El bulo de las sedaciones terminales de Leganés que marcó la vida del doctor Luis Montes
Todo el caso Leganés sobre supuestas sedaciones terminales irregulares estalló en marzo de 2005 por una denuncia anónima: el soplo hablaba de 400 casos, una auténtica factoría de muertes paliativas sin consentimiento a cargo del doctor Luis Montes y su equipo en Urgencias del Severo Ochoa. Le dio pábulo la Consejería de Sanidad de Madrid, al cargo de Manuel Lamela, colocado ahí por Esperanza Aguirre.
Al caso le fue echando gasolina el entonces tertuliano de la mañana de la cadena Cope, Federico Jiménez Losantos: “No se trataba de aplicar morfina a enfermos terminales con horribles sufrimientos, sino que llegaba un señor con una insuficiencia respiratoria, con una apoplejía que tenía una esperanza de vida, a lo mejor de cinco años, y se la piolaban, ….. sin permiso suyo, por supuesto, ni de su familia”. Llamaba a este grupo de médicos “Sendero luminoso”.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid inició una investigación. Concluyó que la tasa de muertes en las urgencias de este centro triplicaba lo normal. La comisión que designó para indagar no tuvo en cuenta las advertencias de la falta de medios en la planta. Dos años más tarde, los fiscales redactaron un duro reproche contra esta comisión y la actuación de la Consejería de Sanidad por conducirse de manera “parcial” en el asunto.
Por lo pronto, Lamela destituyó a Montes y a otros encargados del área de Urgencias. Sanidad sostenía que había sedaciones no indicadas y sin consentimiento de la familia. Que Luis Montes y su equipo se tomaban la justicia por su mano. El consejero Lamela, en abril de 2005, aseguraba públicamente que “efectivamente no hay consentimientos en más de 50 expedientes, ni consentimientos informados. Eso unido a que haya un goteo de sedaciones irregulares, incorrectas o excesivas que hay que investigar”. El tertuliano Losanto definía: “Era el mismo grupo de médicos, es el mismo grupo el que sedaba sistemáticamente, flan, y adiós”.
Una bomba imparable
Al final, la Comunidad de Madrid remitió 73 casos y 15 médicos a la Fiscalía. Montes y sus colaboradores tenían fama de ser progres. De ideología de izquierdas. Nada proclives al plan de liberalización y privatización sanitaria en el que iba a embarcarse la Comunidad de Madrid de la mano de Lamela y Esperanza Aguirre.
Finalmente, el fiscal dejó el expediente en 15 casos referidos a 11 especialistas. Era junio de 2005 y la bomba que había caído en el hospital de Leganés ya había generado una onda expansiva imparable.
Tras las destituciones y las declaraciones en sede judicial, varios de los médicos implicados huyeron de Leganés. Les era imposible seguir ejerciendo en ese hospital. El número dos de Montes, Miguel López Varas, se trasladó a Toledo. Otros tres compañeros también se marcharon a esa provincia.
Allí, contó más tarde, López Varas, el Partido Popular de Toledo emitió un comunicado de “preocupación” porque “cuatro médicos supuestamente implicados en las sedaciones irregulares monopolicen” la atención de urgencias. “Me di cuenta de que iban a por nosotros”, declaró.
No hubo delito
En junio 2007, un juzgado de Leganés sobreseyó el caso. No había pruebas que ligaran las muertes con las sedaciones. El escrito sí recogía que este archivo no descartaba que hubiera habido “mala praxis médica”, pero no había pruebas de delito. Luis Montes descorchó con champán en Leganés las felicitaciones de muchos de sus compañeros y algunos pacientes. También advirtió que iba a recurrir. Que no quería que quedara sombra sobre la forma de actuar que tuvieron él y su equipo.
Casi tres años después del anónimo, en enero de 2008, la Audiencia Provincial de Madrid ratificó el archivo de la causa y, además, mandó eliminar cualquier referencia a la mala práctica de los doctores. Fue el sello definitivo para calificar el caso como El bulo de las sedaciones de Leganés. Una de las firmantes de la sentencia fue la magistrada Manuela Carmena Castrillo.
Cuando llegó esta decisión, Manuel Lamela ya hacía seis meses que no era consejero de Sanidad. Había sido trasladado a la Consejería de Transportes donde permanecería hasta has junio de 2008. Su jefa durante todo el escándalo y su resaca, la presidenta Esperanza Aguirre, continuó como jefa del Gobierno regional hasta septiembre de 2012. La magistrada Manuela Carmena es la actual alcaldesa de Madrid.
