Cuando el sistema falla ante el acoso: “Pidió ayuda y no se llegó a tiempo”

El suicidio de una joven de 20 años el pasado 28 de diciembre ha vuelto a visibilizar el problema del acoso a través de internet, ha puesto de manifiesto las fisuras del sistema de protección a las víctimas y ha colocado de nuevo la LGTBIfobia en el punto de mira. La chica, que estudiaba FP y vivía en el municipio jiennense de Navas de San Juan, había interpuesto una denuncia ante la Guardia Civil seis meses antes y había acudido en otras tres ocasiones a pedir ayuda. La última, siete días antes de quitarse la vida por no poder soportar más el sufrimiento que le ocasionaba la situación que estaba sufriendo.

En una nota difundida el 31 de diciembre por el presidente del Consejo Consultivo de la Fundación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) en Jaén, Luis Francisco Sánchez, que ha actuado estos días como portavoz de la familia, se explicaba que N.L.F.P. había sido víctima de acoso y de una suplantación de identidad en redes sociales y páginas web “con la finalidad de ridiculizarla y humillarla únicamente por amar, pensar y sentir de otra manera diferente a la que la sociedad nos viene inculcando desde antaño”. Además, se habían repartido por las calles de la localidad en la que vivía, de cerca de 4.500 habitantes, carteles difamatorios.

“Ella pidió ayuda y llamó a las puertas que tenía que llamar durante todos estos meses”, lamenta Sánchez, en conversación con elDiario.es. Se refiere a la denuncia que la joven interpuso en junio ante la Guardia Civil, donde acudió desde entonces en otras tres ocasiones. “Se siguió el camino que marca la ley y no se llegó a tiempo”, insiste. Según la Memoria de la Fiscalía General del Estado 2020, los últimos datos disponibles, aquel año se iniciaron 1.247 procedimientos judiciales por amenazas o coacciones a través de las tecnologías de la información y la comunicación; 463 por acoso y 79 por trato degradante en ese ámbito.

La responsable de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Málaga, Charo Alises, explica que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil están dotados de cuerpos especializados dedicados a los delitos informáticos, con capacidad para rastrear y averiguar de dónde proceden este tipo de mensajes. En estos casos, existen generalmente dos problemas. El primero es, “no tanto encontrar el origen del mensaje, sino que la persona que lo ha hecho esté en España”, explica la abogada. El otro, es que al tratarse un trabajo “laborioso”, los tiempos se alargan.

Procesos de hasta dos años y medio

El director del despacho Olympe Abogados, Isaac Guijarro, señala que el procedimiento habitual al poner una denuncia es que esta se turne al juzgado correspondiente y, en virtud de la urgencia, se empiecen a tomar diligencias de investigación. La Policía o la Guardia Civil también puede comenzar a investigar, pero señala que no es lo habitual. “Esto se enquista”, indica. En este sentido, lamenta que “en la justicia no se pone un duro y, al final, los expedientes se mueren de asco encima de la mesa”. Por eso, Guijarro afirma que seis meses –el tiempo que pasó desde que la joven interpuso la denuncia hasta que se suicidó– para investigar uno de estos delitos “no es nada de tiempo”. “Estos procesos pueden alargarse hasta dos años y medio perfectamente”.

El profesor de Psicología Social de la Universidad Complutense de Madrid, Guillermo Fouce, señala que los casos de ciberacoso son “una fina lluvia que va erosionando y generando un efecto cada vez mayor; se va haciendo una bola que termina pasándonos por encima, sobre todo cuando nos encontramos indefensos y no podemos hacer nada o podemos hacer muy poco”.

En su opinión, la falta o el desconocimiento de protocolos ajustados y la tardanza o la dificultad para ubicar el origen de la agresión genera un “nivel de desesperación muy importante”. Principalmente, porque en internet los mensajes que se difunden tienen vida propia y la suplantación de identidad sigue funcionando tras la denuncia.

“Habría que acompañar a la víctima desde el punto de vista emocional, no solo punitivo”, indica Fouce. Una idea en la que coincide el presidente de la Asociación de Investigación, Prevención e Intervención del Suicidio (Aipis) y psicólogo especialista en psicología clínica, Javier Jiménez, que insiste en la necesidad de contar con “apoyo profesional en cuanto empieza a haber acoso”, con psicólogos especializados en estos temas. La portavoz de Fundación Triángulo, Silvia Toscano, que atiende a víctimas de violencia por LGTBIfobia, explica que estas situaciones de acoso suponen una merma en el autoestima y la seguridad en si misma de la persona. “Cuando llegan situaciones donde la salud mental de la inmensa mayoría de la sociedad se ve dañada, como hemos visto con la pandemia, si le añades otros factores, puede explotar”, advierte.

En la ley del Estatuto de la víctima del delito, ya se establecía la creación de Oficinas de Asistencia a las Víctimas, entre cuyas funciones se encontraba la de prestar apoyo emocional o asistencia psicológica. Unos servicios de apoyo que no están condicionados a la presentación previa de una denuncia. Es decir, una persona que haya sido víctima de un delito no necesitará denunciarlo para recibir ayuda.

