CCOO y UGT han solicitado una “reunión de carácter urgente” con el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, para pedirle un incremento de la financiación para el sector de la dependencia “condicionado a mejorar las condiciones de las trabajadoras”. Son 250.000 empleos en toda España, el 90% ocupados por mujeres. El compromiso que le piden a Iglesias es que en los dos primeros años de la legislatura haya un incremento de 4.000 millones de euros para el Sistema de Atención a la Dependencia, que estarían supeditados a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Hasta esta legislatura, las competencias en dependencia, centralizadas en el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) ;pendían del Ministerio de Sanidad, pero ahora pasan a la vicepresidencia de Iglesias. Ahora mismo, a pesar de que la Ley de Dependencia obliga a que el Estado y las Comunidades aporten cada una un 50% al SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia), las Comunidades están asumiendo el 83%, por lo que el Gobierno “está incumpliendo la Ley”. El salario mínimo de las trabajadoras de la dependencia está por debajo de los 1.000 euros mensuales, y está subordinado en gran medida de la financiación de la administración al ser los centros “servicios públicos prestados por empresas privadas a través de licitaciones”.
Los sindicatos le trasladarán a Iglesias que “aunque somos conscientes de que, tras tantos años de gobiernos del Partido Popular, en un ciclo político será imposible llegar al 50%”, sí le ponen como objetivo que el Estado llegue a cubrir el 40%, para lo cual calculan que harían falta esos 4.000 millones. Los anteriores PGE que pactaron PSOE y Unidas Podemos y que no salieron adelante contemplaban una subida para el SAAD de 500 millones. “500 millones abarcarían la reducción de las listas de espera, que no es poco, lo que se ha tomado como prioridad. Pero pedimos que la financiación también sea suficiente para dar condiciones dignas a las trabajadoras”, ha explicado Antonio Cabrera, secretario general de Sanidad de CCOO, en rueda de prensa.
El escrito para solicitar la reunión lo registraron el viernes 31 de enero, y todavía no se ha puesto fecha para que se celebre. En el encuentro, al vicepresidente también le demandarán que el Gobierno elabore una Ley que regule y amplíe a nivel estatal las ratios de residencias, es decir, que amplíe el número de trabajadoras y tenga en cuenta el grado de dependencia de los usuarios. De esa manera las ratios “no solo las decidirán las comunidades”, como ocurre actualmente, explica Vicente Sánchez, secretario general de Construcción y Servicios de CCOO.
Esa Ley de residencias tendrá que incluir la creación un registro de trabajadoras para evitar que se incumplan las ratios, y contando el número de gerocultoras en los centros: “No vale de nada contar el número global de trabajadores –también cocineros o jardineros–, sino a las personas que van a lavar y dar de comer a los usuarios”, sigue Sánchez. Por el mismo motivo, piden que también se regule la cifra de personal de enfermería. “Es básico que cubran las 24 horas. No se pueden tener turnos de noches sin una sola enfermera, como está sucediendo”, decía Cabrera. La falta de estas enfermeras provoca que algunas gerocultoras tengan que administrar medicación, lo cual puede suponer incluso “responsabilidades penales”
Movilizaciones contra la patronal
La segunda vertiente del anuncio de los sindicatos son las movilizaciones que convocan para marzo y que tendrán lugar a las puertas de los grupos empresariales “que se niegan a reconocer las pésimas condiciones de trabajo”. La firma del VIII Convenio que se está negociando está paralizada desde noviembre y “la patronal ha demostrado falta de seriedad y de voluntad al no sentarse a dialogar para el acuerdo”, declaraba Gracia Álvarez, secretaria de Salud, Servicios y Dependencia de UGT. La última propuesta para la mesa de negociación de los sindicatos fue una subida del 10% de los salarios de la que no han obtenido “ni siquiera una contra propuesta. Está totalmente estancado”. Sobre los salarios medios por debajo de los 1.000 euros, ha lamentado que el sector “ha creado mucho trabajo, pero muy precario”.
“Es un trabajo que antes se quedaba en la esfera privada y al pasar a la esfera pública no lo ha hecho en condiciones de dignidad”, resumía Álvarez. CCOO y UGT denuncian que las cuidadoras sufren trastornos músculo-esqueléticos por la manipulación de personas con movilidad reducida genera trastornos músculo-esqueléticos a las cuidadoras, mucha presión asistencial por el alto número de pacientes a los que tiene que atender cada una, y que realizan constantes desplazamientos entre domicilios o centros de trabajo. El nuevo convenio tendrá que tener en cuenta por tanto, además de los salarios, los riesgos asociados. Los sindicatos buscan también frenar “los intereses de la patronal en que se conviertan en autónomas, con trabajadoras que ya se están costeando ellas mismas los transportes”.