Si no hay consenso entre las comunidades, el Ministerio de Sanidad tomará las riendas e impondrá el próximo miércoles el uso obligatorio de la mascarilla en centros sanitarios en toda España. La decisión, adelantada por Efe y que ha podido confirmar elDiario.es, llega después de que Mónica García diese dos días a las consejerías para trasladarle sus propuestas, tras el fracaso del pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado este lunes y en el que este departamento quería igualar la protección frente a los virus respiratorios de todos los ciudadanos y amparar jurídicamente a las comunidades que ya la han implementado.
El miércoles es cuando acaba el plazo para que las distintas autonomías analicen la propuesta que este lunes les ha trasladado el ministerio de retomar el uso “universal” de mascarilla en centros sanitarios. Hasta ahora, esa medida solo ha sido aceptada por seis comunidades: Catalunya, Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia y, desde mañana, Canarias y Asturias. Sanidad busca ahora el consenso entre las 17.
“No nos podemos resignar a que una epidemia estacional como es la gripe tenga los mismos efectos que antes de la pandemia”, ha declarado García acerca de la saturación de los centros de Atención Primaria y las urgencias hospitalarias, durante una entrevista en la Cadena Ser. La ministra ha añadido que la obligatoriedad de “ponerse la mascarilla al entrar en un centro de salud y quitártela al salir es una cosa básica que creo que hemos aprendido durante la pandemia”.
García también ha emplazado a las Comunidades Autónomas del PP a “aclararse” y a “dejar de hacerse contrapropuestas entre ellos mismos”, en referencia a los diferentes criterios planteados por los distintos gobiernos autonómicos. La ministra ha defendido que recurrirán a la obligatoriedad de las mascarillas si no hay consenso “para que la población tenga confianza en que la protección de la salud no sea diferente entre las comunidades”.
Fuentes del departamento que dirige García especifican que esta medida se hará mediante una declaración de actuaciones coordinadas regulada por el artículo 65 de la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, y que “obliga a todas las partes” incluidas en ella.
Se trata de la misma fórmula empleada durante la pandemia de Covid-19 para limitar los horarios del sector de la hostelería, cerrar el ocio nocturno o la prohibición de fumar en la calle al terminar el estado de alarma. A partir de ese momento, las comunidades habían recuperado sus competencias en materia de Sanidad y el Ministerio recurrió a este mecanismo para unificar restricciones concretas.
La primera reunión, sin consenso
Este lunes se había celebrado el primer pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que ha finalizado sin acuerdo. Tampoco ha sido un trago agradable para la ministra de Sanidad. Varias comunidades autónomas han afeado a Mónica García la convocatoria de una reunión sin un encuentro previo de la ponencia de alertas o de la comisión de salud pública, donde se cocinan los documentos que llegan luego a los consejeros y las consejeras.
El ministerio trasladó este mismo lunes, al filo de la hora a la que estaban convocadas las consejerías de forma telemática, un documento con sus propuestas ante el incremento de infecciones respiratorias agudas que está tensionando, cuando no saturando, estos días los centros de salud y las urgencias hospitalarias. El foco se había puesto en el uso obligatorio de las mascarillas en los centros sanitarios, que Sanidad rebajó a “uso universal” para evitar los cambios jurídicos que supondría la obligatoriedad. “Hemos convocado una reunión para poder homogeneizar los criterios y dar cobertura jurídica para todas aquellas comunidades, como pueden ser Murcia, Valencia y Catalunya, de diferente signo político” que ya habían implantado la medida, ha dicho García.
Ante la falta de consenso, el ministerio ha dado a las comunidades autónomas dos días para que presenten una contrapropuesta, aunque el resultado de la reunión era previsible a tenor de las últimas declaraciones y anuncios de las diferentes consejerías. Catalunya, una de las más amables este lunes, ya había anunciado que impondría la obligatoriedad del cubrebocas en los centros de salud y hospitales. Algo similar ocurre en Murcia. En Valencia, la medida está en vigor desde el sábado. Castilla-La Mancha, que había confirmado esta misma mañana que apoyaría la propuesta de García, pide ahora que su uso sea recomendado.