Estas oficinas ya estaban en vigor en algunas comunidades, como en Andalucía, antes de la entrada en vigor de la ley, pero desde entonces “tienen un carácter más obligatorio, porque muchas veces la gente está desamparada cuando le ocurre algo”, explica Alises. “Si no conoces tus derechos, no los puedes ejercitar, por lo que es importante tener información cuando te pasa algo así”, señala la abogada. Por ejemplo, algunas víctimas de lgtbifobia optan por no interponer una denuncia porque no quieren hacerse visibles en las zonas donde viven, sin saber que pueden acudir a cualquier comisaría de otra ciudad a hacerlo.

“Un fracaso de toda la sociedad”

Para la portavoz de Fundación Triángulo, Silvia Tostado, es “imperdonable” que una persona que pide ayuda termine suicidándose. “El sistema policial, judicial y de protección tiene que tomar cuenta de ello y poner los resortes oportunos para que esto no vuelva a suceder”, exige mientras reconoce que “es un fracaso de toda la sociedad”. “Ocurre como con los delitos por violencia de género –el 25% de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en 2021 habían denunciado–, aún falta mucho por hacer y sensibilizar”, compara Tostado.

Sánchez señala, en conversación con elDiario.es, que la familia no sabe aún “hasta qué punto ha tenido relevancia” la orientación sexual de la joven, pero afirma que “si en algún momento la investigación determina que ha tenido algo que ver, habrá que reivindicar un 'basta ya'”. “Por desgracia, la LGTBIfobia mata y sigue matando”, denuncia. En el último año, por su delegación han pasado cerca de un centenar de personas, de las que unas 65 lo hicieron tras haber sido víctimas de discriminación por esta causa. “Es un grandísimo problema y sucede cada día en colegios, institutos, en el trabajo, en las redes sociales...”, añade.

En el caso de la joven de Jaén, si la investigación determina quién o quiénes han sido los artífices del acoso, estos podrían enfrentarse a una imputación por incitación al suicidio. “Las redes sociales tienen un mayor impacto y poder expansivo que la vida real y las personas tienen una falsa sensación de impunidad, que da el supuesto anonimato de la red, y se siente más segura para decir barbaridades, porque creen que no les va a pasar nada”, pero “el ciberacoso puede llevar a que una persona se suicide y eso es un delito de inducción al suicidio, independientemente del motivo del acoso”, explica Alises, que da formación en colegios sobre acoso escolar y siempre advierte a los menores sobre esta circunstancia. Según una encuesta realizada por Save The Children a 400 jóvenes de toda España, más de tres cuartas partes había sufrido violencia online durante su infancia.

Incremento de las agresiones por LGTBIfobia

Toscano también ha detectado “un incremento importante de las agresiones por LGTBIfobia”. Ella se dedica a la atención a personas del colectivo y señala que en el 80% de los casos, las víctimas sufren situaciones de acoso tanto en el entorno digital como en el físico. Precisamente, esa esfera digital tan presente en la vida diaria, sobre todo de los adolescentes y los adultos jóvenes, ha hecho que las violencias se trasladen también a ese entorno. Según el último informe sobre la evolución de delitos de odio en España del ministerio del Interior, en 2019 se registraron 1.706 casos, 278 de ellos por orientación sexual e identidad de género. En 2020, el año del confinamiento y las restricciones más severas, fueron 1.401 y 277 respectivamente. “Si las agresiones se produjeran solo en el espacio físico, habría habido un descenso mayor”, razona Tostado.

Las agresiones y situaciones de acoso que se denuncian son para las fuentes consultadas la punta del iceberg de la violencia contra el colectivo LGBTI en España. Según los cálculos de Fundación Triángulo, a partir de los datos de la Fiscalía y las personas a las que atienden, solo denuncia alrededor del 18%. “En el resto de casos se producen denuncias ante las asociaciones, pero no ante la policía y es imprescindible que esto cambie, porque sino no tenemos herramientas para exigir que se pongan en marcha medidas o programas específicos de atención a víctimas”, reclama.

Las causas por las que se infradenuncian estos delitos, acosos o agresiones son multifactoriales. “En muchos casos existe desconfianza en el sistema formal de denuncia. Además, interponer una denuncia implica una salida del armario de forma pública, cuando hay personas que por su realidad social, familiar o laboral no lo viven de forma abierta. Y luego, de algún modo, denunciar supone una revictimización, al poner encima de la mesa que una parte de ti es susceptible de ser odiada, que es algo que no es sencillo de manejar”, explica Tostado. 

El Ayuntamiento de Navas de San Juan ha convocado este viernes una concentración de apoyo a la familia de la joven y desde la plataforma Geen LGTBIQ de Jaén piden a la población que “tome conciencia porque la diversidad nos hace humanos” y “todas tenemos una responsabilidad en este tipo de desenlaces”. La familia de la chica reclama, en palabras de Sánchez, que “más allá de la necesidad de medios técnicos, que son necesarios, y de la saturación de los equipos de investigación telemática, lo importante es que la sociedad tome conciencia de que las redes sociales mal utilizadas son un instrumento de tortura que, a veces, hacen muchísimo daño”.