¿Puede un cura callar cuando un pederasta le revela en confesión que ha abusado de menores? Según la Real Comisión Australiana, no. El organismo creado por el Gobierno de ese país para acabar con la lacra de los abusos sexuales a menores ha instado a una reforma de la legislación para poder incluir, entre otras medidas, la posibilidad de procesar a los sacerdotes que no denuncien los abusos conocidos durante la confesión.
La propuesta ha sido acogida por el Parlamento del territorio de la Capital Australiana, que ha aprobado una ley que conmina a los clérigos a denunciar a aquellos penitentes que confiesen detalles de abusos a menores, bajo pena de multa o prisión. La ley entrará en vigor el próximo 31 de marzo, y ya ha recibido el rotundo rechazo de la Iglesia de ese país, que ha anunciado que no cumplirá con la normativa.
Según el Código de Derecho Canónico, el secreto de confesión o 'sigilo sacramental' es inviolable, por lo que está terminantemente prohibido al confesor descubrir al penitente. La ley eclesiástica, además, exime al cura de responder en un juicio, aunque no de tratar de evitar la comisión de un delito escuchado en el confesionario... pero sin citar al atacante. 'Se dice el pecado, pero no el pecador', afirman fuentes eclesiásticas.
¿Podría la ruptura del secreto de confesión evitar más abusos a menores, asesinatos o graves crímenes, o supone un atentado contra la libertad religiosa? La duda ya la planteaba magistralmente Alfred Hitchcock en Yo confieso, con Montgomery Clift en el papel de un sacerdote que se debatía entre su deber como ciudadano y sus obligaciones como representante de dios en la Tierra.
El debate está servido. El ejemplo de Australia, afirma el profesor de Derecho Canónico de Comillas Teodoro Bahíllo, “pondría a los sacerdotes en una situación compleja, pues habrían de elegir entre el perjurio (mentir ante un juez) o la excomunión”, que es la pena para todo clérigo que rompa el secreto de confesión.
Para Bahíllo, la decisión de Australia “supondría un choque de trenes entre un Estado y la Iglesia, reconocida como religión legítima”. En su opinión, obligar a un sacerdote a romper el secreto de confesión “conculca la libertad de culto y, además, afecta a un sacramento”.
¿Es comparable el secreto de confesión al secreto profesional de un médico o a la protección de las fuentes por parte de un periodista? Para el experto hay similitudes, pero “el secreto de confesión es más fuerte, pues afecta a la relación entre un creyente y Dios”. Según la doctrina católica, el sacerdote es una especie de 'intermediario' entre la persona que se confiesa y la divinidad en la que cree, que es quien perdona a través de la figura del cura. Es más: canónicamente hablando, el sacerdote tiene la obligación de 'olvidar' inmediatamente cualquier dato aportado en el confesionario. Algo que resulta difícil de creer.
A diferencia de lo que podría ocurrir en Australia, en otros países, como Estados Unidos (donde hubo una época en la que se planteó este cambio), Italia, Francia o España disponen de normas que dispensan al sacerdote de declarar sobre lo que escuchó en confesión. Además, tanto la legislación española como el nuevo Reglamento General de Protección de Datos mantienen el derecho ministerial al secreto de confesión, igual que sucede con el secreto profesional de los médicos.
Cosa bien distinta sería la llamada 'revelación indirecta'. Esto es: cuando un sacerdote puede evitar, con su actuación, que se cometa un crimen que alguien le ha anunciado en confesión. En este sentido, es conocida la respuesta que dio el jesuita Pedro Cotton a Enrique IV cuando era su confesor, ante la pregunta del monarca: “¿Revelaríais la confesión que os hiciera el hombre que estuviera resuelto a matarme?”. Cotton le respondió: “No; pero me interpondría entre vos y él para impedirlo”. “Lo importante, en este caso, es no identificar el delito con la persona o, en su defecto, que la persona autorice al confesor para que lo diga, porque no se atreve u otras razones”, señala Bahíllo.