Sin embargo, otras se habían opuesto a la medida. Y, como en el caso de los 'síes', en esta ocasión, y con una ministra sin gobiernos de su partido en el pleno, ha habido posturas de todo signo. Navarra (PSOE), Euskadi (PNV) o Balears (PP), entre otras, ya habían dicho que no impondrían su obligatoriedad y, de hecho, son quienes tienen competencias para hacerlo. Aunque la más crítica ha sido Madrid, que ha acusado a García de llegar tarde y saltarse el procedimiento, al no convocar previamente a la Comisión de Salud Pública.
La consejera Fátima Matute ha indicado tras el pleno que todas las comunidades, “excepto Catalunya, hemos estado de acuerdo en recomendar el uso de mascarillas de forma responsable”. “Desde luego, eso es lo que vamos a seguir aplicando con rigor científico y con la evidencia que nos dan los datos que tenemos en cada comunidad para proteger a nuestra población”, ha dicho. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a García de buscar “llamar la atención” con “ocurrencias”.
La ministra, por su parte, se ha mostrado sorprendida por “el tono despectivo” y ha asegurado que su departamento ha estado “vigilante”. “Tuvimos el último consejo interterritorial el 21 de diciembre y, desde entonces, hemos estado en comunicación. Cuando hemos visto determinadas tensiones en algunas comunidades, en algunos centros de salud, hemos convocado la reunión para poder homogeneizar los criterios”, ha dicho, en una entrevista en la televisión pública.
García ya había reconocido en varias ocasiones que su departamento no tiene competencias para imponer la obligación del uso de la mascarilla y que su intención era la de “mostrar su apoyo y coordinar a las diferentes comunidades autónomas para tomar medidas”. El objetivo, por el momento frustrado, era “unificar esa medida, que es una de las más eficaces”, había dicho.
La consejera de Salud del Gobierno Vasco, Gotzone Sagardui también ha sido crítica con las formas. En una nota de prensa, ha indicado que “no comparte, como gran parte del resto de las comunidades autónomas, ni la forma, ni parte del contenido” de la convocatoria y ha insistido, en relación a la prórroga de dos días, en que “cualquier propuesta” debería “venir avalada por la Ponencia de Alertas y la Comisión de Salud Pública”.
El documento presentado por Sanidad, al que ha tenido acceso elDiario.es, tiene algunas diferencias respecto a lo expresado por la ministra en diferentes entrevistas, concedidas desde el viernes a diferentes medios de comunicación. Además de la mencionada “universalidad”, la propuesta del ministerio limita ese uso a “centros sanitarios asistenciales”. En concreto, hospitales y atención primaria, lo que dejaría fuera a las farmacias, mientras recomienda su uso en centros asistenciales de personas vulnerables.
En este mismo documento, Sanidad recomienda utilizar la mascarilla en cualquier espacio ante la presencia de síntomas de infección respiratoria y fomentar las medidas higiénicas y asegurar una adecuada ventilación de espacios interiores, así como impulsar las campañas de vacunación contra gripe y SARS-CoV-2.
Además, desarrolla la propuesta que la ministra anunció esta misma mañana de recuperar las bajas automáticas de hasta tres días con una declaración responsable para descongestionar los centros de salud, que, según el documento presentado a las comunidades autónomas, es, “con frecuencia, el único motivo por el que una persona con un cuadro respiratorio de carácter leve necesita, de forma ineludible, acudir a un centro sanitario”. Así, Sanidad pide a las partes implicadas trabajar, dentro de su ámbito competencial, “simplificar los procedimientos de incapacidad temporal”, sin impactar “negativamente en ningún otro organismo gestor”.