El pasado 17 de septiembre la mujer asesinada este domingo presuntamente a manos de su marido en el municipio sevillano de Olivares acudía al cuartel de la Guardia Civil. Ante los agentes denunció que había sido agredida por él y solicitó una orden de protección, pero el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº2 de Sanlúcar la Mayor le denegó la medida, una decisión también respaldada por la Fiscalía.
El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado que investigará lo ocurrido. Los hechos han vuelto a poner sobre la mesa el debate de la protección a las víctimas de violencia de género y a cuestionar que las instituciones repitan el mensaje de la necesidad de denunciar sin garantizar la seguridad de quien lo hace. El 41,2% de las mujeres asesinadas en lo que va de año habían denunciado.
El partido judicial de Sanlúcar la Mayor, al que pertenece el juzgado que ha resuelto este último caso, deniega el 50,5% de las órdenes de protección solicitadas, según datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial entre 2010 y 2015. En este periodo temporal ha rechazado 196 de las 388 solicitadas. De los 432 partidos judiciales que hay en España, el de Sanlúcar la Mayor ocupa el lugar 145 en cuanto a procedimientos de este tipo iniciados si los ordenamos de más a menos.
Y es que denunciar situaciones de violencia machista no es lo mismo en unos y otros partidos judiciales. Las cifras dibujan un escenario desigual en el que, por ejemplo, el partido judicial de Barcelona ha denegado el 80% en los últimos cinco años mientras que el de Cartagena solo lo ha hecho con el 4%.
Un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha informado de que la jueza de Sanlúcar la Mayor denegó la medida a la mujer asesinada basándose en fundamentos como las versiones contradictorias de denunciante y denunciado, el parte de lesiones aportado por el denunciado, al que no les constaban antecedentes penales y la calificación de “riesgo no apreciado” realizada por las fuerzas de seguridad, que dos horas más tarde de la denuncia detuvo al marido poniéndolo a disposición judicial. Fue el 17 de septiembre. Más tarde salió en libertad y sin medida de alejamiento.
Los puntos negros del sistema
Abogadas, jueces y expertas han llamado la atención en varias ocasiones sobre los puntos negros del sistema de protección a las víctimas de violencia machista. Ello sin restar la importancia de interponer denuncia. Reivindican la necesidad de que los magistrados y el resto de agentes que intervienen en el proceso se formen en perspectiva de género para reducir, en la medida de lo posible, la subjetividad en la valoración del riesgo.
Por otro lado, apuntan a la existencia de algunas herramientas como el Protocolo médico-forense de valoración urgente del riesgo de violencia de género. Los jueces pueden recurrir a los equipos multidisciplinares de los institutos de medicina legal, integrados por un médico y un psicólogo –de urgencia– más un trabajador social cuando no es urgente.
Los atestados que elaboren las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado también son importantes a la hora de tomar la decisión. Sin embargo, las carencias de los equipos han sido denunciadas en más de una ocasión por el Sindicato Unificado de Policía, que demanda más recursos y formación. Lleva meses pidiendo que sean equipos interdisciplinares con psicólogos, policías y sanitarios.
Hace hincapié en que cuando las Unidades Especializadas de Familia y Mujer (Ufam), sobre las que recae la función de atender a las víctimas, no están operativas –turno de noche, festivos o fines de semana– las mujeres son atendidas “por personal no especializado”, asegura el sindicato policial mayoritario.
La sobrecarga de trabajo
Varios jueces señalan también la sobrecarga de trabajo de los juzgados como uno de los factores a evaluar. El partido judicial de Sanlúcar la Mayor, integrado por cuatro juzgados de instrucción, lleva años siendo nombrado por las memorias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía como uno de los más sobrecargados de España. “En la provincia de Sevilla han superado la carga de trabajo en más del 50% los partidos judiciales de Dos Hermanas, Lebrija y Sanlúcar la Mayor”, afirmaba el tribunal en 2014.
En la memoria de 2015 incluye una petición a raíz de un informe elaborado por los presidentes de las audiencias provinciales de Andalucía con el fin de extender la jurisidicción de los juzgados especializados en violencia sobre la mujer –en Sanlúcar la Mayor no hay y los casos de violencia machista los lleva un juzgado mixto, con competencias en este y otros asuntos– a dos o más partidos judiciales dentro de la misma provincia.
El tribunal pide al Consejo General del Poder Judicial extender la jurisdicción de los juzgados especializados de Sevilla a Sanlúcar la Mayor. Es decir, demanda que los casos de violencia de género que actualmente se resuelven en este partido judicial, lo hagan en Sevilla. El TSJA asegura que la petición se hace “de forma cautelosa” pero “pensando que la víctima encontrará mejor respuesta policial, asistencial y jurídica”.
Sobre el último caso ocurrido en Olivares, el Gobierno ya ha asegurado que investigará “todos los pasos que se dieron y qué informes policiales existen tanto a nivel municipal como de la Guardia Civil para conocer cuáles fueron los hechos”. Al hilo de ello, ha informado de que a la víctima se le llegó a ofrecer una casa de acogida. “Se le ofrecieron diferentes medidas o medios a nivel municipal, pero lamentablemente al final ha habido esta agresión y muerte”, ha aseverado.