En un país con declarados problemas de escasez de agua, los agropiratas españoles mantienen a buen ritmo el expolio de los recursos subterráneos a base de perforar los acuíferos ilegalmente. El robo no ha aflojado la presión: el Ministerio de Transición Ecológica detecta una media 1.242 cada año desde 2014. La cifra total de expedientes llegó a 6.210 al cerrar 2018. El volumen es muy parecido al que se acumulaba hace 15 años cuando el Ministerio contabilizaba unos 13.300 procedimientos abiertos en diez años. Entonces, el Gobierno calculaba la existencia de más de medio millón de pozos ilegales.
Tres cuartas partes del agua que se saca con permiso van destinadas a la agricultura. La mayoría de los pozos ilegales que se pinchan alimentan explotaciones intensivas de regadío. Así que, solo en la península, hay más de 120 masas subterráneas de agua en mal estado cuantitativo, según los datos de las confederaciones hidrográficas. A eso hay que añadir los acuíferos deteriorados de Canarias y Baleares.
De esas masas de agua en mal estado, unas 60 están directamente sobreexplotadas: las extracciones superan la recarga natural, según admite el Plan Nacional de Regadíos del Ministerio de Agricultura. Ese documento muestra cómo se superponen áreas de cultivos con unidades hidrológicas sobrexplotadas en Almería, Murcia, Alicante, Ciudad Real, Albacete, Huelva, Mallorca, Ibiza, Tenerife, Gran Canaria...
La agricultura del riego no para de crecer. Su superficie actual de más de 3,7 millones de. Si la media del valor de una hectárea agrícola es algo más de 10.000 euros, según los datos del Ministerio de Agricultura, en caso de suelo para regadío de hortalizas en invernadero, el valor se dispara a más de 178.000 euros. Los frutales de clima subtropical (como los mangos o aguacates cultivados en la Axarquía malagueña) se colocan en 113.000 euros por hectárea. Esta situación bien puede justificar el riesgo de abrir un pozo sin permiso, como comentaban a eldiario.es algunos inspectores de la Confederación del Guadalquivir durante una visita a un campo de sondeos sin permiso lindante con Doñana.
Las cifras oficiales dicen que las aguas subterráneas legales aportan un 20% de lo que se demanda cada año en España: 6.000 hm de los que 4.600 van a regadíos y usos agrarios, según Transición Ecológica. Los pozos ilegales añaden una presión extra, y no menor, a esos acuíferos. WWF calculó que, con 500.000 pozos, la extracción de agua sin permiso se dispararía a 3.600 hectómetros de agua que saldría de los depósitos naturales. La sobrexplotación, además, para mantener el bombeo a las fincas “obliga a buscar el agua en profundidades cada vez mayores, degradan su calidad y, en las zonas costeras, permiten la irrupción de agua salada procedente del mar produciendo impactos difícilmente reversibles a escala humana”, explica el Instituto Geológico y Minero.
Daños ambientales
Las perforaciones irregulares se producen por todas partes. Los últimos datos sobre pozos piratas descubiertos por las inspecciones de las confederaciones de Transición Ecológica muestran que la zona donde más número se detectó fue la del Guadalquivir (con 656 el año pasado), seguido por el Guadiana (227) y el Duero (225). Pero, más allá de cifras, el expolio hídrico también tiene algunos nombre propios singulares: Damiel, Doñana, Aguas, Mar Menor...
En Castilla-La Mancha, la masa Mancha Occidental del Guadiana tiene un famoso depósito subterráneo con nombre simple: Acuífero 23. Es el origen del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. LLeva décadas declarado sobrexplotado oficialmente (desde 1987). En diciembre, sus gestores alertaban de la necesidad de un “golpe de agua” y que cesara la sobreexplotación para que el Guadiana volviera a aportar agua a las Tablas.
En Almería el acuífero del río Aguas luce el título de “más sobrexplotado de Europa”, como dicen en la plataforma que pide el fin de las perforaciones Acuíferos Vivos. Las captaciones, en gran medida, van destinadas a explotaciones de regadío situadas en al calor del desierto de Tabernas.
En febrero pasado, la Comisión Europea decidió llevar a España ante los tribunales comunitarios por el deterioro padecido por el Parque Nacional de Doñana. La principal razón era la sobrexplotación del agua para alimenta el boom de la fresa y los frutos rojos. La pujanza económica de este sector en Huelva hizo que se multiplicaran las hectáreas dedicadas a estos cultivos alrededor del Parque Nacional. Pero el acuífero que nutre las marismas protegidas es el mismo que se utiliza para regar en los invernaderos. La Confederación ha iniciado los trámites para declararlo en sobreexplotación.