimas una vez han dado el difícil paso de denunciar a sus agresores. “Esos informes pueden dar elementos probatorios para poder seguir investigando los hechos aunque no esté el testimonio directo de la víctima”, afirma. Además, las unidades hacen valoraciones que ayudan al juez a tomar decisiones sobre medidas civiles, como las custodias de los menores en caso de que haya hijos o hijas.
La jueza Sonia Chirinos coincide en este diagnóstico. “Estos informes son más importantes durante el procedimiento, pues hay que tener en cuenta que la instrucción del delito continúa más allá de esas 72 horas posteriores a la denuncia”, afirma. Esta magistrada afirma haber tenido casos de mujeres que han rechazado las órdenes de protección pero esas medidas se han mantenido precisamente gracias a la existencia de una valoración “más completa” sobre su situación gracias a los informes psicosociales.
“Son informes más extensos que ya sí hacemos las tres disciplinas, tanto médicos como trabajadores sociales y psicólogos. Evaluamos sobre todo si hay maltrato habitual, en qué medida y en qué modalidad se da y cómo afecta a la mujer y a toda la unidad familiar. Vemos si sigue existiendo riesgo o no, pero el objetivo es más amplio”, explica un trabajador social de una UVFI que prefiere no revelar su nombre.
La falta de medios de la que alerta la Fiscalía es constatada por un trabajador que prefiere no dar su nombre. Asegura que es habitual que las vacantes de profesionales en el equipo “no se cubran”, lo que hace “que haya muchos procedimientos paralizados” unido a que “cada vez se piden más evaluaciones”. Así que, desde que hay una petición del órgano judicial hasta que se cita a la mujer, pueden pasar entre seis y ocho meses. En el caso de Burgos, explica Martínez Tejedor, también “hay lista de espera para las citaciones” que pueden llegar a alcanzar los tres meses incluso siendo casos “a los que les damos prioridad”. La jueza López Anguita también reconoce que hay un “problema endémico” de insuficiencia de medios que hace que esos informes, en ocasiones, tarden demasiado en llegar.
“Somos tres médicos los que nos dedicamos a la valoración integral y solo hay una trabajadora social y una psicóloga que, además de esto, valoran asuntos civiles derivados de violencia de género o evaluaciones en casos de abuso sexual a menores. Con un solo equipo para toda la provincia, ya se entiende que no se puede dar una respuesta ágil”, completa el forense.