“Vamos a abrigarnos”. El mensaje de la rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, es cristalino: se viene un invierno duro en los campus españoles. La subida del precio de la energía tiene a los rectorados asfixiados y augura un panorama de abrigos y bufandas en las aulas universitarias los próximos meses, como ya sucedió el año pasado. Los centros ya están enviando circulares a sus departamentos ordenando un uso moderado de la calefacción o, directamente, que no la usen porque no pueden pagar.
“Ha habido un incremento bestial de los precios de la electricidad y el gas”, explica una fuente del rectorado de la Universidad Complutense de Madrid. Este centro, el más grande de España, prevé que se triplique el gasto en energía: de 12 millones en 2022 calculan que pasarán a 30 el año que viene. “¿De dónde sacamos esos 20 millones?”, pregunta retóricamente este mandatario mientras explica que las cuentas de la Universidad no dan de sí. “Tenemos un problema muy serio con los presupuestos de 2023”.
La situación se repite de norte a sur. La Universitat Politécnica de València (UPV) fue de las primeras en anunciar que limitará las horas de uso de calefacción y aire acondicionado para ahorrar cinco mil euros al día. En tres años este centro ha casi triplicado su factura energética, pasando de 6 millones de euros en 2019 a 16 millones. Un cálculo similar realiza el gerente de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), Luis Mediero, que prevé que se multiplique “por dos o tres” el gasto.
La Universidad de León se maneja en unos parámetros de aumento parecidos y la de Alicante prevé un aumento del 45% pese a que se hará un uso “muy limitado” de la refrigeración y se ha conseguido reducir el consumo un 18%. En el País Vasco la UPV/EHU va a recortar el menos en dos horas el uso diario de la calefacción, la Politécnica de Cartagena también admite que es posible que no se pueda encender a diario y en Vigo solo se recurrirá a ella los días que la previsión meteorológica apunte a máximas por debajo de 18º y mínimas inferiores a 12º.
La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) calcula que el incremento de gasto medio puede alcanzar un 60%, según fuentes de la organización, aunque la mayoría de centros refieren subidas por encima del 100%.
Mejorar la eficiencia energética
La situación está sirviendo al menos a las universidades para hacer de la necesidad virtud y avanzar en la eficiencia energética de sus campus y en el fomento del autoconsumo de energías renovables. La UA acaba de iniciar la construcción de una planta fotovoltaica para impulsar el autoconsumo y planean instalar otra; la Complutense ha “reforzado la central térmica”, la Universidad de Alcalá también está apostando por las placas fotovoltaicas allá donde puede instalarlas (tienen muchos edificios protegidos) y por mejorar los aislamientos y las cubiertas en una universidad antigua con un sistema de calefacción que no permite sectorizar el uso, encender aquí sí y allá no. Además, van a invertir en aerotermia para no depender tanto de las calderas de gas.
El problema es quién paga todo esto. Las universidades tienen los presupuestos muy ajustados y, como explicaban desde la Complutense, les resulta muy complicado sacar fondos extra para afrontar los gastos. “No podemos modificar los precios públicos ni obtener otros ingresos”, ilustran fuentes del rectorado. Mediero, de la UAH, augura que va a haber centros que entren en déficit este año por culpa de la electricidad y el gas.
La solución, cuentan los responsables universitarios, pasa porque los Gobiernos autonómicos, principales financiadores de las universidades, aporten fondos extra para esta cuestión. En Madrid se está negociando, explica Mediero. En Andalucía, las universidades también se lo han pedido a la Junta, de momento sin respuesta.
Porque, lamenta el gerente de la UAH, las subvenciones no están ni de momento se esperan. “Cualquier particular puede recurrir a ayudas de los fondos europeos [para realizar reformas energéticas], pero para nosotros apenas hay nada”, explica.
En estas circunstancias, los centros se buscan la vida para abaratar costes como pueden. Es el caso de algunas universidades madrileñas, que negocian los precios de la energía junto al consorcio catalán de universidades para obtener mejores precios. Ya estos últimos ejercicios han logrado un descuento por esta vía, explican desde la UCM. “Nos han permitido salvar el año porque en Madrid no tenemos nada parecido”, explica el portavoz del rectorado, al nivel de que han estado pagando el kilovatio hora a unos 50 euros cuando en otros centros de la región, como la Autónoma (UAM), rondaban los 200, cuatro veces más. Este periódico ha tratado de contactar con la UAM, pero no ha obtenido respuesta por el momento.
El problema para las universidades que están en este consorcio es que justo este año acaba el acuerdo actualmente vigente y toca negociar uno nuevo, que será inevitablemente al alza en una proporción aún por determinar pero que la Autónoma de Barcelona calcula puede multiplicarse hasta por cuatro.
La situación amenaza además con extenderse por los campus y poner en peligro quizá no los servicios universitarios –todas las fuentes consultadas han rechazado que se vayan a cerrar bibliotecas u otros centros universitarios– pero sí otros elementos de la vida en los campus, explican desde la UCM. “Con las cuentas justas para pagar las nóminas no puedes dedicarte a otras cuestiones, como por ejemplo la investigación o construir un centro de idiomas”, ilustra.
De fondo sobrevuelan dos elementos que pueden ayudar a las universidades a justificar su política de no calefacción: el decreto del Gobierno para el ahorro energético, que limita la temperatura en interiores a 19 grados en invierno y 27 en verano, y el protocolo Covid, que aunque nadie se acuerde sigue ahí e insta a ventilar las aulas con la mayor asiduidad posible.